El lado oscuro
En la emergencia actual, la vertiente popular de la economía negra no debe ser prioridad para nadie.
Además de querer frenar en seco una corrida bancaria antes de que fuera demasiado tarde, las nuevas medidas anunciadas por Domingo Cavallo suponen una declaración de guerra contra la ubicua «economía negra» que, según algunos, constituye casi la mitad de la economía oficial. Se trata de un objetivo respetable, porque no cabe duda de que la existencia de un amplio sector que funciona sin atenerse a las reglas propuestas por el Código Civil ha contribuido enormemente a los problemas financieros del país. Con todo, sería un error muy grave atribuir dicho fenómeno a nada más que al deseo supuestamente instintivo de los argentinos de evadir impuestos o a una vocación casi anarquista por la libertad. Es que en el fondo la magnitud de la economía negra se debe más que nada al fracaso de un Estado renombrado por su ineficacia, su clientelismo y su corrupción que ha sido crónicamente incapaz de desempeñar hasta sus funciones básicas más sencillas. Otro factor que ha permitido consolidarse a la economía negra es la ceguera de una clase política cuyos miembros disfrutan de ingresos envidiables, que siempre ha sido reacia a entender que buena parte de la población vive en la pobreza, cuando no en la miseria, y que por lo tanto se ha acostumbrado a hablar y a legislar como si todos sus compatriotas fueran de clase media y ganaran lo suficiente como para pagar los costos a menudo absurdamente elevados necesarios para integrarse plenamente al sistema formal.
Por ser la Argentina un país tan mal administrado, la economía negra cumple un papel sumamente importante. A su manera suple la falta de instituciones propias no sólo del Estado benefactor europeo, sino también de aquellos programas sociales que en Estados Unidos benefician a quienes se encuentran esporádicamente en graves dificultades. Si a raíz de una ofensiva oficial la red de seguridad que ofrece desapareciera mañana, la tasa de desocupación pronto superaría el 50% y lo que ya es una situación calamitosa se haría incomparablemente peor. Así las cosas, a menos que el gobierno proceda con mucha cautela en los próximos días y semanas, el intento de «bancarizar» de golpe a la población entera podría tener consecuencias nefastas, al privar de su única fuente de ingresos a millones de personas que brindan servicios menores o están empleadas en pequeñas empresas que cobran en efectivo por operar al margen de la legalidad formal. Si bien la inmensa mayoría de los que trabajan en negro percibe mucho menos que mil pesos mensuales, una proporción muy grande depende directamente de quienes están incorporados a la «economía blanca» y que en adelante se aferrarán a los escasos pesos que tendrán en el bolsillo. Que éste sea el caso puede considerarse lamentable e incluso inmoral, por suponer la convivencia de la ciudadanía con la ilegalidad, pero se trata de una realidad innegable que ningún gobernante sensato podrá darse el lujo de pasar por alto.
En la emergencia actual, la vertiente popular de la economía negra no debe constituir una prioridad para nadie. Es fundamental que el gobierno distinga entre los delincuentes ricos que evaden sus impuestos por decenas de millones de dólares anuales o que explotan cruelmente a sus empleados por un lado y, por el otro, el treinta o cuarenta por ciento de la población que sin la presencia del colchón supuesto por la informalidad se vería despojado por completo de los medios modestos que le permiten subsistir. Mal que les pese a los «dirigentes», la parte primermundista de la Argentina, la habitada por los que están debidamente registrados, suele abonar sus impuestos cuando puede y ya está en vías de «bancarizarse», flota sobre un país netamente tercermundista que propende a crecer y que opera conforme a reglas muy diferentes. Por ahora, culpar a quienes están en la economía negra por su escasa voluntad de legalizarse o tratar de obligarlos a blanquearse enseguida resultaría contraproducente, porque sólo serviría para ampliar la brecha ya abismal que separa a los que aún participan de la economía formal de los millones que, conscientes de que -a menos que esté en marcha una campaña electoral- un Estado colonizado por políticos sin escrúpulos nunca se ha preocupado por ellos, se han visto constreñidos a defenderse lo mejor que pudieran.
Además de querer frenar en seco una corrida bancaria antes de que fuera demasiado tarde, las nuevas medidas anunciadas por Domingo Cavallo suponen una declaración de guerra contra la ubicua "economía negra" que, según algunos, constituye casi la mitad de la economía oficial. Se trata de un objetivo respetable, porque no cabe duda de que la existencia de un amplio sector que funciona sin atenerse a las reglas propuestas por el Código Civil ha contribuido enormemente a los problemas financieros del país. Con todo, sería un error muy grave atribuir dicho fenómeno a nada más que al deseo supuestamente instintivo de los argentinos de evadir impuestos o a una vocación casi anarquista por la libertad. Es que en el fondo la magnitud de la economía negra se debe más que nada al fracaso de un Estado renombrado por su ineficacia, su clientelismo y su corrupción que ha sido crónicamente incapaz de desempeñar hasta sus funciones básicas más sencillas. Otro factor que ha permitido consolidarse a la economía negra es la ceguera de una clase política cuyos miembros disfrutan de ingresos envidiables, que siempre ha sido reacia a entender que buena parte de la población vive en la pobreza, cuando no en la miseria, y que por lo tanto se ha acostumbrado a hablar y a legislar como si todos sus compatriotas fueran de clase media y ganaran lo suficiente como para pagar los costos a menudo absurdamente elevados necesarios para integrarse plenamente al sistema formal.
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