Otro parche impositivo

Como les suele suceder a esos equipos que todavía están adaptándose a jugar en las grandes ligas, el gobierno de Mauricio Macri encajó dos de sus peores derrotas en los minutos de descuento de su primer año de mandato.

La mayoría los analistas políticos aún se pregunta por qué el gobierno recurrió a un llamado a sesiones extraordinarias sin haber cerrado antes las negociaciones para obtener las mayorías necesarias con sus dos proyectos principales: el de reforma política y el de modificación del impuesto a las Ganancias, sufriendo reveses que le traerán aparejados importantes costos políticos.

En el caso de Ganancias, el oficialismo confía aún en un nebuloso compromiso de los gobernadores en el Senado para evitar el veto al proyecto aprobado con apoyo de casi toda la oposición en Diputados, que seguramente será antipático. Según las encuestas, casi un 70% de la población está de acuerdo en la necesidad de modificar los mínimos no imponibles. Y los senadores ya dieron muestras de que no son manejados “a control remoto” desde sus provincias.

El debate sobre Ganancias revela el retraso y la distorsión que atraviesa el diseño impositivo de la Argentina. Un sistema enmarañado plagado de excepciones y con yuxtaposición de jurisdicciones federales, provinciales y hasta municipales en su cobro y reparto, que hace muy difícil calcular con exactitud el impacto de cada modificación. Para muestra, valen las cifras entregadas por el gobierno y la oposición. Según Cambiemos, el proyecto propio que naufragó en Diputados tenía un costo fiscal cercano a los $ 27.000 millones previsto en el presupuesto 2017, repartido entre Nación y las provincias, ya que es coparticipable. El oficialismo argumenta que el texto avalado por la oposición eleva el impacto sobre las arcas públicas hasta los $ 80.000, del que un 64% será a cargo de los estados provinciales. Por su parte, la oposición estima que con la suba de otros tributos al juego, a la minería y al sector financiero se compensaría esta cifra y hasta habría unos $ 30.000 millones de ingresos extra.

El impuesto a las Ganancias es, en teoría, un impuesto de los denominados “progresivos”, ya que está pensado para gravar los beneficios tanto de las empresas como de las personas físicas a partir de determinados montos mínimos de dinero ganados cada mes, aumentando su incidencia cuanto mayor es el ingreso. Sin embargo en nuestro país, gracias a los procesos inflacionarios y a un complejísimo sistema de bases imponibles, deducciones, diferentes alícuotas y hechos gravados, a menudo la parte más importante de la carga recae en los sectores de ingresos medios y medios altos antes que en las empresas. Como explicaba en esta semana un tributarista, actualmente un chofer de camión (entre los trabajadores mejor pagos del mercado laboral) que paga Ganancias termina abonando proporcionalmente más que los ejecutivos de su empresa o los dueños del camión, que gozan de un régimen de reducción de aportes jubilatorios a los sueldos altos y otras exenciones.

Sin embargo, el tema de fondo es que se sigue discutiendo sobre un impuesto que grava a menos del 20% mejor remunerado de la población y representa apenas 1 de cada cinco pesos de la recaudación estatal (19,7%), mientras los más pobres siguen soportando el grueso del esfuerzo impositivo con elevados tributos al trabajo y al consumo (46%). Para poner algunos ejemplos, en Dinamarca el 65% de los recursos provienen de Ganancias, en Canadá llega al 48% y Chile recauda hasta un 33% a través de este impuesto.

Por eso, más allá de que el resultado de lo que se debate en el Congreso sin dudas afectará a la ya delicada situación fiscal del país, la verdadera discusión que debiera dar un “gobierno de minoría” -que sólo controla a pleno el Ejecutivo- y las distintas facciones de la oposición -que tienen la llave del Congreso- debiera dejar de lado los parches y enfocarse en una reforma integral del sistema tributario para simplificarlo, desburocratizarlo y aliviar la carga de los impuestos verdaderamente distorsivos, que terminan castigando al sector más vulnerable de la población.