Aseguran que los intimidan para no denunciar una estafa

ROCA (AR).- “Si van a la Justicia no van a tener una casa nunca”. No fueron pocos los inscriptos en el plan de viviendas del Sindicato de los Trabajadores Viales que habrían escuchado esta frase en las oficinas que la cooperativa House Vial Limitada -a cargo de la construcción de las 167 Viviendas- ocupa en pleno centro de Roca. Las amenazas habrían surgido de los propios empleados y del titular de esta entidad, Carlos Iturburu, quien junto al actual secretario general del Sindicato de los Trabajadores Viales, Carlos Sansuerro, y Gustavo Otero (IPPV) se encuentran imputados en la causa por presunto fraude que investiga la fiscal Elsa Alasino. Es más, en algunos casos, los inscriptos aseguraron que previo a realizar cualquier trámite administrativo, se les exige firmar un acuerdo por el cual se comprometen “a no acudir” a la justicia. La situación con respecto al polémico plan habitacional de 167 Viviendas que se construye sobre calle Bermejo, en la zona oeste de Roca, va de mal en peor. En las últimas horas fuentes judiciales confirmaron a “Río Negro” que efectivamente se habría detectado “sobreventa” de lotes del plan habitacional que se comercializa desde hace casi seis años. “Se logró un importante número de testimonios y prueba documentales que avala esa hipótesis. En al menos 50 oportunidades se determinó que los lotes habían sido vendidos a distintas personas”, dijo una fuente judicial que agregó que ahora se está intentando sumar más damnificados para tratar de establecer la magnitud del supuesto delito. En la investigación tomó intervención el juez Juan Torres, quien también solicitó ampliar la instrucción de la causa. “El tema es que ahora uno va a House Vial y te preguntan si fuiste a declarar a la Justicia. Si la respuesta es afirmativa te aseguran que nunca vas a tener la casa”, dijo una de las inscriptas consultadas. “Río Negro” pudo constatar que al menos otras dos personas afirmaron haber recibido la misma “recomendación”. Es más, como los abogados del Sindicato de los Viales y de House Vial accedieron a la causa, ya contarían con el detalle de las personas que pasaron por las oficinas de la fiscal Alasino para explicar el trámite que habían llevado adelante desde que en el año 2005 abonaron los 8.000 pesos para acceder a un lote y tener finalmente la “casa soñada”. La misma fuente judicial informó que ya estaban al tanto de este comentario y pidieron a los inscriptos que hagan la correspondiente denuncia, ya que esto configuraría otro delito.