Mapuches en alerta por una ley clave

La demora de años que arrastra el relevamiento de tierras indígenas y la incertidumbre sobre la renovación de la ley 26.160 que prohíbe los desalojos (y que vence en noviembre) generó fuerte preocupación entre las comunidades mapuches de la región andina.

El proyecto para renovar por otros cuatro años la normativa sancionada en 2006 ya tiene dictamen de dos comisiones en el Senado y será tratada el miércoles 27 en una sesión especial. Pero tanto el oficialismo como varios legisladores del Frente para la Victoria no estarían dispuestos a darle sanción, al menos por ese plazo.

Sanmartiniano Painefil, referente del Espacio de Articulación Mapuche, dijo que el proceso de regularización de tierras “avanzó muy poco” y que la eventual caída de la ley es “una amenaza para todas las comunidades”.

Admitió que en todo el país “hay una preocupación grande” por ese tema. Consideró que “el clima está “enrarecido” y al actual gobierno “le importan muy poco las presiones”.

Painefil señaló que en Bariloche ya tienen su relevamiento territorial con “carpetas completas y presentadas” las comunidades Tambo Báez –asentada en el cerro Bella Vista– y también la Maliqueo del valle del Challhuaco. Pero hay muchas de la línea Sur y de la Zona Andina que siguen “en espera” y todas están muy lejos de la aspiración de máxima, que es acceder a los títulos comunitarios.

Otras como Ranquehue y Gualmes tienen añejos litigios con el Ejército, que pretende desplazarlos de sus tierras.

El secretario de la comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Darío Rodríguez Duch, explicó que la ley vence el 23 de noviembre y el tiempo urge. Por eso ya hay presentados 11 proyectos de prórroga en Diputados y 4 en el Senado, todos de bloques opositores.

Los intentos por darles tratamiento sobre tablas no prosperaron, pero sí lograron incluir uno que tiene autoría de senadores del PJ como proyecto con “preferencia” para la sesión del 27. “La ley actual es deficiente y Magdalena Odarda presentó un proyecto para mejorarla, pero no logró el apoyo. Por eso el objetivo en lo inmediato es extender la ley 26.160 así como está, porque al menos frena los desalojos”, dijo Rodríguez Duch.

Explicó que “en todo el país existen unas 1.500 comunidades indígenas y al cabo de 11 años sólo hay 490 relevamientos refrendados “con carpeta”. Dijo que las trabas se deben en parte a la falta de presupuesto, ya que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene sólo 40 millones de pesos asignados para esa tarea, que requiere el trabajo de antropólogos, abogados y agrimensores.

Según el asesor de la senadora Odarda, el caso Maldonado y la detención de Jones Huala generaron resistencia en varios legisladores a extender más derechos. Dijo que el consenso para mantener suspendidos los desalojos “ideológicamente está complicado”.

Enrique Meli, representante de la comunidad mapuche de Blancura Centro, confirmó que “falta muchísimo” para terminar con el relevamiento previsto en la ley y dijo que preparan para el 26 de septiembre una “audiencia pública” sobre el tema”.

Dato

“El objetivo en lo inmediato es extender la ley 26160 así como está, porque al menos pone freno a los desalojos.”

Rodríguez Duch, secretario de la comisión de Pueblos Indígenas del Senado.

“La situación ahora es más difícil, por la expansión de las grandes inversiones, la megaminería, el turismo y el petróleo”.

Enrique Meli, representante de la comunidad mapuche de Blancura Centro.