No fue un triunfo
Tratar la cesación de pagos como un triunfo de la argentinidad, no tiene sentido.
Parecería que a juicio de muchos la decisión del presidente Adolfo Rodríguez Saá de «suspender» el pago de la deuda pública, que para decepción de algunos no ha «repudiado», equivalió a una reafirmación de la dignidad nacional por suponer un golpe certero contra las sanguijuelas foráneas que le habían estado chupando la sangre. Pero si bien puede entenderse la voluntad de los partidarios del mandatario flamante de presentar la medida -que por cierto no sorprendió a nadie- de la manera más positiva, para no decir demagógica, posible, tratar el default como un triunfo de la argentinidad no tiene mucho sentido. Además de reflejar el fracaso absoluto de una clase dirigente que no ha tenido idea alguna de cómo administrar el país, la oficialización de un default que hasta aquel momento había sido «virtual» significa que tendrán que transcurrir años antes de que la Argentina pueda normalizar sus relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, lo cual le provocará una multitud de inconvenientes. Si bien es probable que, como han señalado quienes han estudiado el caso ruso, en el corto plazo las ventajas resulten mayores que los costos, el alivio ocasionado por el default no puede ser sino transitorio y, de todos modos, no ayudará mucho a aquellos gobernadores provinciales que, a diferencia de Rodríguez Saá en San Luis, siempre se han resistido a limitarse a depender de recursos genuinos. Sin embargo, a menos que el nuevo gobierno aproveche el intervalo así supuesto para llevar a cabo algunas reformas muy profundas y por lo tanto políticamente muy difíciles, una vez que se haya terminado gastando los fondos «ahorrados» el país se encontrará sin acceso al crédito privado, mientras que los inversores extranjeros pensarán mucho antes de arriesgarse. Para colmo, será del interés de muchos en el exterior asegurar que la Argentina pague un precio muy elevado por haber violado las reglas.
Para que el default no sea meramente el comienzo de otra fase, peor aún que la anterior, de la transformación de lo que en otra época era una nación «rica» de cultura reconociblemente europea en un país depauperado típicamente tercermundista, será necesario que en adelante las autoridades actúen con un grado de eficiencia que no se ha visto aquí desde hace muchas décadas. Después de todo, sería poco razonable esperar que una clase política que no supo obrar bien en una coyuntura relativamente fácil lo hiciera en medio de una crisis sin precedentes. Por desgracia, no hay demasiados motivos para suponer que el PJ, que hoy en día domina por completo el panorama político, esté en condiciones de producir un gobierno de la calidad exigida por las circunstancias. Puede que las tradiciones «verticalistas» del movimiento permitan que el presidente, trátese de Rodríguez Saá o de su sucesor, privilegie la capacidad por encima de la trayectoria partidaria o las relaciones personales, pero en tal caso correría el riesgo de verse convertido en el enemigo número uno del «ala política» de su propio gobierno.
El triunfalismo manifestado por muchos que aplaudieron el anuncio del default se basa en la ilusión de que ya no será forzoso continuar respetando el principio del déficit cero. Aunque el propio presidente no comparte esta fantasía -por el contrario, parece comprender muy bien la necesidad de reducir al mínimo el gasto público o, si se quiere, político-, el que se haya difundido la impresión de que a partir de ahora todo será más fácil no contribuirá a mejorar las perspectivas ante el país. Mal que les pese a aquellos políticos que se han especializado en conseguir créditos que después repartirían entre los operadores partidarios so pretexto de atender así «las necesidades de la gente», la Argentina pos-default tendrá que ser administrada con mucho más rigor que antes. De lo contrario, algunos no tardarán en sentir nostalgia por la tranquilidad que, antes de llegar a sus agitadas semanas finales, había caracterizado al bienio delarruista, un período que resultó ser, en lo concerniente al manejo de la economía, la prolongación de la segunda gestión de Carlos Menem y no, como tantos habían pronosticado, el inicio de una nueva era.
Parecería que a juicio de muchos la decisión del presidente Adolfo Rodríguez Saá de "suspender" el pago de la deuda pública, que para decepción de algunos no ha "repudiado", equivalió a una reafirmación de la dignidad nacional por suponer un golpe certero contra las sanguijuelas foráneas que le habían estado chupando la sangre. Pero si bien puede entenderse la voluntad de los partidarios del mandatario flamante de presentar la medida -que por cierto no sorprendió a nadie- de la manera más positiva, para no decir demagógica, posible, tratar el default como un triunfo de la argentinidad no tiene mucho sentido. Además de reflejar el fracaso absoluto de una clase dirigente que no ha tenido idea alguna de cómo administrar el país, la oficialización de un default que hasta aquel momento había sido "virtual" significa que tendrán que transcurrir años antes de que la Argentina pueda normalizar sus relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, lo cual le provocará una multitud de inconvenientes. Si bien es probable que, como han señalado quienes han estudiado el caso ruso, en el corto plazo las ventajas resulten mayores que los costos, el alivio ocasionado por el default no puede ser sino transitorio y, de todos modos, no ayudará mucho a aquellos gobernadores provinciales que, a diferencia de Rodríguez Saá en San Luis, siempre se han resistido a limitarse a depender de recursos genuinos. Sin embargo, a menos que el nuevo gobierno aproveche el intervalo así supuesto para llevar a cabo algunas reformas muy profundas y por lo tanto políticamente muy difíciles, una vez que se haya terminado gastando los fondos "ahorrados" el país se encontrará sin acceso al crédito privado, mientras que los inversores extranjeros pensarán mucho antes de arriesgarse. Para colmo, será del interés de muchos en el exterior asegurar que la Argentina pague un precio muy elevado por haber violado las reglas.
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