Casi 180.000 dólares para abogados de la Fiscalía

VIEDMA (AV).- Media docena de abogados de la Fiscalía de Estado cobraron por honorarios casi 180.000 dólares en bonos sólo en un expediente por reclamos de aportes extraordinarios de jubilados.

En un análisis discriminado de pagos por acuerdos judiciales se advirtió que los representantes legales de la Provincia accedieron a aquella cantidad en títulos públicos.

Según una reciente investigación de «Río Negro», la provincia pagó cerca de 17 millones de pesos en bonos Río III (comenzarán a canjearse mensualmente en pesos en 2005 y vencerán en 2015). Esos desembolsos de títulos incluyó aportes en favor de abogados por juicios contra el Estado.

Durante la semana, el representante de la UnTER, Ariel Gallinger aceptó haber recibido una suma superior a 1,7 millón de Río III pero aclaró que el total fue de 3.732.062,50 pesos, cancelados en aquellos bonos y en Cedepir. Se trata de 34 acuerdos judiciales, con 685 jubilados.

Además, el abogado gremial explicó que sus honorarios fueron 296.000 pesos (cobrados en Cedepir) y manifestó que el último pago en su cuenta comitente de 1.703.422 en Río III se trata de capital para los jubilados (que después repartió entre cada demandante), como también, incluía 173.543 bonos para «honorarios de los abogados de la Fiscalía de Estado» (ver aparte).

«Fue un pedido expreso de esos abogados de la Fiscalía que esos honorarios se depositen en mi cuenta», reconoció Gallinger. Esta pretensión está ratificada en notas enviadas por los representantes provinciales a la Cámara donde piden que sus honorarios se le depositen a Gallinger, quien despues haría las transferencias a sus colegas de la Fiscalía.

Según los acuerdos del expediente los abogados de Fiscalía con honorarios acreditados en la cuenta comitente de Gallinger fueron Sandra Bombardieri, Juan Correa, Carlos Larrañaga,Ignacio Racca, Sergio Pérez Becchio y Eduardo Martirena. La abogada Bombardieri sumó unos 100.000 Río III pero todos los honorarios tiene un igual mecanismo de reparto: un 50 por ciento para el abogado participante y el resto se distribuye entre todos los abogados y empleados.

Por contrato o por planta permanente, el sueldo de los profesionales de Fiscalía de Estado ronda de 1.500 a 1.700 pesos mensuales. En el organismo -que conduce Sergio Ceci- sobran las justificaciones por los honorarios propios. Por ejemplo, se destaca que esos desembolsos -que regula la Camara Laboral- sólo corresponde a partes de las demandas que salen favorables a la provincia. La cuestión es sencilla en estos expedientes por aportes extraordinarios a la ex Caja de Previsión: la prescripción en causas previsionales vence a los 2 años de iniciada la demanda entonces los descuentos que superaban esa fecha quedaban automáticamente prescriptos, por lo cual, se considera favorable a la provincia. Los abogados de Fiscalía cobran honorarios en relación a la parte prescripta.

Asimismo, se niega que los honorarios salgan de la provincia porque los bonos transferidos pertenecen a los demandantes, que derivan a los abogados provinciales parte de sus acreencias, según se evalúa en la Fiscalia.

Aclaran sobre honorarios

El representante legal de Unter, Ariel Gallinger admitió una transferencia de 1.876.956 Río III a una cuenta propia, destinados a «capital adeudado a 685 jubilados que reclamaron el reintegro del aporte de emergencia» y «honorarios de abogados de la Fiscalía de Estado». También, recordó que los mismos jubilados cobraron 3.378.500 Cedepir. Estos títulos ya se están pagando en cuotas mensuales y su vencimiento opera totalmente en 2002.

En cambio, Gallinger explicó que sus honorarios en este reclamo judicial sumaron 296.178,16 pesos, que fueron cobrados en Cedepir.

La demanda iniciada por los 685jubilados totalizó 3.731.062,50 pesos, le correspondió por honorarios el equivalente al 7,93 por ciento y destacó que no percibió un solo centavo en concepto de pacto de cuota litis o participación en las sumas cobradas por los jubilados».

Por otra parte, Gallinger entregó copias de los 34 expedientes judiciales, «las transferencias realizadas por la provincia a la cuenta y constancias expedidas por la Caja de Valores SA en relación a las transferencia realizadas a los jubilados».

Afirmó que una quincena de jubilados no aceptó el acuerdo firmado con la Fiscalía de Estado y seguirán adelante el juicio contra la provincia. Además, entre 15 ó 20 beneficiarios no pudieron ser ubicados y se pedirá a la Camara Laboral abrir una cuenta especial para asignar esas sumas para los diferentes herederos.