Reformismo de ocasión

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Hasta no hace mucho el desempeño de los partidos políticos se evaluaba desde la antinomia reformismo-antirreformismo. Hoy parece contar poco esa contradicción desde el momento en que nuestros mundos partidarios fueron mutando de tal manera que merecen observarse desde otros prismas también binarios. Partidos clientelares en oposición a partidos de ciudadanos. Aquellos modernos negando a los de tradición. Pragmáticos versus los de principios. Y la lista de términos enfrentados es extensísima si tomamos las nuevas definiciones que hablan de partidos presidencialistas, de opinión, colectores, efímeros, de alquiler, entre otros. Aquellos pares y los que surgen de estas otras definiciones -en gran medida descalificatorias-, además de su carácter analítico y descriptivo, son útiles porque ofrecen cierta referencia para sus propios protagonistas siempre en lucha por mejorar la legitimidad de origen y también de ejercicio. Sin duda, la primera de las antinomias sigue siendo válida, sobre todo cuando alguna organización partidaria ha encarado iniciativas que parecen ser rupturistas con su historia reciente.

En el ámbito nacional, el Partido Socialista siempre fue destacado como el reformista por excelencia. Su reformismo tuvo intensidad variable, pero nunca se le negó un poderoso activismo en ámbitos tan diversos como el cambio electoral, las políticas laborales, universitarias, culturales, tributarias entre otras. Es cierto que ese socialismo no siempre pudo llevar a cabo su plan reformista, debido a sus reveses electorales y consecuentemente por no lograr contar con el número suficiente de voces en los centros de toma de decisiones. Aunque también porque sus propuestas fueron tomadas por otros muy distintos a ellos. Sucedió con los reformistas liberales y conservadores de principios de siglo XX. Y en otras ocasiones, por la llegada de un liderazgo poco escrupuloso a la hora de canalizar iniciativas de ese socialismo reformista o de otras variantes que contaban con similares programas de cambios. El peronismo fue parte de esa experiencia, un tanto oportunista y otro tanto cargado de vocación renovadora. También estaba la voluntad de ganar legitimidad popular. De allí que gran parte de la Argentina que emergió con la segunda mitad del siglo pasado se alimentó de un reformismo que resultó muchas veces inacabado.

En nuestras provincias existen experiencias con cierta dosis de vocación reformista mezclada de porciones variables de oportunismo. Hasta podría caber en el molde de un «reformismo de ocasión», en tanto su principal desafío es sostener un difuso discurso del cambio que a su vez tiene por delante mayor legitimidad de ejercicio. Y el Movimiento Popular Neuquino es un buen caso de este tipo de voluntad transformadora.

En los últimos veinte años la tensión reformismo/antirreformismo tuvo sus batallas memorables dentro del partido provincial. Ejemplo de ello fue el conjunto de acciones que siguieron apenas alumbró la democracia en 1983, tiempo en que un sector de dirigentes parecía dejar atrás la idea de movimiento y empezaba a imaginar al MPN bajo una fórmula menos pretensiosa. Este «partido» debía ser una parte de un todo, de la misma manera que el peronismo de la renovación de Antonio Cafiero pensaba su propia realidad en competencia y dentro de un conjunto plural. Y ello se tradujo en la búsqueda de un parlamento con muchas voces. Es así que se planteó el reemplazo del formato mayoritario para la conformación de la Legislatura en la que el ganador se llevaba el 3/5 de las bancas y los 2/5 restantes eran para el segundo, dejando con las manos vacías a los terceros, cuartos, quintos y los que siguieran. Esa fórmula inequitativa operó en ese mismo año (1983) en que el PJ, por sumar apenas cinco votos más que la UCR, se quedó con el bloque de diez diputados reservado a la minoría. Diez años después llegó la nueva fórmula basada en la proporcionalidad. Ocurrió en momentos en que sus impulsores iniciales comenzaban a perder las bases de una legitimidad de origen frente a un tiempo de promesas cada vez más inclumplidas. Legitimidad que aquel MPN encabezado por el primer Sobisch había logrado desde la lógica de un partido dispuesto a pelearse con sus propios partidarios. Como promotores del reformismo contra el tradicionalismo imperante en sus propias filas lograron ganar apoyos «externos» para pensar en una renovación profunda de la política provincial.

Aun así ese reformismo aplicado a un nueva institucionalidad no logró el consenso mayoritario que hubiera requerido tal cual lo reflejó el resultado del referéndum ratificatorio de marzo de 1994, donde de cuatro de cada diez se manifestaron en desacuerdo y sumó un abstencionismo electoral superior en más de 10 puntos al registrado en otras elecciones. En aquella época el gobernador había confundido referéndum con plebiscito a su gestión. Algo similar ocurrió un mes después con la campaña para la elección de convencionales nacionales. El Sobisch de ese momento procuró transformar esa elección en un plebiscito a sus acciones de gobierno. Una profusa propaganda donde la figura del gobernador extendía uno de sus brazos y se hablaba de rutas, puentes y tendido de acueductos en la provincia; junto con el tema votado un mes antes favorable a una Legislatura pluralista, para después levantar consignas contrarias al pactismo entre Menem y Alfonsín, daba cuenta nuevamente de querer plebiscitar su propia gestión de gobierno. Aquí tampoco las cosas salieron como se esperaba. Sobrevino la derrota del MPN a manos de Jaime de Nevares.

Una década más tarde se planteó otro impulso reformista. Nuevamente la búsqueda de una legitimidad mayor, en sintonía con una carrera presidencialista, enrareció las eventuales necesidades de actualizar la Constitución provincial. En esa ocasión, los apoyos externos no se dieron de cara a la opinión pública, sino procurando desgajar un par de piezas de uno de los bloques de convencionales que habían arribado a la Convención con vocabulario opositor. Este reformismo de ocasión tenía una fuerte carga de oportunismo por inscribirlo en una arena electoral de naturaleza diferente.

En estos días el reformismo en manos emepenistas toma ideas de la experiencia «reparatoria» del primer Kirchner, cuando promovió en sus primeros meses el cambio de una Suprema Corte desprestigiada. La iniciativa del gobernador Sapag, que autolimita el rol del Ejecutivo en la designación de los vocales integrantes del TSJ, siguiendo ese mismo camino se inscribe dentro de ese reformismo de ocasión. Sin embargo y a diferencia de aquellos dos momentos reformistas anteriores, donde el objetivo plebiscitario se puso en movimiento, el nuevo tiempo de Sapag parece poner en juego acciones reparatorias para una mayor legitimidad de ejercicio.

GABRIEL RAFART (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Profesor de Derecho Político de la UNC