El Instituto de Tierras de Bariloche, con nuevas metas y objetivos

Cada vez son más los barilochenses que enfrentan problemas de hábitat, cuyas demandas recaen sobre el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Las políticas de ese organismo durante el último año se concentraron en agilizar la regularización de lotes en todo el ejido municipal. Este año la prioridad será profundizar esa línea de gestión, según adelantó su presidente José Mella, y resolver las trabas que frenaron hasta ahora la entrega de los primeros títulos tramitados bajo la “ley Pierri”.

Mella admitió también que la gran cuenta pendiente es la construcción de nuevas viviendas sociales, pero aclaró que esas políticas excede al municipio y dependen de provincia y de Nación.

Dijo que el único plan en marcha es Techo Digno. Unas 800 viviendas cuya ejecución se frenó cuando el gobierno anterior desvió los fondos específicos enviados por el gobierno nacional “y hoy es un tema judicializado”. Según Mella, la reactivación de esas obras fue facilitada por la provincia “y hoy no hay otros proyectos concretos para Bariloche”.

Por eso otro de sus objetivos es afinar con la mayor urgencia posible los contactos con el nuevo gobierno nacional para conocer su plan en materia de viviendas sociales y lograr que Bariloche califique para los primeros desembolsos.

Como presupuesto propio, el instituto tiene reservado para el año próximo 38,8 millones de pesos. Según indicó el titular del organismo, ese dinero “es una estimación y puede variar”, pero adelantó que será destinado a “trabajos de agrimensura, apertura de calles y otras inversiones necesarias para la regularización”.

Mella subrayó que esos financiamientos “son de estricta finalidad social”, las cuotas no exceden los 1.500 pesos mensuales y “se les aplica un interés del 12% anual”.

Insistió en que el año próximo se concentrarán en gestionar “la regularización en los barrios más postergados”, especialmente los que llevan más tiempo en espera, por razones que atribuyó a la “desidia” del municipio.

Según un informe presentado hace pocos días por la conducción del Instituto -que hoy encabezan Mella, Nicolás Pedernera y Yanina Sánchez-, “en estos últimos tres años más de 800 familias han podido lograr la preadjudicación o regularización de sus terrenos en barrios como El Frutillar, Vivero, 2 de Abril, 6 Manzanas, Matadero, Las Mutisias, las quintas, El Maitén, Eva Perón y San Cayetanito”, entre otros.

También indica que el programa Sustentabilizar Hogares, por el cual se mejoran viviendas precarias para tornarlas más confortables y mejorar el aprovechamiento energético, ya benefició a 300 familias.

Mella dijo que trabajarán en esa línea también a futuro y reconoció que uno de los déficit a resolver es el del Banco de Tierras municipal, una herramienta creada por ordenanza que casi no brinda soluciones por falta de dinero para compras y porque no se agilizan gestiones para (por ejemplo) incorporar lotes mediante compensación de deudas, como las que acumulan muchos grandes propietarios.

Mella dijo que la respuesta sistemática que recibe la gente que se acerca por primera vez al Instituto en busca de ayuda es que se anote en el registro de demandantes, donde hoy figuran 6.000 personas, “aunque le hace falta una depuración”.

Admitió que las demoras son muchas, pero defendió la transparencia de la gestión. “Cuando llega una persona le decimos que se anote en el registro y vamos viendo. Es difícil darles un plazo cierto de respuesta, porque depende de las necesidades, de la urgencia y del grupo familiar”, explicó.

Polémicas en torno de la formación de cooperativas

Durante años, para resolver las carencias habitacionales, desde el municipio se promovió la creación de cooperativas y en buena medida se las convirtió en un requisito excluyente para acceder a loteos sociales y a la vivienda propia.

Mella dijo que hoy no existe ninguna regla férrea en ese sentido y opinó que las cooperativas son herramientas útiles “en ciertos casos” y orientadas principalmente al acceso a los servicios básicos.

“Personalmente no veo que los vecinos deban estar obligadamente asociados para llevar a cabo un planteo urbanístico -refirió-, La tierra es solo un paso, y muchas veces el menos complicado, porque es barata. Pero sí es importante que se cooperativicen para acceder a los servicios, para llevar la luz, la red de agua”.