La ampliación del ejido municipal de Junín de los Andes

Esta frase es muy interesante, y fue dicha hace ya unos cuantos años por un arquitecto italiano, experto en planeamiento territorial. Hoy vuelve a tomar vigencia en el caso que nos ocupa: la presentación realizada por dos productores rurales de Junín de los Andes, ante el Superior Tribunal de Justicia, patrocinados por el abogado Hugo Burgenick y otros dos profesionales, que tomó estado público en el «Río Negro» del domingo 25/11.

El proceso de descentralización de los años últimos y el fortalecimiento del poder local tienen estrecha relación con ese tema político: la participación de las comunidades en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder de policía, en el ejercicio del control ambiental y de las actividades económicas.

Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esa presentación legal? Más allá de los argumentos propios de abogados y para-abogados, el sentido común nos dice que los argumentos son otros. Sería muy interesante saber realmente por qué se oponen unos pocos ruralistas. A qué le tienen miedo.

Sería interesante saber por qué no recurrieron a los mecanismos que nos permite la democracia de la discusión frontal, la participación en las múltiples reuniones que se hicieron, los años de discusión en la Legislatura (desde el «95 que se iniciaron las gestiones).

Sería interesante saber por qué nunca se planteó ninguna inconstitucionalidad en la ampliación de otros ejidos municipales, como fue en 1994 el de San Martín de los Andes, que tuvo por objeto -entre otros- incorporar el cerro Chapelco a jurisdicción municipal. (Curiosamente, el abogado que hizo la presentación de los ruralistas es el mismo que era asesor legal del municipio de San Martín cuando se gestionó la ampliación del ejido y no presentó objeciones).

Este no es un problema de abogados y jueces, es un problema de las comunidades de la región que cada vez más van supliendo las funciones que antes eran exclusivamente de la provincia en la planificación del territorio y el control ambiental.

¿O acaso no es cierto el deterioro observable a simple vista en los distintos loteos de la región que son de jurisdicción de provincia? ¿Qué está pasando con Meliquina? ¿Con Río Hermoso? ¿Quién controla? ¿Qué pasó con el loteo «fantasma» de cerca de 4.000 lotes en inmediaciones del Lolog?

Con qué nos encontramos en los loteos de Huechulafquen y Quilquihue, que eran de jurisdicción provincial hasta su incorporación al ejido de Junín de los Andes: casas construidas sin presentación de planos, calles de dominio público alambradas impidiendo el acceso al río, efluentes vertidos sin control, tala de árboles. Todos loteos sin servicios, sin agua, sin calles, sin energía eléctrica.

Construcciones que no presentan documentaciones, que no pagan derechos, que alteran el ambiente.

¿Qué puede pasar cuando los más de tres mil lotes que hace varias décadas aprobó la provincia en el Huechulafquen se pueblen, sin controles de ninguna naturaleza? ¿Qué pasará con el agua del río Chimehuín, que es la fuente para el consumo de Junín de los Andes? ¿Qué pasará cuando pase lo mismo sobre el río Quilquihue desde su naciente en el Lolog? ¿En qué condiciones tomará el agua para consumo la ciudad de San Martín de los Andes? ¿Qué está pasando en Meliquina, que se está poblando aceleradamente sin ningún tipo de control, tanto en su estilo arquitectónico como en los servicios básicos?

Paradójicamente, se cuestiona a los loteadores (caso Vinelli) que hace años hicieron estos fraccionamientos y los sacaron a la venta, en un puro negocio inmobiliario. Pero, ¿por qué no preguntarnos quiénes eran los propietarios de esas tierras? ¿Quiénes fraccionaron tierras de semejante valor paisajístico y ambiental con criterio puramente lucrativo?

Esos loteos pertenecían todos a grandes establecimientos rurales, que lotearon tal vez «una puntita», unas mil hectáreas, o quinientas o cuatrocientas. Productores rurales, propietarios de inmensas superficies de tierra, que hicieron un muy buen negocio inmobiliario con esos loteos: sin servicios, sin apertura de calles, sin energía eléctrica, sin desagües de efluentes, sin agua potable.

Hoy nos encontramos como Estado tratando de minimizar el daño ambiental que significan esos loteos. La provincia -con un alto grado de irresponsabilidad- en la década del «70 aprobó estos loteos. Hoy podemos entender que se diseñaron sin los criterios ambientales y urbanísticos que hoy se manejan, pero nunca se debieron aprobar sin los servicios y sin las calles. Y allí están como están. ¿Quién tendrá que pagar por servicios y obras que deberían estar hechas? ¿Quién se benefició?

¿Cuál es la discusión que nos tenemos que dar? ¿Está por el lado de lo que pensaron los constituyentes del «57? ¿O por el daño ambiental irreversible que vamos viendo crecer como meros espectadores?

¿De qué poder hablan los abogados que está resignando la provincia ante los municipios? El poder se tiene y se ejerce en función del bien común. Y en los temas que están en cuestión, la provincia hace rato que no ejerce casi ningún tipo de poder. Eso nos hace preguntar nuevamente ¿cuál es el fondo de la discusión?

¿Qué poder estamos cercenando los municipios a la provincia?

Los loteos están aprobados, como están, y son irreversibles. ¿Queremos que también sean irreversibles los daños ambientales que se avizoran? ¿La contaminación de los ríos? ¿Los alambrados cortando la libre circulación de los habitantes y turistas por los ríos y líneas de ribera de dominio público? ¿Queremos ríos privados?

Creemos que la forma de poder discutir a fondo políticas de Estado es que realmente pongamos la verdad sobre la mesa de discusiones. Puede haber intereses contrapuestos. Pues hagámoslos manifiestos y pongamos la discusión entre los ciudadanos, entre los partidos políticos, entre los concejos deliberantes, entre los ejecutivos municipales, entre los legisladores.

No es un tema de inconstitucionalidad. Es un tema de política territorial de los municipios, de política ambiental, de descentralización, de ejercicio de las funciones del Estado, de derechos consagrados por legislación vigente en relación con ríos y líneas de ribera de dominio público.

Como bien dicen los abogados, la mitad de una biblioteca apoya una postura… y la otra mitad la contraría. Por eso estamos convencidos de que esto no es un tema exclusivo de juristas, leyes, jurisprudencia, espíritu de los constituyentes… sino que son definiciones que hoy nos tenemos que dar los habitantes de nuestras comunidades, con el ejercicio del poder real sobre los territorios en los que vivimos, sobre el ambiente, sobre los ríos.

Es un tema de definiciones políticas profundas.