El staff que cuida los intereses del Estado en Río Negro cuesta 3.700 millones de pesos
La Fiscalía de Estado tiene una estructura de 73 agentes de los cuáles 44 son abogados y abogadas que revisan cada expediente administrativo que afecte al patrimonio público y litiga en nombre de la Provincia.
La Fiscalía de Estado de Río Negro tiene su sede central y el mayor equipo en Viedma, pero también delegaciones en otras ciudades. Foto: Marcelo Ochoa
La Fiscalía de Estado tiene un plantel importante de abogados que intervienen en cada tema legal del gobierno de Río Negro, no solo en la representación en los litigios judiciales sino también en el control de los actos de la administración pública en las que existan cuestiones patrimoniales involucradas, con una caja de 3.723 millones de pesos anuales, de los cuales más del 95% va destinado a cubrir salarios.
El organismo funciona como una especie de sombra legal de la gestión, que desde 2020 está bajo el comando de Gastón Pérez Estevan, un dirigente y abogado viedmense cercano al gobernador Alberto Weretilneck, que durante su anterior gestión fue ministro de Seguridad y Justicia y en diciembre de 2023, cuando asumió el tercer mandato lo ratificó como fiscal de Estado, aunque al área llegó promovido por la exmandataria Arabela Carreras.
Pérez Estevan tiene un presupuesto oficial de 3.722.999.994 pesos, que significa un 35% de lo que se lleva la cartera de Energía, valorada y ponderada en la actual gestión donde se concentran los proyectos de inversión. Todos son recursos del tesoro provincial, que casi de manera íntegra van destinados a cubrir los salarios de un plantel de 73 agentes, de los cuales 63 son de planta permanente, 7 temporarios y 3 autoridades superiores, según consta en el presupuesto 2025 aprobado por la Legislatura provincial.
Del staff, 44 son abogados que intervienen en el “control de legalidad” de todos los expedientes de la administración pública provincial y en la defensa en juicio del patrimonio de la provincia, según precisó Pérez Estevan semanas atrás, en la respuesta oficial a un pedido de informes que el año pasado impulsó el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).
La intención del legislador era profundizar en un contrato polémico porque la Fiscalía de Estado a fines de 2024 autorizó y contrató de manera directa al especialista en derecho administrativo Roberto Dromi, con un acuerdo de pago de unos 100 millones de pesos por sus servicios durante dos años, a una razón de 4 millones de pesos mensuales. Sin embargo, ese contrato tuvo corta duración porque se aprobó el 8 de noviembre y se rescindió el 26 de diciembre, luego de que el 24 de noviembre se conociera la muerte del letrado.
La explicación de la contratación fue un “asesoramiento jurídico particular, específico y especializado” para que el abogado, ajeno a la estructura estatal, intervenga en temas específicos relacionados a la vinculación con Nación.
Para Delgado Sempé, que anteriormente había denunciado la contratación, se trató de un dispendio del fiscal: “¿No es mejor mandar a capacitar a los abogados que tienen, en vez de salir a contratar externos?”, se preguntó, aunque ya ese convenio no tenga validez.
Pero además el legislador opositor señaló a Pérez Estevan por el ingreso de los abogados del Estado por “afinidad política” y no hay concursos. En el pedido de informes, el organismo solo respondió que el mecanismo de contratación es el que rige para todo el Estado, sin mayores precisiones.
Crece la judicalización de la política
Pérez Estevan dio datos del trabajo de los abogados del Estado y las intervenciones que realizaron en el transcurso del 2024 y deslizó: “Se observará un claro déficit de personal en atención a la alta demanda existente en ambas áreas (control de legalidad y judicial), dada principalmente por la alta litigiosidad experimentada a nivel judicial en el último tiempo”. Alude a la constante y creciente ‘judicialización de la política’ —como sugirió alguna vez una jueza—, un tema que también se advierte en el Poder Judicial porque cada falta de respuesta de un organismo del Estado a un ciudadano, en materia de salud, por ejemplo, la discusión se traslada a esa órbita.
La Fiscalía de Estado tiene su plantel de abogados distribuidos en Viedma, con 18 letrados en “control de legalidad” y 11 en judicial; cinco en Roca; cinco en Bariloche; cuatro en Cipolletti y dos en Buenos Aires. Del total, hay 43 de planta permanente y transitoria, y un adscripto, además de tres funcionarios abogados y un cargo de jerarquía.
No se abundó en que los abogados del Estado que litigan en nombre de la Provincia además de su salario por parte del organismo reciben los honorarios que define el juez en cada causa en la que intervienen, al igual que los letrados privados.
En concreto, el fiscal de Estado enumeró que en el área de “control de legalidad”, que se ocupa de revisar toda la documentación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, empresas públicas, entes provinciales y organismos de control, “siempre que existan cuestiones patrimoniales involucradas”, el plantel tuvo vista de notificaciones, providencias y pliego de bases y condiciones con 9.964 intervenciones sobre expedientes.
En los temas de litigios judiciales, actuaron con 10.434 intervenciones, algunas de las cuales son meras formalidades y otras consisten en casos de mayor complejidad como puede ser, por ejemplo, el juicio por la estafa al Ipross que llevó gran parte del 2024 en los tribunales de Roca.
Desde la oposición se impulsó que los abogados de Fiscalía de Estado intervengan en los casos en una segunda instancia, pero de manera contraria se mantiene desde el inicio del expediente muchas veces duplicándose las tareas con los asesores legales de los organismos demandados. También, se impulsó que se desista de aplicar costas a los demandantes que promueven causas contra el Estado por diversos motivos y tampoco se hizo lugar.
La Fiscalía de Estado tuvo tres titulares desde 2011 a la actualidad: Pablo Bergonzi (2011-2014); Julián Fernández Eguía (2014-2020) y Gastón Pérez Estevan (desde octubre 2020).
Acuerdo para capacitaciones
Esta semana el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, firmó un convenio de colaboración académica entre el organismo y la Procuración del Tesoro de la Nación para la capacitación de los abogados que defienden los intereses públicos de la provincia.
El convenio por la parte federal fue firmado por el procurador del Tesoro, Santiago María Castro Videla, con quien se avanzó en la implementación de la especialización federal en Abogacía del Estado, destinada a egresados de la diplomatura en la misma carrera.
“Este nuevo trayecto formativo permitirá seguir dotando a abogados y abogadas del Estado de herramientas clave para el ejercicio de la representación legal y el asesoramiento en la administración pública”, destacó el Gobierno al difundir el acuerdo que suma a la oferta de formación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Río Negro, dependiente de la Fiscalía de Estado.
Desde el Gobierno se valoró el compromiso con “una gestión jurídica moderna, eficiente y transparente”.
La Fiscalía de Estado tiene un plantel importante de abogados que intervienen en cada tema legal del gobierno de Río Negro, no solo en la representación en los litigios judiciales sino también en el control de los actos de la administración pública en las que existan cuestiones patrimoniales involucradas, con una caja de 3.723 millones de pesos anuales, de los cuales más del 95% va destinado a cubrir salarios.
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