Clientes y enemigos

https://www.rionegro.com.ar/clientes-y-enemigos-LJHRN0108075492107/

Aunque los piqueteros cuentan con el apoyo entusiasta de los gremios estatales más combativos que los consideran aliados valiosos en la lucha que están librando contra el sector privado, tanto el accionar de los grupos de presuntos desocupados que están cortando rutas a lo ancho y lo largo del país como los esfuerzos del gobierno por tranquilizarlos se basan en el presupuesto, sin duda justificado, de que en su forma actual el Estado sencillamente no está en condiciones de atenuar el impacto social de la crisis económica. Si lo estuviera, se encargaría de repartir de la manera más equitativa la ayuda disponible, asegurando que llegara a los más necesitados y no sólo a los más beligerantes, pero, claro está, dicha tarea fundamental es demasiado complicada para la administración pública existente, razón por la que el gobierno ha optado por pedirles a los dirigentes piqueteros hacerlo, entregándoles una cantidad importante de «planes Trabajar» para que los distribuyan a su antojo. Así, pues, el gobierno nacional está subsidiando a un movimiento de protesta que está encabezado por personas que nunca han vacilado en proclamarse resueltas a frustrar virtualmente todas sus iniciativas.

De todos modos, a pesar de la retórica estatista de los jefes piqueteros y de su muy buena relación con los gremios que representan a los estatales, en el fondo estamos asistiendo a otro avance del sector privado a costa del público, de la «tercerización» de servicios determinados a causa de la inoperancia evidente de los que en teoría deberían estar brindándolos. Por supuesto que no es cuestión de una novedad. Por el contrario, toda vez que el crónico drama social amenaza con volverse aún más violento, el gobierno de turno se siente constreñido a buscar la ayuda de otras organizaciones a su juicio más eficaces que el Estado, trátense antes de 1983 de las fuerzas armadas y, a partir de aquel año, de los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica o, últimamente, los piqueteros. Para colmo, estamos tan acostumbrados a esta realidad, que muy pocos la encuentran aberrante.

Desde hace muchas décadas casi todos los gobiernos se han creído obligados a «reformar el Estado», empresa que no les ha hecho ninguna gracia, pero si bien en ocasiones algunos funcionarios se han permitido hablar de la conveniencia de intentar mejorar su desempeño, tales sugerencias nunca han prosperado debido a la resistencia acaso comprensible de quienes entienden que los perjudicaría el reemplazo del sector público clientelista por otro regido por criterios no partidarios. Es por eso que en nuestro país la palabra «reforma» se ha hecho sinónimo de «ajuste», como si el único problema que debería preocuparnos fuera el costo excesivo del Estado, aunque en comparación con otros países el gasto público argentino dista de ser llamativamente alto. Puede que en la coyuntura actual sí lo sea, pero ocurre que entre los motivos del desbarajuste económico está la incapacidad patente del Estado, sea el nacional, los provinciales o los municipales, de cumplir tareas tan básicas como las supuestas por la recaudación de los impuestos y el reparto de ayuda en tiempos de emergencia.

Convocar a otros organismos políticos o religiosos que, huelga decirlo, siempre propenden a aprovechar la oportunidad en beneficio propio, cuando el Estado se siente desbordado es una modalidad decididamente primitiva que ha sido típica de épocas de gran confusión en que el gobierno formal se consideraba meramente una banda entre otras y por lo tanto obligado a apaciguar a sus rivales permitiéndoles compartir los ingresos públicos. Al decidir que dadas las circunstancias les resultaría mejor subsidiar a los piqueteros, tratándolos como contratados, con la esperanza de «integrarlos» al sistema político real -el que, obvio es decirlo, no tiene mucho que ver con el formal-, el gobierno ha confirmado, si esto fuera necesario, que en la Argentina el sector público no se asemeja para nada a las instituciones del mismo nombre del Primer Mundo, sino que sigue siendo una inmensa caja política cuya función principal consiste en premiar a las agrupaciones más amenazadoras.