Tres Arroyos, conmovida por la violencia, busca volver a la calma

La justicia intenta determinar si la policía de Tres Arroyos se autoacuarteló y desprotegió a un juez y a un fiscal que fueron agredidos y obligados a participar el lunes de una «pueblada», aparentemente originada por la muerte de un joven, en la que manifestantes atacaron la comisaría local. La protesta fue un hecho más en la cadena de incidentes que se están produciendo en el país por estos días y que tienen como ejes el accionar de los piqueteros y varios asesinatos.

Durante una manifestación popular para pedir mayor seguridad en la ciudad y en reclamo de justicia por la muerte de un chico a la salida de un boliche, los manifestantes obligaron a los golpes a sumarse a la medida al juez de Garantías, Rafael Oleaga, y al fiscal Carlos Facundo Lamble.

El episodio comenzó el lunes a la tarde con una marcha de la que participaron varios sectores de la sociedad, pero un grupo más radicalizado concurrió a los tribunales locales, agredió a los funcionarios judiciales y, luego, los «llevó» hasta la comisaría primera de Tres Arroyos, que fue atacada con piedras.

El desencadenante de la «pueblada» fue la muerte de un estudiante de 18 años, ocurrido en la madrugada del domingo pasado, quien falleció tras mantener una pelea con un grupo de jóvenes a la salida de un boliche. El fiscal Lamble dijo ayer que «hubo una falta de previsión y una inacción premeditada de la policía, en los órganos de decisión de la policía, para evitar que esto sucediera». «Estaba en la marcha porque no me quedaba otra opción (…) ante la disyuntiva de 'o venís con nosotros o te rompemos todo', y al no tener custodia policial, decidí salir del edificio e ir con los manifestantes», explicó.

Además, aseguró que tanto los funcionarios judiciales como la población de Tres Arroyos se encontraron desprotegidos: «No había un policía, un patrullero en toda la ciudad. La policía estaba autoacuartelada y resguardada detrás de los portones de la seccional».

Ayer, familiares y amigos de Cristian Gonzalo Ferreti se reunieron ayer con las máximas autoridades comunales y policiales para reclamarles más medidas de seguridad en los boliche.

Desde China, el gobernador Felipe Solá avaló el despido del jefe de la Policía Bonaerense dispuesto por su ministro de Seguridad, León Arslanian.

Los allegados a la víctima se reunieron en horas del mediodía de ayer con el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; el flamante jefe de la Departamental Bahía Blanca, comisario Luis Alberto Castro, y el fiscal Carlos Lemble.

En la reunión de ayer con las autoridades también hubo concejales y algunos funcionarios del gobierno bonaerense enviados por Solá, para analizar los pasos a seguir en el caso. En ese marco, ocho amigos de Gonzalo se presentaron en el despacho del jefe comunal y le solicitaron que se aumenten las medidas de seguridad en las discotecas.

A raíz del episodio, el ministro Arslanian dispuso el relevo del virtual jefe de la Policía provincial, comisario general Ernesto Lamardo, por la presunta «falta de previsión y manejo» del tema, y puso en su lugar al comisario general Héctor Iglesia.

También fue removido de su cargo el comisario local, mientras al resto del personal se le inició un sumario administrativo para determinar su responsabilidad en la presunta «inacción» en la pelea a la salida del boliche «Mykonos», que terminó con la muerte de Cristian, el domingo a la madrugada.

  Nota asociada: PROTESTAS SOCIALES: Tensión en la relación con EE. UU. por la violencia de los piqueteros  

  Nota asociada: PROTESTAS SOCIALES: Tensión en la relación con EE. UU. por la violencia de los piqueteros