Veinte días sin Maldonado

Ya se cumplen 20 días desde la desaparición del joven Santiago Maldonado, en el contexto del desalojo de una protesta en el paraje chubutense de Leleque, y la falta de novedades sobre su paradero sigue planteando inquietantes dudas sobre nuestro sistema judicial y el accionar de las fuerzas de seguridad.

Maldonado, quien residía en El Bolsón, estaba en la comunidad mapuche del paraje, cuando el 1 de agosto se produjo un operativo de Gendarmería tras el desalojo de una protesta que había cortado la Ruta 40, por un conflicto de tierras y la situación del activista Facundo Jones Huala, en ese momento detenido en el marco de un proceso de extradición a Chile.

El caso ha generado una ola de cuestionamientos tanto a la Justicia como al gobierno nacional por la demora en realizar actuaciones claves para esclarecer el hecho. Desde el primer momento se apuntó al rol de Gendarmería, sin embargo se perdió tiempo valiosísimo siguiendo pistas y versiones alternativas, pobres de evidencias y varias de ellas disparatadas.

A esta altura ya es evidente que Maldonado no está en el norte del país y la investigación de Migraciones e Interpol ha descartado que saliera de la Argentina, como también se insinuó. Salvo que hubiera sufrido un shock o un trastorno mental grave, ya debiera haberse enterado de la búsqueda nacional de su persona o haber contactado a su familia. Otra de las hipótesis, un ocultamiento con intencionalidad política, tampoco tiene una mínima base de evidencia tras varios allanamientos tanto a la comunidad mapuche como en los sitios donde residía. Los rastrillajes también descartaron que se hubiera ahogado en un río cercano al lugar de la manifestación, que no tiene caudal suficiente que impida encontrarlo, según informó Prefectura.

Por el contrario, desde el inicio del caso al menos tres testigos declararon haber visto cómo efectivos golpeaban al artesano, lo subían a un Unimog y luego a una camioneta que se dirigió al sur. A pesar de esto, el juez federal Guido Otranto demoró diez días en allanar los escuadrones de Esquel y El Bolsón en busca de rastros del joven desaparecido. Hasta la fecha no trascendieron resultados de esos operativos y recién este viernes se completó el último en el tercer escuadrón de Gendarmería en la zona, el 37. Ninguno de los vehículos que participaron del operativo en Leleque fue secuestrado o peritado hasta varios días después de los hechos, aunque con buen criterio se separó desde el inicio a esa fuerza de seguridad de las investigaciones del caso.

El gobierno ha mantenido una actitud ambivalente ante el hecho. Aunque mostró preocupación y ofreció medios para la búsqueda, siguió las hipótesis alternativas y hasta el día de hoy insiste en que no está probado que el joven estuviera en el lugar de los hechos, quizás respondiendo a su disputa política con el kirchnerismo y la izquierda, exacerbada por los tiempos electorales. También puede haber influido su rechazo a las actividades del radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que a menudo ha usado la violencia y el corte de ruta como método de protesta.

Aunque sea cierto que varios dirigentes opositores pudieran usar políticamente el caso, la desaparición de una persona en una acción de una fuerza estatal que depende del gobierno federal es algo gravísimo, independientemente del repudio que merezca cualquier hecho de violencia anterior. No sería la primera vez que para remediar un disturbio las fuerzas de seguridad actúen de forma poco profesional y recurran a la brutalidad, armas letales y apremios ilegales en su accionar, para después intentar borrar sus efectos. Por eso, los lentos avances de la pesquisa alimentan las sospechas de connivencia y la preocupación, inclusive internacional.

En este marco, el gobierno debiera redoblar esfuerzos para cooperar con la Justicia y profundizar las investigaciones internas que permitan hallar a este joven de 28 años. También proteger a los testigos del caso y garantizar la seguridad y el diálogo con las comunidades mapuches afectadas. De otro modo este caso sin resolver podría convertirse en otro factor que alimente la radicalización del conflicto ya existente.


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