El conflicto más costoso
La "lucha contra el ajuste" es autodestructiva. Paros y cortes de ruta empobrecen aún más a los ya depauperados.
Aunque los gremios docentes, lo mismo que todos aquellos que representan a distintos grupos de empleados públicos, dicen estar luchando contra la ley de déficit cero, los afiliados entenderán muy bien que en esta ocasión por lo menos los recursos son físicamente limitados y que por lo tanto los eventuales logros de su propio sector obligarían a otros a ajustarse todavía más, realidad ésta que por motivos ideológicos los dirigentes no están dispuestos a asumir. Con todo, hasta los docentes más combativos y politizados saben que las víctimas principales de sus medidas de fuerza no son los banqueros, acreedores o «neoliberales» que según ellos son los responsables del desbarajuste actual, sino los niños, sobre todo los más pobres, que sin una educación adecuada se verán condenados a la marginación. En efecto, si no fuera por la conciencia de tantos maestros de que los paros docentes contribuyen a agravar una crisis social, es decir, «humana», ya calamitosa, la educación pública se hubiera hundido hace décadas. Lo que la ha mantenido a flote no ha sido el presupuesto educativo, sino la dedicación de decenas de miles de personas que han antepuesto su vocación al dinero aunque incluso las más comprometidas con la educación necesitan tener un ingreso, por modesto que fuera, para poder sobrevivir.
El ajuste que está en marcha y que resultará más severo de lo que muchos quisieran prever no es producto de la voluntad de políticos «derechistas» ni de ningún grupo determinado, sino del hecho innegable de que el país ha agotado su crédito y en consecuencia el Estado no tiene otra alternativa que la de depender de los impuestos que está en condiciones de recaudar. Dadas las circunstancias, pues, la «lucha contra el ajuste» es intrínsecamente autodestructiva: todos los paros, los cortes de ruta y otras formas de protestar resultarán contraproducentes al empobrecer aún más a los ya depauperados. Adaptarse a la situación así creada no es fácil para nadie. Es por lo tanto comprensible que casi todos los políticos, sindicalistas y otros hayan continuado actuando como si el hecho de encontrarse en la antesala del cese de pagos fuera sólo un episodio más, no un desastre que ha cambiado radicalmente las opciones frente al país. Asimismo, los docentes saben que si no protestan ahora se verán postergados una vez más en la lucha feroz que se ha desatado por aquellos mendrugos que aún quedan de la torta nacional. Por eso, era previsible que los sindicatos del sector reaccionarían frente a la crisis de la manera tradicional, declarándose en huelga y realizando manifestaciones de diverso tipo. Estos paros activos no les permitirán «derrotar» la ley del déficit cero – aun cuando todos los políticos, sindicalistas y jueces del país la proclamaran nula, lo único que conseguirían sería garantizar que poco después se produjera un ajuste incomparablemente más cruel y totalmente indiscriminado-, pero deberían servir para recordarles a los demás que si hay un sector cuyos problemas merecen ser tratados como prioritarios es el conformado por los maestros.
Abrumado por la crisis, el gobierno, acompañado bajo protesta por el grueso de la clase política, ha intentado mantener a raya el espectro del «default» ordenando un corte horizontal, y todo hace pensar que en los próximos meses tendrá que reducir todavía más el gasto público y que al Estado le espera largos años de austeridad extrema. Entre los dilemas que tendrán que afrontar tanto el gobierno del presidente Fernando de la Rúa como los siguientes pocos podrían considerarse más importantes que el planteado por la educación pública. Por cierto, el país no podrá darse el lujo de permitir que sigan agravándose los conflictos que ya han provocado la suspensión de las actividades académicas en buena parte del territorio nacional. A menos que se las arregle para atenuar el impacto de los cortes sobre este sector habitualmente postergado, no habrá ninguna posibilidad de que una vez superadas las dificultades financieras actuales la Argentina esté preparada para prosperar en un mundo en el que, como todos ya saben, el nivel educativo de la población es absolutamente fundamental.
Aunque los gremios docentes, lo mismo que todos aquellos que representan a distintos grupos de empleados públicos, dicen estar luchando contra la ley de déficit cero, los afiliados entenderán muy bien que en esta ocasión por lo menos los recursos son físicamente limitados y que por lo tanto los eventuales logros de su propio sector obligarían a otros a ajustarse todavía más, realidad ésta que por motivos ideológicos los dirigentes no están dispuestos a asumir. Con todo, hasta los docentes más combativos y politizados saben que las víctimas principales de sus medidas de fuerza no son los banqueros, acreedores o "neoliberales" que según ellos son los responsables del desbarajuste actual, sino los niños, sobre todo los más pobres, que sin una educación adecuada se verán condenados a la marginación. En efecto, si no fuera por la conciencia de tantos maestros de que los paros docentes contribuyen a agravar una crisis social, es decir, "humana", ya calamitosa, la educación pública se hubiera hundido hace décadas. Lo que la ha mantenido a flote no ha sido el presupuesto educativo, sino la dedicación de decenas de miles de personas que han antepuesto su vocación al dinero aunque incluso las más comprometidas con la educación necesitan tener un ingreso, por modesto que fuera, para poder sobrevivir.
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