Estaciones de servicio abandonadas: peligro bajo la lupa

En Río Negro hay veinticinco que están cerradas, y pese a los pedidos sólo en algunas se inició la remediación. Ya se han detectado perjuicios en aguas subterráneas y en el suelo.

Veinticinco estaciones de servicio –en su mayoría de “bandera blanca”– juntan telarañas al permanecer cerradas en Río Negro, según un relevamiento oficial. Ese estado de abandono está bajo la lupa de las autoridades ambientales buscando su remediación y que los desperdicios tóxicos no provoquen riesgos a la población.

En los predios en que se ubican, y con el tiempo, se han detectado impactos importantes en aguas subterráneas y suelos como consecuencia del deterioro de las instalaciones o maniobras en los lugares donde se asientan; de acuerdo a la observación oficial que incluye a las bocas de expendio en actividad.

En la jurisdicción de Roca se detectaron por lo menos tres en total descuido. Le siguen Allen, Cipolletti, Cinco Saltos y Villa Regina. Además, hay una estación abandonada en Ingeniero Huergo que ya realizó la tarea de saneamiento. En Cervantes, se observó que funcionan surtidores donde los responsables están en proceso de cruzar las mangueras por un cambio de razón social. Allí, los inspectores constataron manchas de hidrocarburo en el suelo que deben subsanar y, paralelamente, todavía adeudan información a los órganos de control.

El estado de situación se conoce por doble vía de control: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) con su Registro de Bocas de Expendio, y el Programa de Control de Calidad de los Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas (DPA). Este último organismo supervisa las tareas destinadas a subsanar los predios.

Trabajo a reglamento

Luego de efectuar recorridas y cumplir con el proceso de notificación a todas las firmas incluidas en el Registro, el personal de la Sayds avanza en el control de la documentación presentada como así también con las primeras auditorías. La normativa que permite a Ambiente hacer el rastrillaje a estas unidades de negocios tiene como sustento la Resolución Nº 641 del organismo que emitió la secretaria Dina Migani el año pasado. Persigue el objetivo principal de reunir la información necesaria para poder efectuar un control más eficiente de las personas y los lugares donde se manipulan combustibles y lubricantes dentro de la geografía provincial. A partir de esta resolución, la cartera ambiental tiene permiso para efectuar las labores de prevención con el propósito de contrarrestar situaciones críticas.

Ingresan a la fiscalización las estaciones de servicio, fraccionadores, revendedores de combustibles y “lubricentros”. Son objetos de estricto control con el propósito de hacer más eficiente la manipulación de derivados de hidrocarburos y evitar riesgos ambientales.

El registro otorgó un total de 60 días para inscribirse a los propietarios del ramo. Aquellos que no hicieron los deberes corren el riesgo de sufrir sanciones. Los inscriptos están obligados a llenar una lista de comprobación de operaciones.

Piden saber si funcionan con depósitos, expendio de gas natural comprimido, sitios para residuos especiales, localización, shopping o comedor, sector de cambio de aceite y si cuentan con lavadero. El amplio cuestionario oficial que deben confeccionar pretende determinar –además– si cuentan con autorización de vuelco de desechos, descarga a cielo abierto y de aguas residuales y describir olores, residuos generados, y si existen tanques abandonados.

Uno de los motivos principales para regular el funcionamiento es que no existían datos certeros sobre la cantidad de unidades, y el estado. Además, la propia resolución abona la teoría de que existen “potenciales riesgos” con la sola observación de expedientes. A su vez, el proceso de auditorías se desarrolla sobre aquellas que cumplieron con todos los requisitos estipulados por las leyes provinciales Nº 3.266 (Regulación de los procedimientos de evaluación de impactos ambientales) y Nº 3.250 (crea el Registro de generadores, transportistas y operadores de residuos especiales).

El seguimiento del DPA

Desde el DPA, el superintendente Fernando Curetti, señaló a “Río Negro” que las acciones para la protección de los recursos hídricos son: evaluar el correcto comportamiento de los sistemas de almacenamiento y las obras conexas, porque resulta “fundamental conocer en detalle su estado y funcionamiento”.

Explicó que “por eso se les solicita a las empresas operadoras (que tienen empadronadas) una determinada información como el croquis general del predio con orientación geográfica, plan de contingencias, y una copia del último ensayo de hermeticidad de tanques, cañerías y surtidores”. También se requieren las características del sistema de almacenaje subterráneo o aéreo, croquis de instalaciones, antigüedad de cada uno, ubicación, material constructivo, capacidad de cada uno, un detalle sobre si poseen protección para detección de pérdidas, distancia a la medianera y a la línea municipal, características constructivas de las cañerías, y un detalle sobre si se han detectado pérdidas.

Las tareas de rutina que realizan los técnicos del DPA en función del programa de control son la lectura de caudalímetros (medidor de caudal) verifican afectaciones o derrames declarados, denunciados por vecinos o detectados en supervisiones, inspección de obras en general, constatan el avance de los programas de saneamiento y toman muestras de agua con un freatímetro (perforación de diámetro variable hecha para el control de la altura o la toma de muestras a fin de analizar la primer napa de agua subterránea) y suelos. En el caso de existir impactos que potencialmente afecten a los recursos naturales se realizan diagnósticos ambientales con la identificación de los suelos y acuíferos afectados. Se contabiliza el área impactada y se le da una caracterización a la calidad físico-química de la afectación.

El proceso continúa con la selección de métodos de protección ambiental tomándose en cuenta la aplicación de tecnologías limpias.

En el DPA sostienen además que hay que garantizar la desconexión hidráulica de fuentes de agua superficial y subterránea, aplicar un sistema de monitoreo y disponer en forma segura de residuos y efluentes. A partir de estudios preliminares de afectación de suelo y agua se conoce la magnitud del impacto poniéndose en marcha un plan para la restauración de la calidad.

Curetti concluyó en que el programa de control del acuífero que se implementa después permite evaluar la calidad y los resultados proporcionando la información necesaria para tomar decisiones acerca de continuar, ampliar, repetir o concluir una remediación”.

Por ese motivo, la autoridad de aplicación toma muestras trimestrales de las redes freatimétricas de las estaciones de servicio que se están limpiando.

En números

El registro otorgó 60 días para inscribirse a los propietarios del ramo. Aquellos que no hicieron los deberes corren el riesgo de sufrir sanciones.

“Las estaciones abandonadas son de bandera blanca, se dejaron de utilizar en la década del 90, y no hay constancias de la solicitud de bajas”.

Fernando Curetti, superintendente del
DPA.

Datos

103
son las estaciones. Hay 50 en Alto Valle, 10 en Valle Medio, 11 en Valle Inferior, 11 en Zona Atlántica y 21 en Zona Andina.
23
son los depósitos de combustibles. El principal lugar es el Alto Valle con 12.
18
estaciones de servicio están en remediación “bajo bandera”, es decir que la empresa operadora se hace cargo.
El registro otorgó 60 días para inscribirse a los propietarios del ramo. Aquellos que no hicieron los deberes corren el riesgo de sufrir sanciones.
“Las estaciones abandonadas son de bandera blanca, se dejaron de utilizar en la década del 90, y no hay constancias de la solicitud de bajas”.

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