El primer desalojo de Figueroa

De “represión sorpresa” hablaron los manifestantes que, el domingo pasado, fueron desalojados de la Casa de Gobierno tras cinco días de permanencia en reclamo de cuatro personerías para comunidades mapuche.

Habían pasado muchos años desde la última vez que una orden firmada por un fiscal realmente se cumplió. Rolando Figueroa, en el tren de “no llegamos hasta acá para que las cosas sigan igual”, cambió la ecuación y se abrió un conflicto con ribetes de todo tipo.

En el gobierno hablan de una “bomba” heredada por la gestión de Omar Gutiérrez, que fue quien prometió los reconocimientos en el estertor de su mandato, pero lo cierto es que la negociación en cabeza del ministro Jorge Tobares no venía conduciendo a nada.

Se admite que el funcionario compró tiempo durante meses con un acta ambigua que, al final del día, se interpretó como un compromiso de entregar las personerías reclamadas.

El diputado oficialista Francisco Lépore dijo esta semana en la sesión: “Nosotros dialogamos, pero también gobernamos”. La declamación buscó diferenciar la gestión de Figueroa con la anterior, sobre la que dio a entender que solucionaba los conflictos cediendo.

Lépore, como el jefe de bloque, Ernesto Novoa, fueron de los pocos que se hicieron cargo de la postura del gobierno sin hundirse en el sentimiento de culpa. El propio Tobares habló de “tristeza” tras el desalojo cuando la postura oficial fue que se enfrentaron prácticamente a una “extorsión” de los manifestantes que ameritó acudir a la justicia.

En ese tren quedó también el ala peronista de La Neuquinidad que, en algunos casos, se llamó al silencio y, en otros, salió a repudiar en voz bajita. El candidato a segundo diputado, Joaquín Perrén, firmó un comunicado de Conicet manifestando “preocupación” por el desalojo de las comunidades.

Lejos de contentar a sus pares universitarios que le reclamaban una toma de posición a favor del reclamo mapuche, terminó subiendo la vara y ahora le reclaman que renuncie a integrar la lista.

Si Figueroa buscaba atraer el voto peronista con Perrén, “una persona prestigiosa, de la ciencia, con trayectoria en la defensa de la universidad pública”, semejante intríngulis difícilmente ayude.

Pero, posiblemente, le permita reforzar afinidad con un electorado neuquino que pareciera más inclinado a la derecha, no necesariamente reflejado en los miles que participaron el jueves pasado de la marcha que repudió el desalojo en Casa de Gobierno.

Y al gobierno nacional no le preocuparía demasiado compartir el reparto de votos con la opción provincialista: por el contrario, a La Libertad Avanza le va a convenir siempre que haya senadores de fuerzas con las que pueda dialogar.

Sin embargo, hay otra arista que dejó el conflicto por las personerías mapuches y la orden de desalojar la protesta más allá del eventual mal humor social o su impacto electoral.

Dos días después del operativo policial en Casa de Gobierno, hubo una audiencia de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH donde la werken de Campo Maripe, Lorena Bravo, describió a los funcionarios de Washington “una represión feroz” contra autoridades mapuches, ancianos y niños por reclamar.

La reunión terminó con un pedido del organismo para que los Estados “cumplan sus obligaciones internacionales”, entre ellas, “reconocer la libre determinación y personería jurídica” de las comunidades.

Si bien por ahora político, el exhorto puede representar una mala nota para el gobierno de Neuquén en momentos donde busca atraer nuevos inversores a Vaca Muerta con la “paz social” como principal garantía.