El clásico de los clásicos del corporativismo argentino

Hay un dato novedoso en el torbellino de investigaciones, allanamientos y revelaciones patrimoniales que azota en estos días al jefe de la AFA, Claudio Tapia, y sus adeptos: el Gobierno formalizó una denuncia por la supuesta retención ilegal de aportes previsionales e impuestos, por una suma superior a los 7.500 millones de pesos. Dos delitos graves, que se sumarían a la presunción por lavado de activos.

El dato nuevo es que, hasta el momento, las investigaciones judiciales venían desde la periferia de la asociación civil sin fines de lucro más notoria del país. Aludían a testaferros por el origen opaco de sus fondos y el destino de lujo asiático que obtenían. Ahora la Casa Rosada pide una rendición de cuentas por fondos del fisco y el sistema previsional.

Esta novedad transparenta un escalón distinto en la confrontación entre Milei y Tapia. Las pesquisas sobre Sur Finanzas y el tesorero de Tapia, Pablo Toviggino, no estaban carentes de suspicacias.

En la AFA las venían asimilando como un ajuste de cuentas. Algunos socios políticos de la actual conducción de AFA usaron la red de conexiones de Toviggino para hostigar al Gobierno durante la campaña electoral. La Casa Rosada aún sostiene que la maniobra con los audios del caso Spagnuolo nació en esa red de operaciones.

Pero una denuncia por evasión de impuestos y aportes tiene una magnitud distinta. Tapia deberá tener los papeles bien en regla para aclarar que esa anomalía no existe y que jamás existió. Desde la perspectiva política, la denuncia oficial revela una decisión: Milei no atenuará su ofensiva por el riesgo de que ya esté en curso la competencia del próximo Mundial de fútbol.

Hay además un hilo conductor entre el gesto inflexible de Milei con Tapia y las principales acciones políticas que el Gobierno está encarando tras las elecciones de octubre. Después de su triunfo, Milei dedicó el tiempo necesario a construir una posición parlamentaria distinta: la de primera minoría en el Congreso.

Ahora ese mecanismo comienza su prueba de resistencia. Durante las sesiones extraordinarias se verá su grado de tolerancia a las torsiones. No tanto en el debate del Presupuesto 2026, en el que parece haber avances con los gobernadores, sino en la reforma laboral.

Desafío

Esa reforma deberá enfrentar un desafío histórico. Hay un eje de resistencia que bloqueó desde el inicio de la restauración democrática todos los intentos de actualización de las normas laborales, durante décadas en las que se aceleraron cambios profundos e irreversibles en el mundo del trabajo.

La defensa cerrada de normas jurásicas que provocaron la exclusión de la mitad de la fuerza de trabajo -expulsándola a la informalidad más impiadosa- siempre se articuló desde una potente coalición corporativa. Nunca pudo romperse el acuerdo de las dos gerontocracias más cerriles del país: la CGT y el Senado.

Hay un contexto nuevo tras las últimas dos elecciones nacionales. Esa coalición conservadora mostró fisuras. Las organizaciones sindicales cargan con el desprestigio de su insólita mansedumbre con los gobiernos peronistas, en especial el más reciente.

Esa indolencia gremial se produjo mientras los principales dirigentes sindicales se enriquecían y diversificaban sus negocios. Claudio “Chiqui” Tapia es el emergente más nítido de esa multimillonaria traición sindical.

El actual senador Luis Juez suele recordar cuando, en sus tiempos como intendente de Córdoba, conoció a Tapia. Fue en una audiencia en el Palacio 6 de Julio, solicitada por Pablo Moyano, entonces delegado por su padre Hugo para gestionar los negocios del sindicato de camioneros vinculados con la recolección de residuos.

Pablo Moyano entró al despacho de Juez escoltado por dos custodios: Gonzalo “Patón” Basile -exboxeador, célebre por el tatuaje, en escala uno a uno, de una pistola nueve milímetros en su parietal derecho- y Claudio “Chiqui” Tapia. Todavía sin secador de nuca.

Del lado del Senado, ya anunció su oposición frontal el bloque liderado por el formoseño José Mayans. Aunque debilitado por la crisis del PJ, el de Mayans es el bloque más reactivo a la reforma. Mayans es el delegado de un pacto de veteranos: el del gobernador Gildo Insfrán y Cristina Fernández de Kirchner.

El vocero de la oposición será más joven: Mariano Recalde, heredero a los 53 años del estudio de su padre, Héctor Recalde (histórico asesor del clan Moyano, luego echado de la CGT por el líder camionero y fallecido el año pasado, a los 86 años)

La confrontación en el Senado tendrá otra figura con experiencia. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo hace un cuarto de siglo. Fue testigo del fracaso de la flexibilización laboral intentada por el gobierno de Fernando de la Rúa y protagonista de un célebre debate televisivo en el que frenó a Hugo Moyano -entonces joven e impetuoso- que la solía subestimar en público llamándola “la piba”.

La coincidencia entre CGT y PJ en el Senado llega ahora nuevamente con la advertencia de un paro general y algunas declaraciones sindicales sobre la inminencia de un nuevo “diciembre caliente”. Es una amenaza desteñida: la de un final de año traumático, al estilo de la crisis de principios de siglo.

La idea de una crisis sistémica de alto impacto, con destitución presidencial incluida, fue una apuesta que la oposición jugó a fondo este año, hasta embestir con el drástico contraste de octubre.

Si diciembre no viene igual a otros años más calientes, es porque alguien se almorzó la cena.