En Añelo, los empresarios esperan una mano del Estado

Cuando en julio de 2001 el gobierno de Jorge Sobisch lanzó el concurso público para adjudicar 3.000 hectáreas en el valle del Añelo, las bardas próximas al canal que lo riega en un trayecto de 42 kilómetros todavía no acusaban el trabajo de las máquinas viales. Cuatro años después, subidos a la ruta 7 en dirección noroeste, la vista devuelve una imagen diferente: a cinco kilómetros del pueblo, las laderas se ven dibujadas por líneas caprichosas de picadas y senderos, comunicando entre sí largas extensiones de parcelas alambradas.

Un cartel ubicado a la vera de la ruta anuncia: «Neuquén para el mundo. Producción de frutas finas y vinos de exportación». Sin embargo, y a excepción de esa leyenda, el paisaje aún no evidencia rastros de frutas o de vinos. Sólo se divisa a un peón subido a un fourtrax patrullando celosamente el perímetro de una parcela, mientras unos cientos de metros barda abajo, tres hombres terminan de emparejar una zanja.

Estamos en la llamada «área de influencia del Canal de Añelo», donde –según los cálculos que el gobierno hacía cuatro años atrás– ya deberían estar creciendo plantaciones de frutas, viñedos, olivos y otros cultivos para los que se adjudicaron estas tierras fiscales, a cien pesos por hectárea. Pero los plazos no se cumplieron, y hoy las tierras que flanquean el canal de Añelo sólo cobijan álamos precoces que en algunos años servirán de cortina contra el viento.

 

La licitación originaria

La historia de la dilatada reconversión productiva de las tierras de Añelo comenzó formalmente el 5 de julio del 2001, cuando el decreto 1200 de ese año autorizó a la Dirección Provincial de Tierras a llamar a concurso público de proyectos productivos en parcelas regables. Se trataba de ocupar 7.000 hectáreas en zonas próximas al canal de Añelo, construido durante el último gobierno de Felipe Sapag. En total, la obra hidráulica demandó una inversión de 20 millones de dólares, y los resultados eran promisorios: el beneficio del riego en el árido suelo de Añelo llevaría, según fundamentaba el llamado a concurso de proyectos, «la generación de actividades productivas en procesamiento y la consecuente incorporación de mano de obra».

Además, representaba la oportunidad de optimizar e uso del suelo y permitir un «importante aporte de inversores privados que garanticen la realización de las obras de infraestructura faltantes y que el Estado está imposibilitado de ejecutar, así como su mantenimiento en óptimo estado».

Pero la mayoría de estos planteos iniciales sufrieron modificaciones que cambiaron las condiciones del proyecto. Hubo tres fundamentales: el valor de la tierra, los plazos de ejecución y la inversión estatal.

Cuando en el 2001 se lanzó oficialmente el concurso público –en un acto presidido por José Brillo Marcelo Fernández Dotzel, por entonces jefe y vice jefe de Gabinete, respectivamente–, se redujo el número de las 7.000 hectáreas del decreto 1200/01 y finalmente se concursaron 3.000 a un valor de 500 pesos por hectárea. En esa ocasión también se anunciaron las condiciones de la licitación: se evaluarían las propuestas con un sistema de puntajes que incluyó el tipo de proyecto, la necesidad de financiamiento, y los antecedentes de las empresas interesadas en materia de explotación agrícola, frutihortícola, vitivinícola y forestal.

Una vez elegidos los adjudicatarios y entregadas las tierras, empezó a correr un plazo de dos años para cumplir con requisitos mínimos de alambrado, obras internas de riego, la construcción de una vivienda y realización de las primeras plantaciones.

Sin embargo, apenas diez meses después y con el fatídico diciembre del 2001 en el medio, las condiciones cambiaron notablemente. Un nuevo decreto, el 667/02, explicaba el «desaliento» de los potenciales inversores en el desarrollo de proyectos productivos ante el abismo económico abierto por la crisis. Por esa razón se repitió el llamado, pero con algunos cambios: el valor del pliego de licitación no sería ya de 1.000 pesos como en el año anterior, sino de 100. Y el precio de la hectárea también bajó a 100 pesos cada una.

 

Los ganadores

El 28 de junio de 2002 se abrieron 26 sobres de ofertas y nueve oferentes resultaron preadjudicatarios de 1339 hectáreas. Las restantes hasta completar las 2.800 en juego se repartieron entre otros seis proyectos que, como condición previa y ante ciertos errores en la presentación, debían adecuar sus propuestas a las bases de licitación.

Algunos de los nombres que se quedaron con las tierras de Añelo resultan conocidos, tanto por sus vínculos con el mundo de los negocios como por su proximidad al gobierno: Teodoro Herman Heinz Schroeder -a través de Alto Añelo SA- (150 hectáreas); Marconetto y Allende –de Tarjetas Máxima y Comasa, además dueños de AM Cumbre– (400); Silvio Ferracioli –Frutas Patagónicas Argentinas– (150); y Juan Manuel Barceló (630).

El resto de las tierras fueron adjudicadas a otras empresas como bodegas La Rural y La Esmeralda (300 y 250, respectivamente); Chinni, Seleme y Bugner (100); Acer –de Gustavo y Victoria Tabba– (164), Retamal Jara Ingeniería (150); Iglesias, Romano, Castro (150); Productores Empacadores Argentinos (75); Julio Merhej (sin datos); La Deli

ciosa (100); Pedro Barakat (150); Edgardo Petschek –casado con una hermana de Alfredo Esteves, actual ministro de Empresas Públicas– (50) y Jorge Gómez (s/d).

Hubo también una porción de las tierras fiscales que se reservó para el municipio de Añelo. Según el intendente de la localidad, el emepenista Oscar Izaza, esas doscientas hectáreas estaban demasiado alejadas del pueblo, por lo que solicitaron que se les cambien por otras más próximas. Izaza también explicó que las tierras cedidas al municipio servirán para el trabajo de una buena parte de los 3.000 habitantes de Añelo, y que eso marcaba la diferencia con la explotación en manos de las «empresas grandes».

Sesenta días después de aquel 28 de junio, las empresas recibieron las tierras. A partir de ahí comenzó a correr el plazo de dos años para que los adjudicatarios realizaran las obras mínimas. Sin embargo, no hubo acuerdos sobre cuáles eran los plazos que debían tomarse en cuenta para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Rubén Larrondo, subsecretario de Producción, justifica el atraso por un error de cálculo. «Nos dimos cuenta que realmente era muy poco tiempo para llevar adelante un proceso productivo, más cuando estamos hablando de tierras vírgenes. Entonces pedimos que hagan una presentación en etapas: cuánto podía ejecutarse en los dos años que planteábamos y posteriormente cuál era el plazo en etapas para ir cumpliendo la totalidad del proyecto. Hay proyectos de 500 hectáreas, entonces jamás podés pensar que se van a desarrollar en dos años. Por más que tengas toda la plata del mundo, es técnicamente imposible hacerlo».

Pero la controversia fundamental gira en torno a la construcción de una línea de alt tensión destinada a abastecer el sistema de bombeo y riego presurizado que necesitan las parcelas. Esta condición no estaba incluida en el pliego de licitación, pero en una reunión realizada a principios del 2003 entre las empresas y el actual ministro de Producción y Turismo, Marcelo Fernández Dotzel, los inversores exigieron que el Estado provincial se hiciera cargo de la construcción de la red eléctrica.

El gobierno aceptó porque, según Larrondo, «es imposible que alguien desarrolle una producción y que no le lleves lo mínimo necesario».

Esta determinación torció la concepción de lo expresado en el decreto 1200/01, donde se señalaba «que las obras de infraestructura faltantes representan importantes inversiones en obras de riego (canales secundarios, terciarios, etc.) caminos, redes eléctricas, etc., que el Estado delegaría en firmas inversoras», a lo que se suma que en la misma norma se declaraba la imposibilidad del Estado para realizarlas.

«En principio los plazos no corrieron desde el momento que se adjudicó. Prueba de ello es el proyecto de energía eléctrica que la provincia todavía no llamó a licitación».

El que habla es Silvio Ferracioli, uno de los empresarios que ganó 150 hectáreas en Añelo y que ahora espera que el Estado provincial construya el tendido eléctrico para empezar con sus plantaciones de cerezas y viñas. No está solo en el negocio: lo acompañan Retamal Jara y Schroeder en un proyecto al que Larrondo caracterizó como «bodega tipo cooperativa». A esa asociación pertenece la autoría del cartel «Neuquén para el mundo».

Tanto Ferracioli como Schroeder (dueño del grupo multimedio que encabeza «La Mañana» y propietario de una clínica de imágenes en Cipolletti) ya conocen de tierras fiscales y créditos estatales. Ambos se vieron beneficiados con el polo agrícola y vitivinícola de El Chañar: Ferracioli tiene allí 200 hectáreas, mientras que Schroeder obtuvo préstamos del Banco Provincia del Neuquén por un total de diez millones de pesos sólo para la inversión inicial. En El Chañar, Schroeder invirtió bajo el nombre de tres empresas: Pincen, María y Adelina SA y SAP Agrícola SA. «Río Negro» observó el nombre de la primera de ellas en el lateral de un tractor cargado de materiales para riego estacionado en una parcela ubicada al lado del canal de Añelo.

Pero las obras desarrolladas hasta ahora están lejos de ser las que se esperaban según el cronograma original. Y las culpas por el atraso se las reparten mutuamente el Estado y las empresas.

Para Larrondo, el caso Añelo significa una «pelea permanente» con los inversores. «Porque todo bien cuando (las empresas) se presentan a licitación. Ahora después, cuando tienen que empezar a poner los tejos realmente, empiezan a especular en los tiempos. Y para nosotros no hay especulación que valga», afirmó. En ese mismo tono, amenazó con iniciar procesos de retrocesión de las tierras en caso de que los empresarios no inviertan. «El que no invierta, se va», enfatizó.

Aunque luego, ante la pregunta de cómo reaccionaron las empresas a las intimaciones enviadas por el gobierno a las empresas, admitió: «¿Sabés lo que pasa? Yo a veces me quiero poner del otro lado del mostrador y digo: Yo me largo a hacer todo esto, invierto en alambrado, invierto en la casa. ¿Qué pasa si pasan dos, tres, cuatro años y la provincia no me hace la obra eléctrica? Si lo mínimo que necesitan es la infraestructura y la provincia no se la pone, es imposible que se pueda hacer una inversión por parte de los privados de 5 millones de pesos fuera de su proyecto para traer la energía».

Hay versiones distintas de la manera en que se concretaría esta obra: según Larrondo se llevaría una línea de alta tensión desde El Chañar hasta Añelo por un costo de 4 millones y medio de pesos, mientras que para el intendente de Añelo eso es imposible. Izaza adelantó que el tendido se hará desde Portezuelo, con un empalme a la altura de Loma de la Lata. En lo que habría acuerdo es en los plazos de construcción: la licitación se haría este año y culminaría en agosto del 2006. «El gobernador dio una instrucción muy fuerte al ministerio de empresas públicas y al EPEN para que se comience el proceso de licitación ya. Así que estimamos que la obra se va a comenzar en febrero o marzo del año que viene, y que para el mes de agosto estaría terminada. Inclusive coincide con el momento en donde hay que empezar a plantar», declaró el funcionario.

Sin embargo, los empresarios parecen tener una apreciación distinta. «Estoy a la espera de un crédito, si no esta obra no se puede hacer.

Necesitamos entre dos y tres millones de pesos porque hoy la fruticultura pierde plata», admitió Ferracioli. «Se necesita un crédito a muy largo plazo y a baja tasa, pero no sé cuánto tiempo puede llegar a pasar para concretar la inversión».

Consultados por «Río Negro» sobre la existencia de un pedido similar, desde el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) informaron que todavía no tienen ninguna indicación de financiar este tipo de emprendimientos.

ALFREDO JARAMILLO

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