Nuevo juicio por el crimen de Atahualpa: “Nos da esperanza”

La madre de Atahualpa, Julieta Vinaya, dedicada exclusivamente a averiguar qué ocurrió con el crimen de su hijo, se mostró “reconfortada” en declaraciones a DeViedma por la realización de un nuevo juicio tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Destacó que esta decisión “la estábamos esperando ya que nos da esperanza de tratar de descubrir qué ocurrió el 15 de junio de 2008”. La mamá de “Ata” consideró importante la nueva instancia ya que a su criterio permitirá que más personas “se sumen a declarar” en la causa.

Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo, alias “El cazador”, imputados inicialmente en el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya; serán sentados nuevamente en el banquillo de los acusados ante el revés que sufrió un pedido de frenar las actuaciones en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

De acuerdo a lo anunciado oficialmente ayer, el máximo órgano judicial argentino desestimó un recurso presentado por la Defensoría General de Justicia de Río Negro. De esta manera quedó firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que anuló la sentencia absolutoria y ordenó rehacer las actuaciones.

Con el respaldo a la resolución del STJ rionegrino, se allana el camino a un nuevo juicio en procura de resolver el homicidio registrado en la fría madrugada del 15 de junio de 2008 en esta capital.

La decisión del STJ implica que la causa está abierta y vuelve a la instancia previa a la sentencia absolutoria. La etapa de instrucción no fue cuestionada, por lo que a partir de la plataforma fáctica ya investigada es posible ampliar la prueba.

El 23 de octubre de 2014, la Cámara –con el voto rector del entonces juez Juan Bernardi, en la actualidad destituido y preso- había dictado la absolución de los tres acusados.

Luego, el STJ anuló dichas absoluciones por considerar que la sentencia carecía de fundamentación razonada y legal. La jueza Liliana Piccinini, entonces a cargo de la presidencia del máximo órgano judicial de Río Negro fue la encargada de la lectura del fallo.

La resolución del Superior Tribunal –solicitada en tal sentido por el Ministerio Público Fiscal- no solo abrió la posibilidad de un nuevo juicio sino también el anular la sentencia y el debate, y ordenó que continúe la sustanciación de la causa con distinta composición de magistrados. El fallo tuvo con los votos afirmativos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, con la abstención del juez subrogante Gustavo Guerra Lavayén.

Tras esa disposición, la Defensora Rita Custet presentó un Recurso Extraordinario Federal ante el propio STJ y ante su rechazo, elevó una queja a la Corte Suprema.

Al agotarse los recursos, los tres imputados (Morales Toledo, Carrasco y Fernández Barrientos y vecinos del joven) nuevamente revisten en la causa la calidad de imputados, en el marco de la investigación llevada a cabo hasta la elevación a juicio.

Ahora, la Fiscalía de la Cámara del Crimen anticipó en su alegato ante el STJ que está en condiciones de completar la prueba. Entre los elementos probatorios, es clave una campera con ADN que fue secuestrada en el domicilio de uno de los acusados.

Al parecer, esa prenda fue retirada un mes después del asesinato de la casa de Carrasco en el barrio Lavalle. En su momento se dijo que contenía una mancha de sangre del joven en la prenda que pertenecía a “El cazador”.

El Consejo de la Magistratura decidió iniciar sumarios a los actuales camaristas penales Carlos Reussi y Daniela Zágari por mal desempeño de sus funciones en la investigación del homicidio registrado el domingo 15 de junio de 2008 en esta capital. Ambos actuaron en ese momento como juez de Instrucción y fiscal de la causa que será reactivada. Asimismo, se incluyó en el sumario al ex fiscal Ricardo Falca, actualmente jubilado, quien remplazó por unos días a Zágari a poco de ocurrido el homicidio.

Se le reprochó no haber solicitado ni dispuesto la inmediata inspección del pub Miloka, en Caseros y México, donde fue visto el joven por última vez con vida, derivando ello en la “pérdida de datos que pudieron haber sido determinantes para el devenir de la investigación”; según consta en las actuaciones oficiales.

“El 15 de junio de 2008 Atahualpa se preparaba para un proyecto de vida. Sabía que estudiar era la posibilidad de ayudar a otro. Quería ser médico y trabajar en los lugares más olvidados de la provincia”. Así lo recordó su prima Laura Vinaya al cierre de la marcha de ayer al cumplirse nueve años del asesinato de Atahualpa Martínez.

Una vez más familiares y amigos marcharon en Viedma para renovar el pedido de Justicia frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia, las fiscalías y la Legislatura.

Acompañaron jóvenes, vecinos, instituciones y familiares de otras víctimas que también esperan justicia en Río Negro como Otoño Uriarte, Daniel Solano, Lucas Muñoz y José Luis Nicola, entre otros

“No estamos acá para venganzas ni revanchas”, sostuvo otro tramo del documento leído frente a Tribunales al señalar que cuando mataron a Atahualpa “lo único que hicieron fue dejarnos la posibilidad de realizar sus sueños para que nunca mueran”.

Como en otras oportunidades participaron de la marcha madres de víctimas de otras provincias y de Viedma, sobrevivientes de abuso sexual infantil y los jóvenes del taller municipal de Teatro que protagonizaron una intervención.

El documento leído no ahorró críticas a la Justicia. “Nos seguirán manoseando, dejando a la espera como estos años pero terminarán respondiendo por sus actos”, añadió al pedir al Consejo de la Magistratura que debe evaluar el desempeño de los exfiscales Daniela Zágari y Ricardo Falca, así como del exjuez de Instrucción Carlos Reussi que intervinieron en la investigación del homicidio de Atahualpa “la misma celeridad con la que actuaron para destituir al exjuez Favio Igoldi”.

“Queremos ese mismo ímpetu para destituir a dos jueces (Zágari y Reussi) que esta comunidad no se merece porque somos los que quedamos luego en manos de incapaces, inescrupulosos, insensibles y perversos funcionarios. Somos los que luego tenemos que ir a golpear sus puertas y lo único que encontraremos será desidia e inoperancia. Son los que deben ser destituídos por el daño profundo que causaron a toda la comunidad”, agregó.

Destacó que el exfiscal Ricardo Falca sea también evaluado aunque hoy esté jubilado y se le pidió al Consejo que incluya a la entonces Procuradora General de la provincia, Liliana Piccinini, actual integrante del Superior Tribunal de Justicia porque “bajo su responsabilidad actuaron mal dos fiscales y ni siquiera inició un sumario interno aún cuando esta familia se lo pidiera. A ella también le caben responsabilidades y es que son una casta que destruye vidas tanto como los asesinos pero tienen la potestad de juzgarse y salvarse a si mismo o de condenar a quienes no están de acuerdo con sus prácticas e intereses”.