El gobierno promulgó la emergencia frutícola

El gobierno declaró por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social, a la cadena de producción de peras y manzanas en las provincias de Río Negro y Neuquén.

De acuerdo con la ley 27.354 promulgada de hecho y publicada ayer en el Boletín Oficial, el artículo 1° dispone que “se declara en emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y Río Negro”.

La normativa estipula que se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”, al tiempo que también el PEN podrá prorrogar por igual término la vigencia de la presente. La Ley había salido del Congreso el 27 de abril y el sector estaba a la espera de su publicación en el Boletín Oficial.

Uno de los artículos de la nueva ley señala: “Facultase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social”.

La prórroga, si se contempla por 12 meses, determinará que la actividad no desembolsará un piso de 1.000 millones de pesos en lo que resta del 2017.

“Esta es la solución a tan sólo uno de los problemas por los que atraviesa el sector. Es un punto muy importante, pero todavía falta mucho para que la fruticultura pueda comenzar a desarrollarse”, confió días atrás Marcelo Loyarte, Gerente de la CAFI, en diálogo con este medio.

A partir de ahora deberán concretarse las negociaciones entre los distintos representantes de la actividad frutícola y los funcionarios de la AFIP para determinar la ejecución de los beneficios. La idea de la CAFI es solicitar la prórroga del pago de seguridad social e impuestos a partir de mayo hasta por lo menos, el mismo mes del próximo año. Dentro de este paquete, que se consolidaría el 30 de mayo de 2018, también quieren incluir las deudas ya existentes de las empresas y los productores con el organismo fiscalizador. Todo ese monto luego se pagará en cuotas a partir del próximo con tasas accesibles para la actividad.

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