Una inmunidad inquietante

Días atrás tomó estado público la inmunidad total concedida por el Paraguay a las tropas de los Estados Unidos desplegadas en su territorio. Así se lo resolvió en Asunción, el 26 de mayo último, a través de una ley por medio de la cual la nación sudamericana renuncia a su poder jurisdiccional para investigar los delitos que pudieran cometer, así como a demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional (CPI). La ley, cuya vigencia opera hasta diciembre del 2006, pero es prorrogable, da inmunidad a técnicos y tropas norteamericanas para entrar y salir de Paraguay, transportar armamentos y medicamentos y operar en cualquier punto del territorio.

Dicha inmunidad constituye, en nuestro ámbito regional, un duro golpe al pleno imperio de una corte que a poco de nacer, quedó sin el respaldo de la única potencia militar, económica y tecnológica del planeta. Desde los Estados Unidos se percibe a la CPI como una amenaza a su soberanía jurisdiccional. Concretamente, afirman que dado el predominio militar de Washington y su responsabilidad en el mantenimiento de la paz internacional, de encontrarse a sus nacionales sometidos a la jurisdicción de la CPI, pues entonces serían vulnerables a investigaciones criminales que podrían responder a motivaciones políticas.

En realidad, la reticencia del gigante del norte es una prueba más de su poco apego por las normas del derecho internacional, el multilateralismo y el consenso.

Valores que la cultura política internacional abrazó con la celebración de la Carta de las Naciones Unidas, en cuya construcción y diseño, los propios Estados Unidos tuvieron un rol preferente.

La campaña en contra del imperio universal de la CPI se remonta al gobierno de Bill Clinton, cuando a poco de firmar el Estatuto de Roma informó al mundo que Washington no habría de ratificarlo.

Luego vino un proceso de intimidación sobre los Estados más pobres y dependientes de ayuda económica: en 2002 el Congreso aprobó una ley por la cual dispuso que cortaría la asistencia militar a más de 30 países que habían ratificado el Estatuto de Roma y rechazado el Acuerdo de Inmunidad Bilateral. Ante semejante presión, más de 80 naciones cedieron y firmaron dicho acuerdo con los Estados Unidos. Poco tiempo después el gigante volvió a la carga. Tan es así que la Cámara de Representantes aprobó una enmienda al presupuesto 2005 de ayuda exterior que prohíbe la asistencia financiera a países que no hayan ratificado el Acuerdo de Inmunidad Bilateral con Washington. Instrumento, este último, por medio del cual se busca impedir que ciudadanos estadounidenses queden bajo jurisdicción de la CPI.

La Argentina ha venido siendo reiteradamente invitada a ceder parte de su soberanía jurisdiccional y permitir las inmunidad de las tropas norteamericanas que con frecuencia realizan ejercicios militares en territorio nacional. Sin embargo, hasta ahora no ha sido conferida esa franquicia y verdadero boicot a la CPI.

A pesar de ello, la administración norteamericana no se da por vencida. Reclama las inmunidades de manera oficial, como hizo el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ante su par argentino, José Pampuro, en abril pasado en Buenos Aires. Y lo hace también de manera oficiosa, como sucedió también meses atrás en el marco de un desayuno en la Embajada de los Estados Unidos del que participaron importantes legisladores del oficialismo. En aquella ocasión, el secretario de Estado adjunto para el control de armamento, Stephen Rademaker, junto al embajador Lino Gutiérrez, insistieron en el pedido de inmunidad legal para sus efectivos. Durante el encuentro quedó en claro que uno de los temores de los norteamericanos es que algún juez local pueda reclamar la detención de Rumsfeld, o incluso del propio George Bush, cuando concurran a Mar del Plata en noviembre próximo para participar de la Cumbre de las Américas.

Fortalecer el alicaído rostro de la CPI en el subcontinente latinoamericano, aun cuando mucho pueda cuestionarse su eficacia criminalizadora respecto de los grandes crímenes internacionales, es una apuesta por la racionalidad jurídica y el equilibrio de poderes. Por eso, la inmunidad de Asunción es un paso hacia atrás en la utópica búsqueda de justicia universal.