Bardeggia niega el perjuicio provincial

El diputado nacional del FpV, Luis Bardeggia –que finaliza hoy su mandato– será investigado por la Justicia rionegrina por la cesión de lotes al municipio de General Roca, según adelantó recientemente el fiscal Juan Pedro Peralta.

El parlamentario –que autorizó esa transferencia cuando conducía el IPPV– entendió que la “denuncia fue hecha con malicia” y no existió ningún perjuicio contra el Estado provincial.

La denuncia fue formalizada en el 2012 por el ex legislador radical Alejandro Betelú. Con el nuevo Código Procesal, la fiscalía formalizó recientemente cargos a Bardeggia por abusar de “sus funciones en forma dolosa e infiel” al permutar dos lotes con el intendente de Roca, Martín Soria. Entendió que la operatoria perjudicó a la provincia porque las parcelas del IPPV eran de mayores dimensiones y valores que las recibidas a cambio, imputándole el “delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El expediente ahora será investigado aunque la Fiscalía tendrá su tiempo para ello, pues fue incorporado en los asuntos complejos. Mientras tanto, Bardeggia recordó que “no es un dato menor” que “existía la urgencia expresada” por Educación para “la construcción de infraestructura educativa ya que si no, se perdía financiamiento nacional”. Agregó que la “premura en parte estuvo condicionada por ese aspecto”, y resaltó la efectiva construcción del Instituto de Formación Docente, que “fue inaugurado recientemente”.

Explica que “el lote” del IPPV “había sido usurpado”, existiendo “36 denuncias acreditadas” entonces “urgía darle una solución a esa situación de tensión social”. Agregó que “no surge ningún daño al patrimonio provincial. El IPPV otorga un lote que había sido cedido por la comuna y recibe lotes de propiedad del municipio. ¿Dónde está el daño? ¿Cuál es el hecho reprochable? ¿Haber contribuido a que Roca se construyan escuelas?”.

En su respuesta, Bardeggia dijo que el fiscal incorpora en la acusación que el municipio después transfirió el lote a una firma privada. “Ese hecho –resaltó– es ajeno a IPPV. No se puede enrrostrar a IPPV una determinación del Consejo Deliberante respecto de una tierra que les pertenece. Ese argumento pone de manifiesto una actitud temeraria.

El patrimonio provincial no se ve vulnerado; ni se violentaron normas. El contenido de la denuncia demuestra malicia e ignorancia total de las circunstancias. Se trata de una permuta entre dos organismos públicos pero el juez lo consideró como permuta onerosa propia de agentes privados”. Concluye que la “causa se parece más a un escarmiento que al propósito de buscar la verdad”.

Dato