Seguridad

¿Cipolletti es hoy una ciudad más segura que hace tres años? Si así fuera, ¿cuánta incidencia tendría la creación y posterior ampliación de una estructura penal, y la política municipal de refuerzo de la prevención?

Es difícil quitarle a los habitantes de esta ciudad la sensación de inseguridad que nació en 1997 con el asesinato de tres chicas, se robusteció con una seguidilla de crímenes y se consolidó con la «masacre del laboratorio» cometida hace tres años.

El intendente Alberto Weretilneck no cree que el de la inseguridad sea un problema ajeno al municipio que conduce. Es una posición distinta a la de su antecesor, Julio Arriaga, quien, sabiendo que se trata de un asunto de responsabilidad provincial, presionaba sobre el gobierno radical, la mayor de las veces sin mucho éxito.

En la administración municipal actual sostienen que el delito disminuyó en Cipolletti. El intendente está convencido que no basta con reclamarle al gobierno provincial, que la comuna debe aportar.

Desde 2002 la ciudad cuenta con un fondo específico para seguridad, integrado en teoría por medio millón de pesos, que proviene de la tasa especial que paga una treintena de grandes contribuyentes.

Comenzó siendo administrado por un consejo creado para tal fin, integrado en un inicio por representantes de organizaciones intermedias.

Se manejaron grandes cantidades de dinero, pero nunca esos 500.000 pesos por año prometidos en un comienzo. En tres años y al cabo de 2005, se habrán invertido en seguridad menos de 700.000.

La función del consejo de seguridad quedó desdibujada por la designación de un asesor en la materia, el ex policía César Chao Monzón (hoy también director de Defensa Civil), y por el recorte en los hechos de sus atribuciones.

El fondo se distribuye con un criterio más político. Se financian con él gastos relacionados con la prevención (en 2004 se invirtió en reparación de patrulleros).

Los recursos fueron obtenidos en 2002 de un aumento de tasas para supermercados, bancos y empresas de servicios públicos, que en reglas generales protestaron pero pagaron. Como adelantó este diario, un solo litigio judicial queda en pie: con Transcomahue, que es una empresa del Estado provincial.

Aunque parezca increíble, buena parte del aumento de la presencia de la Policía en las calles obedece a que el municipio paga con los recursos de ese fondo servicios de seguridad adicionales a los propios uniformados para prevenir delitos en puntos delicados de la ciudad.

En la intendencia defienden este esquema porque sostienen que si no se hiciera, el resultado sería un aumento de la inseguridad, más que un costo político difícil de afrontar para el gobierno provincial.

Es un arma de doble filo porque, llegado el caso, la comuna podría terminar pagando las guardias médicas en el hospital que el sistema no cubre.

 

Martín Belvis

martinbelvis@rionegro.com.ar