Silencio aleccionador

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Como sabemos, la Argentina se ha precipitado en una crisis financiera profunda que podría significar el colapso de la economía nacional, seguido por una serie de convulsiones sociales y políticas que la privaría de cualquier posibilidad de transformarse en un país moderno. Frente a una emergencia tan grave, uno supondría que los partidos políticos, además de distintas organizaciones empresarias, profesionales y religiosas, estarían reclamando medidas encaminadas a permitirle superar las dificultades actuales. Así las cosas, sorprende lo escaso que ha sido el interés manifestado por los muchos que dicen oponerse a cualquier ajuste en una alternativa que, en teoría por lo menos, podría eliminar la necesidad de emprenderlos, el supuesto por la evasión impositiva.

Aunque es claramente imposible determinar el monto exacto que alcanza la evasión impositiva en el país, el que sea habitual hablar de una cifra superior a los 25.000 millones de pesos anuales supone que si las autoridades trabajaran con más eficacia no sería preciso reducir las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Pero si bien el presidente Fernando de la Rúa ha afirmado por enésima vez estar decidido a probar suerte con métodos más expeditivos, formando tribunales especiales, no hay señal alguna de que el gobierno esté resuelto a introducir cambios realmente revolucionarios, ni que la ciudadanía se haya propuesto presionarlo para que lo haga. Por el contrario, a juzgar por la afirmación reciente del administrador federal de Ingresos Públicos, Héctor Rodríguez, según la cual las autoridades no están en condiciones de asegurar que todas las grandes empresas paguen sus impuestos, nada está por cambiar.

El que la evasión fiscal en gran escala no figure entre las prioridades del gobierno ni de los demás, nos ayuda a entender las causas básicas de esta crisis que amenaza con destruir al país. Parecería que nadie cree que sea factible concretar una tarea que desde que el mundo es mundo ha sido primordial para todo gobierno que se precie. Sugerir que el Estado argentino debería ser capaz de identificar a los responsables de apropiarse de aquellos «25.000 millones de pesos» para entonces obligarlos a entregarlos es considerado extravagante: todos, empezando con los estatales mismos, saben que es absurdo suponer que en nuestro país una repartición pública pudiera cumplir con un deber tan fundamental. Además, no es ningún secreto que muchos, acaso la mayoría de los ciudadanos, supongan que la evasión es natural -¿por qué abonar impuestos si el Estado no provee servicios decentes?, se preguntan- y será por eso que no se celebran marchas de protesta masiva en reclamo de una política de mano dura y los obispos se niegan a vapulear a los evasores con la misma vehemencia de la que hacen gala cuando tienen en la mira a «los liberales».

Para que «la solidaridad» y «equidad» de que tantos hablan se conviertan en algo más que palabras agradables, será necesario que las autoridades reduzcan la evasión impositiva a niveles menos escandalosos. Por cierto, en vista de que según muchos la crisis podría resultar terminal, les convendría a todos que en esta ocasión la «ofensiva» no se limitara a la persecución de quiosqueros. A menos que los «25.000 millones de pesos» de los cuales se hablan sólo existan en la imaginación de los funcionarios, los economistas y los que se han dedicado a investigar el fenómeno, miles de personas muy ricas que deberían estar entre rejas andan sueltas en el país. ¿Es imposible saber quiénes son? ¿Son tan hábiles que se han vuelto intocables? ¿O es que se benefician de la protección de políticos y funcionarios que anteponen su amistad por delincuentes a sus deberes para con la inmensa mayoría de sus compatriotas? Sea cual fuere la causa de la inoperancia gubernamental, si las autoridades impositivas nacionales son incapaces de «luchar» contra la evasión, les corresponde actuar como hacen la policía o los servicios de inteligencia en circunstancias similares pidiendo la ayuda de colegas extranjeros que en sus propios países aseguran que el destino más probable de un evasor importante no sea una mansión lujosa, sino una celda en una cárcel común.