Un valioso sector de Las Grutas no para de crecer en la informalidad

Pasaron 5 años del acuerdo extrajudicial celebrado entre el municipio de San Antonio y la familia Tarruella, y 18 años de aquel día de 2005 en el que estos particulares decidieron alambrar la enorme franja costera ubicada al sur de Las Grutas que reclamaban como propia, para precipitar el inicio del litigio de tierras más recordado de la localidad.

Hoy, sin embargo, la informalidad sigue reinando en esa área de 260 hectáreas, de las que quedaron 160 para el municipio y 88 para los Tarruella. Es que pese al tiempo transcurrido desde la firma del convenio la regularización y el ordenamiento de este territorio todavía no se concretó.

Lo cierto es que la franja se convirtió en una enorme urbanización que creció ante la inacción de las autoridades, que en su momento nada hicieron para hacer valer la medida de no innovar dispuesta por la Justicia, para garantizar que ninguna de las partes estableciera cambios antes de definir a quién le correspondía su dominio.

El sector en cuestión tiene un alto valor inmobiliario, ya que en esa zona los terrenos se cotizan a 150 dólares el metro cuadrado.

Hoy enormes casas conviven con edificaciones modestas y sencillas, levantadas por las propias manos de sus habitantes o nacidas del escaso presupuesto. También existen algunos pequeños complejos y departamentos de alquiler, que replicados en serie para aprovechar el espacio emulan lo peor de la oferta de alojamientos de Las G rutas.

Ahora cerca de 20 familias residen allí de manera permanente, aunque, como el municipio no ha iniciado la labor de ordenamiento, no existen datos ciertos acerca de la cantidad de construcciones, de la tierra vendida pero aún no urbanizada ni de los casos en los que la ausencia de criterio utilizada para levantar las edificaciones incumplió incluso con la ley de costas. Se sabe, eso sí, que hay 4 viviendas, que se cuentan entre las más elegantes del sector, que debido a ir en contra de esa norma nacional deben ser demolidas por el municipio, en el marco de un litigio que cuenta con la sentencia firme del STJ, que autorizó su derribo. (Ver recuadro).

Con respecto a los dueños de las edificaciones de esta zona, su origen también es dispar. La mayoría de las más grandes son de gente proveniente de Neuquén, Buenos Aires o ciudades de nuestra provincia, como Bariloche, Viedma o el Alto Valle. En esos casos las usan como casas de veraneo. El grueso de ellas, significativamente, son de vecinos de San Antonio.

Los Tarruella, que a los largo de estos años ofrecieron terrenos allí (y en 2013 acordaron con la municipalidad) fueron los que, a su entender, quedaron “afuera” del convenio que el 23 de diciembre de 1996 se celebró entre la Provincia, el municipio y Eugenio Tarruella, que recibió 60 hectáreas (hoy ubicadas pasando la séptima bajada). En ese acto Eugenio se había comprometido a no litigar y a responder con la tierra obtenida ante la posible demanda de algunos de sus hermanos. Eso no ocurrió y finalmente Héctor Raúl y sus descendientes, Hermelinda Preis (esposa de uno de los Tarruella ya fallecido) y la difunta Alcira (hoy la suceden sus hijas, María Eugenia y María Elena Portela) fueron los que siguieron reclamando y luego alambraron.

18 años de desgobierno sobre la franja y muchas ansias de lucro, provocaron que en el sector convivan todo tipo de personajes e historias, tan dispares como el propio perfil de esos hermanos. Algunos descendientes de esa familia se ocuparon de orquestar el reclamo y aceitaron sus vínculos con personajes del poder, y otros, más humildes, trataron de negociar y sacar el mayor rédito posible de la tierra en sí misma, con operaciones de venta y hasta de canje por bienes o servicios.

Por eso, entre los dueños de terrenos figuran comerciantes locales de diversos rubros que cambiaron lotes por acuerdos irrisorios (mediante la entrega de ropa, calzado, materiales, etc.). También existen vecinos que lograron acceder, a modo de comisión, a más tierra de la que habían adquirido, acercando a posibles compradores a uno u otro hermano. Y recolectores costeros de pulpitos (los famosos “pulperos”) a los que en su momento, con el afán de que abandonaran el predio que todavía ocupan a la altura de la séptima bajada, también les ofrecían hasta tres parcelas. Varios de esos compradores, a su vez, “revendieron” parte de lo adquirido en la informalidad. El resultado está a la vista.

Sin servicios

En este momento, en la zona, tal como ocurrió siempre, no existen servicios. Ni gas, ni luz, ni agua. Los residentes, de acuerdo a sus posibilidades, dotaron sus construcciones de energía solar, y acumulan en cisternas el agua que adquieren y les llega en camiones. Un viaje por este concepto les sale $1800 y llegan 9000 litros que los más derrochones agotan en 15 días y los más austeros estiran 2 meses, recuperándola para diversos usos.

El tratamiento de los residuos cloacales es algo que preocupa, debido a la cercanía del mar, porque como hasta ahora no existieron normas de manejo cada ocupante hizo lo que pudo o lo que quiso para solucionar el tema. Los más conscientes trataron de dotar su edificación de sistemas que minimizaran el impacto, como lechos nitrificantes o biodigestores.

Un litigio familiar que aún está en la Justicia

Los reclamos de siete descendientes de la fallecida Ana María Tarruella continúan en la Justicia.

Lo que pretenden desde esa línea familiar es un porcentaje de las tierras obtenidas por sus parientes en el convenio del 2013, y exigen que tanto sus familiares como el Municipio tengan en cuenta sus derechos sucesorios.

Se trata de las tres hijas de la mencionada Ana (María Cristina, Mirta Mabel y Graciela Noemí Mazziotti) y de los cuatro hijos de Jorge, su fallecido hijo varón (Oscar, Betina, Jorgelina y Paula Mazziotti).

Consultados sobre el tema, desde el estudio Álice Casadei (los abogados de los Tarruella) argumentaron que esta última demanda es igual a otras que efectuaron con anterioridad y fueron desestimadas.

El Municipio, por su parte, afirmó que si surgen reclamos entre privados serán ellos (los Tarruella) quienes deberán responder con el porcentaje de tierras que obtuvieron oportunamente.

Dos historias muestran cómo se expandió
la zona

Adrián Vanú tiene 43 años, y tenía 27 y dos de residencia en Las Grutas cuando se aventuró y decidió vivir en el terreno que le había adquirido en el 2000 a uno de los Tarruella, con la promesa de que en unos meses recibiría el título de propiedad.

En esa época los lotes en Terraza al Mar salían 4500 dólares, y el pagó 3000 dólares por 1200 metros cuadrados frente al mar, en la franja en la que con el tiempo se formalizaría el litigio entre el municipio y los Tarruella.

Para apurar la construcción, junto a su esposa y su hija, se mudaron al lote en una casilla rodante, y allí iniciaron la aventura de aprender a vivir de otra manera.

Con el tiempo se fueron sumando algunos vecinos, y hoy, con más comodidades que entonces, asegura que no cambiaría por nada su residencia allí. “Obvio que quisiéramos que la municipalidad organice algunas cosas. Pero algunos de los que viven acá piensan, como yo, que este lugar debe urbanizarse respetando el entorno” afirma.

Otra de las residentes del lugar es Marussi Bachmann. Ella llegó hace años desde su Bariloche natal, siguiendo a un amor que le permitió “patear el tablero” y animarse a iniciar otra vida, en un terreno que, contra las recomendaciones familiares, había comprado por capricho a un precio muy bajo tiempo antes. Hoy la mujer está reconstruyendo su casa, porque al principio puso una prefabricada que literalmente “se voló”.

Desde allí disfruta de la increíbles vista, y espera que el municipio “se ponga las pilas con los servicios que necesitamos”.

“Es hora de que nos tengan en cuenta como vecinos. El camino es un desastre. Podrían empezar por algo mínimo como ayudarnos con eso”.

Marusi Bachmann,
vecina del sector.

“Algunos de los que viven acá piensan, como yo, que este lugar debe urbanizarse respetando el entorno”.

Adrián Vanú vive desde hace años en el lugar.

Cuatro casas nunca fueron demolidas

No hay ordenamiento desde el Municipio

El dato

La cifra

pasaron desde que se inició el conflicto por las tierras de Las Grutas, con el alambrado de un importante sector por parte de los Tarruella.

18 años