Estatales: las licencias médicas bajaron un 12% en Río Negro durante el primer cuatrimestre del 2025

En el período enero-abril, Río Negro abonó 56.612 días a estatales ausentes por enfermedad. En igual lapso del 2024 sumaron 64.220 jornadas. El gobierno provincial calcula un impacto mayor porque evalúa el número de solicitudes realizadas.

El control privado de las licencias médicas de los estatales cumplió diez meses, con una reducción evidente de las ausencias por el simple motivo de que, previamente, no existía fiscalización y el Estado provincial abonaba por la totalidad de las solicitudes presentadas.

En abril, la plantilla de ausentes por enfermedad sumó 5.743 empleados, que equivale al 11% del total de los agentes del Ejecutivo.

El promedio pedido rondó casi seis días por cada solicitud, pero la media de las licencias aceptadas fue de algo más de tres jornadas.

El gobierno rionegrino resaltó el resultado por el “ahorro” de fondos públicos, generado a partir de los permisos médicos no autorizados por la consultora contratada.

Los gremios -especialmente, la Unter- cuestionan que el sistema implementado viola derechos porque fuerza a los agentes a trabajar enfermos.

La evaluación económica del Gobierno


La evaluación económica de la administración de Alberto Weretilneck se vincula con que la empresa Dienst rechazó -en promedio- la mitad de los certificados elevados por los agentes públicos para no concurrir a sus tareas por razones de enfermedad. Calculó, además, el monto que el Estado eludió de pagar por los días no autorizados y estimó un total por el costo de las jornadas laborales por sector.

Agentes licenciados

5.743
Empleados tuvieron licencias por razones médicas en abril, con un promedio de tres días y medio de ausencia.

Puntualmente, entre septiembre y abril se recepcionaron solicitudes por 291.042 jornadas por motivos de enfermedad y se autorizaron 149.967. El rechazo alcanzó el 48,5%.

Hay otro seguimiento del rendimiento del control y radica en las licencias abonadas.

Durante el inicial cuatrimestre del 2024, la Provincia autorizó 64.220 jornadas médicas, mientras que en el período enero-abril del presente año se autorizaron 56.612. En este caso, la caída fue de 7.608 días y se aproximó al 12%.

Ese análisis corrobora un impacto a la baja, aunque difiere en la contundencia de la conclusión gubernamental por el cruzamiento del número de solicitudes.


Las solicitudes de licencias


Este derrumbe también se detecta en el lapso de enero-abril del presente año cuando se otorgaron 56.612 días de licencias mientras los solicitados fueron 106.206. La porción del cuatrimestre no avalada rondó el 47%.

Ese porcentaje se sostiene en el abismo del registro de las solicitudes actuales con sus similares del año pasado, que luego se traducirían en efectivas ausencias abonadas porque no se efectivizaban controles.

Las presentaciones del primer cuatrimestre del 2024 llegaron a los 64.220 cuando en igual periodo del 2025 ascendieron a los 106.206. El crecimiento -que significó un 65%- se conforma en parte con un volumen ficticio porque se acumulan elevaciones repetidas por las observaciones, los rechazos o los recortes de la consultora.

En abril, un 11% de los agentes accedió a días de licencias médicas. Foto: Marcelo Ochoa.

En septiembre , Dients inició la fiscalización del personal del Poder Ejecutivo, que totalizó 52.000 agentes. El control se concentra en las licencias de corta duración del empleado y, también, de la atención de un familiar enfermo.

El ranking de inasistencias continúa con 637 agentes de Salud y 343 de la Policía, que se aproximan al 8% y al 4% de ausentes por motivos médicos, respectivamente. La nómina incluye un centenar en el IPROSS, con una inasistencia en abril por encima del 20%.

Se monitorea la salud laboral del personal, pero el objetivo es realizar un seguimiento efectivo de licencias médicas”.

Parte de la respuesta de Hacienda a un pedido de informe de la Legislatura.

El sistema ideado y promocionado se completa con que las ausencias denegadas no deben liquidarse en los salarios si el empleado no se reintegra a su trabajo. Pero, esa concreción depende de las direcciones de Recursos Humanos de los organismos y, en realidad, en Hacienda existen ciertas dudas si esos descuentos se cumplen, más allá de sus repetidos anuncios de ahorro.

Según el gobierno provincial, la política de control significó un “ahorro de 9.825.197.652 pesos en ocho meses de septiembre a abril».

El contrato con la consultora Dienst exige desde marzo algo más de 354 millones mensuales, por lo cual, el costo del 2025 se acercará a los 4.300 millones.


La información contractual fue remitida a la Legislatura por Hacienda tras diferentes pedidos de los bloques opositores, incluyendo presentaciones judiciales del presidente de la bancada de Vamos con Todos, José Luis Berros.

En abril, el registro indica que 5.743 estatales pidieron ausentarse por razones médicas, es decir, el 11% de la plantilla del Ejecutivo. El sector docente concentra el 42% de la planta de personal, pero, en relación a las licencias, su participación crece al 61%, con 3.508 empleados licenciados. Este número equivale al 16% del plantel docente.


Las razones de las licencias de los estatales


Las licencias comprenden ausencias por enfermedad del empleado y, también, por atención de familiar enfermo. Este acompañamiento representa entre un 28% a 30% del total de las presentaciones aceptadas.
Luego, las patologías más comunes indicadas en los certificados son registradas como “infección intestinal viral”, “lumbago ciático”, “influenza con neumonía”, “bronquitis”, “faringitis”, “laringitis”, “bronquiolitis”, “migraña”, “atención odontológica”, entre otros.

En su respuesta legislativa, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez expresa que el servicio contratado a Dients comprende “el monitoreo continuo de la salud laboral de los empleados públicos” aunque el “objetivo principal” es un seguimiento efectivo de licencias médicas, especialmente de corto plazo”.

Aquellas con más de 30 días de ausencia se derivan a las Juntas Médicas, que dependen de la Secretaría de la Función Pública.