años estuvo en el cargo Baquero Lazcano, quien en el 2013 se impuso ante Alejandra Berenguer, Carlos López, Raúl Ochoa y Carlos Rinaldi.

Qué piensan los candidatos a procurador general de Río Negro

El Ministerio Público de la Provincia tendrá nuevo titular en tres semanas. Los cuatro postulantes definieron sus prioridades y anticiparon sus primeras medidas.

14 nov 2017 - 00:00
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Dentro de tres semanas Río Negro conocerá el nombre del nuevo responsable de la Procuración General del Poder Judicial.

A principios de mes se presentaron cuatro candidaturas y sólo resta saber si el gobernador, Alberto Weretilneck, hará uso de la facultad que le permite impulsar por vía independiente a otro candidato.

Fuentes oficiales informaron ayer que esa opción no está descartada y que por estas horas evalúa nombres y antecedentes. El mandatario todavía tiene el tiempo a su favor, ya que puede formalizar su propuesta hasta un día antes de la reunión del Consejo de la Magistratura, convocada para el 5 de diciembre.

¿Pero qué piensan los abogados que ya largaron la carrera sobre la misión que deberán afrontar si resultan elegidos? ¿Cuáles son sus prioridades en esta compleja etapa posterior a la implementación del nuevo Código Procesal Penal?

“Río Negro” entrevistó a Jorge Crespo, Raúl Ochoa, Héctor Leguizamón Pondal y Gustavo Herrera. Los dos primeros llegan desde el ámbito profesional, los restantes ocupan un cargo dentro del Poder Judicial. Uno de Roca, dos de Bariloche y uno de Cipolletti. ¿Influirán la trayectoria y la procedencia?

El que obtenga la mayoría de los votos, entre los 25 posibles, reemplazará a Silvia Baquero Lazcano y ocupará un rol clave en la vida institucional de la provincia.

De él (o ella, si el gobernador propone a una mujer y gana la votación) dependerán todos los fiscales y defensores de Río Negro, en un presente complejo en el que buena parte de la sociedad reclama respuestas rápidas y efectivas al Poder Judicial.

Héctor Leguizamón Pondal
Qué piensan los candidatos a procurador general de Río Negro
Tiene 57 años. Nació en la ciudad de Córdoba y es abogado desde 1985. Fue secretario del Juzgado 6 y de la Cámara Criminal Segunda, agente fiscal, juez de Instrucción, juez correccional, camarista penal y hoy se desempeña como juez de juicio. Propició la reforma procesal penal. Intentó en 2005 llegar a la Procuración, cuando el Consejo de la Magistratura designó a Liliana Piccinini. En 2013 intentó otra vez. Es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro. En su extensa carrera judicial, Leguizamón Pondal protagonizó en 1998 una fuerte polémica con la exfiscal Mirta Siedlecki, que lo denunció por insultos antisemitas. La entonces fiscal había presentado denuncias contra Leguizamón Pondal, que por esos años era juez correccional, ante el Consejo de la Magistratura, que fueron desestimadas.

El juez Héctor Leguizamón Pondal es otro de los candidatos a la Procuración. Propone implementar desde ese cargo tres ejes que apuntan a modificar prácticas procesales, fijar políticas de persecución criminal y hacer una división de la defensa y la fiscalía.

Dijo que es necesario implementar un “sinceramiento de lo que es la cuestión constitucional con las prácticas”. “Uno de los sinceramientos ha sido el tema del Código Procesal Penal, ahora hay que dar instrucciones internas de persecución criminal”, indicó.

“Hay que hacer la selección de los casos, hay que ver qué es lo que llega a una resolución alternativa de conflicto y cuáles son las situaciones que deben ser perseguidas”, explicó.

“Una Procuración tiene que mantener para el debido proceso, una independencia total. El sistema de defensa público tiene que estar bien diferenciado de lo que es el sistema de la acusación pública”, sostuvo Leguizamón Pondal.

Opinó que no es necesario avanzar con una reforma constitucional para separar el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa. “Con la Constitución provincial que tenemos hoy se puede hacer a través de una ley orgánica”, afirmó.

“Si me tocara llegar (a la Procuración), lo primero que voy a hacer es la división de la defensa pública con las fiscalías. Totalmente independiente con Superintendencia aparte, con un sistema de ejecución presupuestaria aparte. Tiene que lograr su independencia”, señaló el candidato.

“No se puede ser juez y parte. En este caso, si sos jefe de los fiscales no podés ser jefe del Ministerio Público Pupilar”, observó.

Cuando se le pidió una evaluación del proceso de reforma procesal penal en marcha, el juez opinó que se necesita como mínimo 6 meses para una evaluación. “Tenemos tres meses donde se están acomodando no solamente los edificios y las personas o sea que nos está faltando comunicación, capacitación y estamos trabajando sobre una estadística que todos los días va evolucionando”, describió.

“Hasta ahora, todo lo que hemos tenido han sido buenos resultados. Hemos logrado eficientemente llegar a la condena rápidamente”, aseguró.

“Los casos que se están llevando a juicio están logrando condena, señal que no vienen a hacer una caza de brujas ni vienen a pescar algo en el aire”, advirtió Leguizamón Pondal.

Dijo que no quiere mantener las unidades temáticas tal como hoy están diseñadas. “La especialidad es uno de los sistemas de investigación”, puntualizó.

“Las unidades de base tienen que tener una relación de temporalidad. El fiscal es un ser humano, que debe descansar y que debe abocarse a la preparación de sus casos. Por lo tanto, debe estar distribuido por semanas y a partir de ahí en la coordinación tener las especialidades”, explicó.

“Si un tema lo supera a uno, buscar el especialista, pero lo primero que hay que hacer es acercar rápidamente a la gente, que eso es acceso a la justicia”, señaló Leguizamón Pondal.

Dijo que es partidario de la Policía Judicial porque lo prevé la Constitución provincial de Río Negro.

Sobre la percepción que hay en algunos sectores de la sociedad que cuestionan al Poder Judicial porque no se mete con el poder político o empresario de turno, Leguizamón Pondal opinó que eso se revierte “primero con trabajo, en segundo término con independencia y en tercero con capacitación y las tres van a estar concatenadas”.

“Mientras que más profundices el trabajo objetivado y consensuado con los otros organismos que vos querés lograr ese fin, lo vas a poder lograr”, comentó. “En segundo término, si tenés independencia vas a tener libertad de criterio y vas a tener las manos desatadas, mientras que sigamos dependientes de otro tipo de situaciones o temerosos de lo que nos puede llegar a ocurrir, no vamos a poder avanzar”, afirmó. Y otro aspecto clave es la capacitación.

“Siempre las necesidades son múltiples y los recursos son limitados. Hay que optimizar, si no vamos a estar justificando siempre que no tengo recursos”, opinó. Y remató: “Con lo que hay se puede”.

Gustavo Herrera
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Es oriundo de San Antonio Oeste. Fue integrante de la Policía de Río Negro e ingresó al Poder Judicial en Viedma. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Comahue y su primer cargo fue como secretario de la jueza María del Carmen García García, a poco de crearse la Cuarta Circunscripción. Luego fue elegido titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Cipolletti. Más tarde fue elegido fiscal de cámara.

“La solución pasa por la gestión. Ese es el desafío del nuevo procurador: gestión, gestión, gestión. Y yo lo que le ofrezco es eso, gestión. Generar empatía con la gente. El que venga tiene ese desafío por delante. Nos dieron un código que necesita gestión y si nosotros no cambiamos vamos a fracasar”, concluyó el fiscal Gustavo Herrera tras una larga entrevista en la que desarrolló su visión sobre el rol que deberá asumir el nuevo procurador que se elegirá el 5 de diciembre.

Herrera es uno de los cuatro candidatos para suceder a Silvia Baquero Lazcano. El desafío no es menor si se tiene en cuenta que en 2018 se deberá profundizar el nuevo régimen procesal penal que entró en vigencia en agosto de este año.

El actual fiscal general de la Cuarta Circunscripción aseguró que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de Río Negro así como todos los sectores políticos coinciden con el diagnóstico de que la Justicia no brinda las respuestas que la sociedad exige. “Siente que las cosas no funcionan y nosotros necesitamos brindar una respuesta de mayor calidad y en mejor tiempo”, aseguró. Reconoció que el nuevo Código Procesal Penal es “un gran paso” pero que no alcanza porque lo que no se planteó en profundidad fue cómo modificar “la estructura interna”. Usó una imagen: “El diagrama de juego es distinto y los jugadores seguimos siendo los mismos”. Especializar a los operadores del sistema judicial y crear fiscalías temáticas es para él la respuesta. “Con las especializaciones decimos que vamos a definir lo que le interesa a la sociedad y lo que le interesan son los homicidios, los abusos, la violencia de genero, los robos violentos, las cuestiones institucionales y el detenido de todos los días. Seis temáticas que componen un 35% de la masa de hechos. ¿Qué hacemos con el resto?”, se preguntó. “Hay que buscar respuestas compositivas para que esos casos vayan más rápido y se genere una burbuja de aire que permita avanzar con los otros”, respondió.

Consideró que estas decisiones requieren de acuerdos, consensos internos y del trabajo en las especificidades de cada circunscripción. Entre otros puntos remarcó que Río Negro “es una provincia continente” donde cada circunscripción tiene su propia realidad. “Los recursos humanos los tenés que focalizar a los problemas de esa región. Hay que diagramar estrategias”, dijo.

“El procurador como jefe de los ministerios públicos es el que diagrama la política criminal pero no es un recurso exclusivo de él. Lo que tiene que hacer es escuchar a los intendentes, al gobernador, a los diputados, entender cuál es la problemática, la necesidad de la sociedad y diagramar los recursos técnicos y humanos que tiene para dar solución a esos conflictos”.

La relación con la gente que recurre a la Justicia es el desvelo de Herrera. Cree que hay que escucharla más. “Siento que nuestro ministerio público está acartonado, displicente, indolente, alejado. La pregunta es cómo lo cambiamos. Ese es el desafío. Que cuando llegue una persona humilde el que está en la mesa de entradas le diga, hola, como anda, tome asiento, darle otra atención y hacerle sentir que estamos para defender sus derechos. Tenemos que generar una revolución interna y la posibilidad está en la cantidad de jóvenes que trabajan en la Justicia y que tienen ganas”, remarcó. “No nos puede ir mal con esta gente. Lo que hay que buscar es como potenciar esa juventud y encontrar un método de resolución que sea institucional porque internamente hay como un miedo”, concluyó.

Las causas residuales

Uno de los problemas que cree el fiscal Gustavo Herrera que se debe resolver con celeridad son las causas residuales, las que quedaron del viejo código. Aseguró que Cipolletti fue la única circunscripción que diagramó una estrategia para reducir el número al implementar una idea que denominó “principio de oportunidad condicionado”. Según la ley, el principio de oportundiad sólo es posible de aplicar si la víctima “perdona” al agresor. “¿Cómo lo convencés que perdone al ladrón, al tipo que lo golpeó o lo amenazó?”, se preguntó y explicó que la solución en la Cuarta Circunscripción surgió cuando le preguntaron a una víctima que podría hacer el imputado para que él lo perdone. El hombre pidió que entregara agua mineral al Centro Integral de la Tercera Edad. “Así se nos ocurrió. Lograr acuerdo, composición, pero bajo la condición de la víctima”, agregó. La idea se puso en práctica hace dos años con aquellas causas que no involucraran delitos graves. Actualmente aseguró que para ir a juicio quedarán sólo unas 100 causas y otras 100 en instrucción que se están adaptando al nuevo código. “Partimos de un cúmulo de 3.000”, detalló.

Raúl Ochoa
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Nació en San Miguel de Tucumán. Tiene 61 años. Es abogado desde 1981. Fue funcionario judicial de Río Negro, secretario del ex Juzgado Correccional Nº 4 y defensor penal hasta que renunció en 1990. Fue miembro del Consejo de la Magistratura grande y chico y jurado de concursos para la designación de jueces nacionales. Fue presidente del Colegio de Abogados de Bariloche y vicepresidente de la FACA. El Colegio de Abogados de Bariloche impulsó a Ochoa como candidato a juez del STJ en 2011 y se postuló en 2013 para el cargo de procurador que quedó en manos de la jueza Silvia Baquero Lazcano.

“La idea principal es liderar el proceso de cambio que significa el nuevo Código Procesal Penal”, afirmó el abogado Raúl Ochoa, que se postula para cubrir la vacante en la Procuración. Dijo que el desafío es “consensuar, clarificar la política de persecución del delito y que sea coherente con los tiempos que corren”.

Respecto al funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y su dependencia en este momento de la Procuración, Ochoa advirtió que se trata “de un tema sumamente complejo, que requiere de soluciones concertadas”.

“Estoy de acuerdo con que la Defensa pública tiene que ser autónoma, pero también pienso que el cambio en primer lugar requiere de una enmienda constitucional”, afirmó Ochoa.

“Ahora, ¿con qué plata la hacemos?, ¿tenemos esa plata? Porque la Provincia tiene muchas necesidades”, observó el candidato a la Procuración.

Por eso, opinó que mientras se produce ese cambio gradual, “la defensa puede seguir funcionando en la estructura del Poder Judicial”. El abogado planteó el tema de la equidistancia que “asegure el ejercicio de la defensa pública”.

“La Procuración, lamentablemente, no ha puesto el acento en la defensa pública, que no tiene recursos. La procuradora, la doctora (Silvia) Baquero Lazcano no atendió las necesidades de la defensa pública”, afirmó Ochoa. “La equidistancia garantiza que tanto la defensa como la fiscalía cumplen su rol”, remató.

Para el abogado, los cambios se pueden hacer, “llevan tiempo, hay que planificar y buscar los recursos”.

Consideró que “se puede crear un organismo autónomo y no es que hay que crear una estructura autónoma”. “Por eso, requiere un tratamiento consensuado con los otros poderes del Estado”, opinó.

Respecto a mantener las unidades temáticas que implementó Baquero Lazcano durante su gestión, Ochoa dijo que no tiene opinión formada sobre ese aspecto. “Estoy abierto a los cambios necesarios para que el nuevo esquema de enjuiciamiento tenga éxito”. “No soy amigo de los compartimientos estancos”, aclaró.

Dijo que estaba dispuesto a revisar mecanismos y procedimientos. “Soy partidario de adoptar el sistema que mayor eficiencia proporcione al nuevo sistema de enjuiciamiento”, afirmó.

Ochoa admitió que la sociedad está esperanzada en que el nuevo sistema genere un mejor servicio de justicia. “Y el sistema está diseñado para que sea eficaz, inmediato y hay que poner todos los esfuerzos para que sea así”, opinó.

“No nos podemos permitir que el nuevo sistema tenga problemas o fracase. Por eso, el procurador tiene que liderar el cambio”, afirmó.

Planteó que tiene mucha importancia “la impronta personal que el funcionario le da al cargo”. Dijo que es muy importante “formar equipos eficientes de trabajo y saber delegar”.

En cuanto a la independencia del Procurador del poder político, Ochoa opinó que “no debería suceder” que existan presiones sobre la Procuración. “Lo fundamental es tener autonomía de criterio porque de esa forma las instituciones prevalecen y tenemos que tender a que las instituciones se fortalezcan”, sostuvo. “Si las hacemos más fuertes, vamos a tener un mejor país”, remató Ochoa.

Jorge Crespo
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Tiene 55 años. Es nacido en Zapala, pero se radicó en Roca a mediados de los 80, para estudiar abogacía en la Universidad Nacional del Comahue. Le entregaron el título en 1990 y dos años después comenzó a dar clases en la misma Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hoy es profesor de Derecho Comercial. Siempre ejerció la profesión de manera particular y en representación del Colegio de Abogados General Roca integró el Consejo de la Magistratura “Chico” en cuatro oportunidades, en tanto que una vez ocupó uno de los 25 lugares del Consejo “Grande”. También fue jurado examinador en numerosos concursos para cubrir vacantes en la Justicia provincial. Tiene un título de posgrado de la especialización en derecho penal y ciencias penales.

Jorge Crespo es abogado desde 1989. En estas casi tres décadas de ejercicio profesional, varias veces fue miembro del Consejo de la Magistratura, pero nunca quiso cruzar la línea para ingresar a la función pública.

¿Por qué ahora sí? “Lo que me motiva es el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo sistema acusatorio. Creo que es un oportunidad inmejorable para colaborar con la puesta en marcha definitiva, firme y eficiente de este sistema”, sostuvo en diálogo con “Río Negro”.

Crespo expuso su diagnóstico sobre estos primeros tres meses de vigencia del nuevo codigo.

“Arranca con los mismos operadores del código viejo. Con muchas prácticas anteriores, que de alguna manera y sin mala intención, se trasladan al nuevo código, que es absolutamente diferente”, evaluó.

El abogado roquense destacó que “cada operador pone lo mejor de sí” para avanzar paso a paso en la implementación del procedimiento, “pero a poco de andar, la persona que estaba a cargo de poner en marcha todo, renuncia, por lo cual se necesita alguien con capacidad para poder seguir adelante con esta reforma y hacerla funcionar tal como esperan todos los rionegrinos”.

P: ¿La estructura es la correcta? ¿hacen falta incorporaciones?

R: Es cierto que este nuevo código requiere una estructura mayor de funcionarios y de fiscales adjuntos. Yo entiendo que hay que fortificar la planta de personal, pero también entiendo que se puede lograr hacer más eficientes a los recursos humanos con algunas prácticas que se pueden llevar adelante dentro del Ministerio Publico Fiscal.

P: ¿Qué opina sobre la continuidad del sistema actual, con fiscalías y defensorías funcionando dentro de una misma estructura?

R: Por definición, creo que la escisión del Ministerio Público de la Defensa es un concepto saludable. Se adecúa a los estándares de los pactos internacionales a los que Argentina ha adherido. Ahora bien, puesto en la provincia de Río Negro hay particularidades. Porque el artículo 215 de la Constitución dice que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. Y en los artículos 218 y 219 establece las funciones del procurador, donde se encuentran las funciones sobre la defensa. Por eso, si se quiere separar al Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa, necesariamente habrá que modificar la Constitución de la Provincia.

P: ¿Indefectiblemente hay que hacer una reforma?

R: La Procuración es una cabeza con dos brazos. La pregunta es si en un plan integral de funcionamiento del Ministerio Público se puede lograr esa autonomía bajo este esquema, y yo entiendo que se puede. Porque es una cabeza, pero los brazos son independientes. El procurador da instrucciones generales de funcionamiento. Después está el defensor general y el fiscal general, que son quienes llevan adelante el funcionamiento de esos dos brazos.

P: ¿Mantendría las fiscalías temáticas?

R: Con ese esquema se ha logrado que haya una especialización de cada fiscal en cada tipo de delito asignado. Mantenerlos de manera exclusiva y siempre en esas fiscalías no creo que sea saludable, porque eso atentaría contra el mejor perfeccionamiento de un fiscal en la investigación global de los delitos. Además, cargaría a una parte sobre otra. Y tercero porque hay una unidad de actuación en el Ministerio Público Fiscal, por lo cual yo entiendo que a través de los fiscales jefes se puede organizar el trabajo.

Crespo planteó que, más allá de los recursos humanos, “la mayor inversión tiene que hacerse para hacer más eficiente la investigación criminal, para modernizarla”.

“Con lo cual entiendo que sí, habrá que dotar a la planta, cubrir todas las vacantes, pero también hacer un gran esfuerzo para profesionalizar y agilizar la investigación criminal”, concluyó.

Como ejemplo de las dificultades actuales, describió que “hoy tenemos que llevar la investigación a otras provincias, no llega a tiempo el material que se envía... hay muchos problemas con eso y es un tema a atacar en el corto plazo”.

Por último, el abogado roquense cuestionó los reclamos de “equilibrio regional” planteados desde Bariloche antes la reunión del Consejo de la Magistratura Grande.

Sostuvo que “en los cargos públicos tienen que estar las personas más idóneas para la función” y puntualizó: “El procurador decide la política de investigación criminal de toda la provincia. Esto no es una cuestión de localías. Circunscribir todo a una cuestión regional, me parece reducir todo a un pensamiento muy chiquito”.

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