Anulan un fallo que sobreseyó a piqueteros

BUENOS AIRES- La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó ayer que los cortes de cualquier vía de tránsito constituyen un «delito», al revocar un sobreseimiento que había beneficiado a un grupo de trabajadores ferroviarios que habría interrumpido el normal funcionamiento del servicio de trenes.

Los camaristas de la Sala III de la máxima instancia en materia penal interpretaron que ese hecho fue un «delito» y que no vale alegar que los trabajadores ejercieron de esa forma sus derechos de expresión, petición y reunión.

La interrupción del tránsito se trata de «mecanismos primitivos de pseudodefensa de sectores o intereses, o en algunos casos ni siquiera de estos, inaceptables en los tiempos que corren y que constituyen además de delitos, actos de disgregación social».

Fue así como rechazaron que, con esta decisión, se pretenda 'criminalizar la protesta social' porque -añadieron- hasta tanto el Congreso Nacional no incluya o excluya las figuras delictivas existentes en el Código Penal «los jueces deben aplicar» la ley.

«Sería como legitimar una usurpación de propiedad en función del enunciado constitucio-nal que todos los trabajadores tie-nen derecho al acceso a una vi- vienda digna», se añadió en el polémico y extenso fallo.

Todo ocurrió el 13 de diciem-bre de 2001, en los días previos a la convulsionada situación social que se vivía sobre el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Ese día, entre las 9.35 y las 10.33, en la calle Beasley y las vías del ferrocarril Urquiza, de la localidad de Villa Lynch, San Martín, nueve trabajadores de la empresa Metrovías habrían incendiado distintos elementos sobre las vías y habrían impedido así el paso de dos formaciones.

Fue por eso que se abrió una causa contra los trabajadores Julio Alais, Alexis Ferrari, Norberto Machado, Omar Draghi, Miguel Angel Prelat, Ramón Horacio Flores, Leonel René Lacuadra, Sergio Aníbal Amozín y Carlos Angel Denilluk.

Los trabajadores, sin embargo, fueron sobreseídos por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín que revisó la cuestión, pero la Fiscalía apeló el fallo y el tema llegó a instancias de la Sala III de la Cámara de Casación, donde los jueces Guillermo Tragant y Eduardo Riggi decidieron revocar la suerte de esos imputados, con el voto en disidencia de su colega Angela Ledesma.

El camarista Tragant sostuvo que los imputados actuaron «de manera delictiva so pretexto de la protección de los derechos constitucionales», con la que se quiso justificar su actuación. Y rechazó, en ese marco, que los imputados hubieran obrado en el ejercicio de su derecho de peticionar a las autoridades ya que el gremio ferroviario, La Fraternidad, había adherido al paro general que se cumplía esa jornada, instando a sus afiliados a paralizar sus tareas en forma total durante todo el día. (DyN)

 

«Apuntan a criminalizar la protesta»

BUENOS AIRES- Los principales referentes del movimiento piquetero rechazaron el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que definió como «delito» el corte de cualquier vía de circulación pública, y advirtieron que la decisión apunta a «criminalizar» la protesta social.

Néstor Pitrola, del Bloque Piquetero Nacional, manifestó su «repudio absoluto» a la decisión judicial. «Repudiamos completamente a ese sector de la justicia que penaliza y criminaliza la lucha social, mientras los que se robaron el país siguen bailando con odaliscas», dijo Pitrola, en una obvia a las recientes imágenes del ex presidente Carlos Menem difundidas desde Chile.

Pitrola manifestó que frente a la decisión del juez Claudio Bonadío, a favor de un asentamiento en terrenos fiscales, «ahora tenemos este nuevo embate, lo cual quiere decir que está planteado un debate en la justicia argentina y lo queremos llevar a fondo».

«Hay que terminar con los jueces que han amparado la impunidad y que la siguen amparando, que no ven la asociación de las mafias políticas y estatales con el delito y no actúan frente a las coimas y a los sueldos en negro que se pagaron en un gabinete nacional», manifestó.

El referente del Movimiento Teresa Rodríguez, Antonio Vito, aseguró a DyN desde Córdoba que los jueces de la Cámara «están demasiado preocupados por los vehículos y muy poco por la vida humana, que es lo único que les tendría que preocupar». (DyN)