El Estado capturado
Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577
General Roca
Etiología de los hechos: Milei era sincero cuando decía que con la motosierra todo se arreglaba, (entiéndase por motosierra, gastos de la política); cuando fue ungido presidente y se anotició o lo anoticiaron de cómo era la cosa y que con solo suprimir esos gastos no alcanzaba y ante el ofrecimiento de Caputo de aceptar el cargo de ministro de Economía, Milei sin dudarlo le tiró el cargo por la cabeza.
Caputo seguramente habrá dicho para sus adentros “papita para el loro” y en seguida mandó a Sturzenegger para que le redactaran en un estudio de abogados de los principales monopolios el DNU.
La OCDE recomendó fortalecer y afianzar los procesos de identificación y gestión de los conflictos de intereses. No vemos en todo el proceso que llevo a la elaboración del DNU la implementación de ningún mecanismo para gestionar los conflictos de intereses existentes. No hubo pedidos de abstención o recomendación jurídica en las áreas competentes. A decir verdad el DNU no tuvo ni siquiera el trámite administrativo que corresponde.
Tampoco aquí hubo ningún protocolo anticorrupción para defender la seguridad jurídica, sino tan solo la influencia desatada del interés privado plasmado en un decreto trabajado por fuera de la administración pública.
¿Cuál es el propósito por el cual alguien que no desempeña la función pública interviene de esta manera en la generación de políticas?
La respuesta más evidente es que procura evitar las responsabilidades que implica la función pública. Operar por afuera de la función pública para evitar cualquier tipo de control. No sabemos cómo tomó sus decisiones, con quienes se reunió, con quienes trabaja, desconocemos los expedientes administrativos donde obran los antecedentes de su proyecto o iniciativa.
Personas con funciones pero sin ser funcionarios escapan a los deberes propio de la ética, patrimonial ni conflicto de intereses. No publican sus audiencias ni registran sus viajes u obsequios.
Pues bien, si el Estado es capturado por empresas e intereses privados y el mercado actúa sin el contrapeso marcado por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales solo queda esperar la pedagogía de la crueldad que ejerce quien es más fuerte en los intercambios mercantiles: las empresas de la medicina prepaga, los laboratorios, las empresas de comunicaciones, los grandes fabricantes de alimentos, los monopolios en general, estos son algunos ejemplos.
En esa línea argumenta la OCDE que cuando las decisiones de de políticas públicas favorecen intereses particulares en detrimento del interés público, las desigualdades se exacerban y se ven socavada la democracia y el crecimiento económico y la confianza en el gobierno.
