La Corte ordenó revisar el juicio a Meynet

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Río Negro

VIEDMA (AV).- La Corte Suprema ordenó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revise el proceso de juicio político al camarista Álvaro Meynet por su actuación como fiscal en la investigación del primer triple de Cipolletti, ocurrido en noviembre de 1997.

Ese enjuiciamiento lleva 6 años y, por eso, Meynet plantea su prescripción, valorada por la Corte para exigirle al STJ que se ocupe del pronunciamiento del Consejo de la Magistratura. El STJ había rechazado la casación pedida por el fiscal en esos crímenes que cumplirán próximamente 18 años.

Desde hace 11 años, Meynet es miembro de la Cámara penal de Cipolletti y, anteriormente, fue juez de instrucción. Llegó a ese cargo en el 2000, a pesar de los cuestionamientos a su labor en la investigación de los asesinatos de Paula y María Emilia González, y Verónica Villar.

La semana pasada, el STJ retomó un expediente del 2011, en el cual había rechazado un planteo contra el juicio propuesto por el Consejo de la Magistratura.

Ahora, el tribunal –que conduce Adriana Zaratiegui– revocó esa postura por el ordenamiento de la Corte y entiende que el escrito “configura una crítica concreta y seriamente elaborada”, aceptando la casación para su estudio.

Firman el escrito la presidenta, como también, los vocales Ricardo Apcarian y los subrogantes Lujan Ignazi, Eduardo Roumec y Carlos Reussi.

En su fallo, la Corte fue concluyente al revocar el rechazo del STJ, quien confirmó la resolución del Consejo de la Magistratura. Meynet argumentó que existía “falta de competencia” y pedía “prescripción de la acción disciplinaria”.

El exfiscal cuestionó el juzgamiento de un tribunal que lo valoró en dos ocasiones, es decir, al nombrarlo juez y, luego, camarista.

También desaprueba que ese órgano “no respete la composición legalmente prevista para el juzgamiento de jueces” ya que se mantiene con una integración de remoción de los fiscales.

La postura de la Corte fue por mayoría, con los votos de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, mientras Ricardo Lorenzetti votó en disidencia al entender que no existía sentencia definitiva.

El argumento mayoritario consistió en que existían “dos cuestiones de inocultable carácter constitucional”, que exigían ocuparse para “evitar la afectación de garantías superiores”. Comparte el cuestionamiento de Meynet a la integración del Consejo. Responde con “el absurdo” que así se podría dar el caso que “un juez actual de la Corte, que hubiese revistado como juez de cámara o como fiscal, podría ser destituido” por un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o del Ministerio Público, y “no por el Senado de la Nación”.

Agrega que “la imposibilidad de ser juzgado por un tribunal que no es el juez natural exige, de existir, una reparación efectiva que solo puede tener lugar en forma inmediata”.

Esa mayoría entendió que el STJ tuvo una “respuesta dogmática” cuando correspondía ocuparse con un “pronunciamiento constitucionalmente válido”, lo cual, “es indeclinable” al plantearse “bases fundadas en cuestiones prima facie de naturaleza federal, como es, en el caso, la eventual afectación de las garantías de plazo razonable y de juez natural”.