Debilidad estructural

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Puesto que durante varios meses buena parte del país compartía la opinión de que por ser Fernando de la Rúa un presidente débil y vacilante era poco probable que lograra sobrevivir hasta fines de 2003, hubiera sido lógico que la «clase política» nacional se preparara para hacer frente a la situación que provocaría la renuncia que tantos preveían. ¿Es lo que hizo? Desde luego que no. Cuando para sorpresa de nadie De la Rúa finalmente optó por tirar la toalla, los «dirigentes» antepusieron sus propias ambiciones a los intereses del país, de ahí las maniobras sinuosas que produjeron y poco después destruyeron el breve interinato de Adolfo Rodríguez Saá y que ocasionarán muchas dificultades al encabezado por su sucesor, Eduardo Duhalde, transformado de perdedor de 1999 en triunfador de inicios de 2002 por nada más que la evolución alarmante de la crisis.

Si los sucesos alucinantes de los días últimos nos han enseñado algo, esto es que era absurdo atribuir los problemas del país a las características personales de un solo hombre. Aunque el que De la Rúa no fuera un estadista de dimensiones planetarias haya contribuido a la larga agonía y colapso final de su gobierno, un sistema que dependa de la presencia de una suerte de superhombre es de por sí un disparate, sobre todo en un país como el nuestro en que los mecanismos partidarios se encargan de mantener alejados de la política a los ciudadanos más talentosos. Mal que bien, lo mismo que los habitantes de la mayoría de las democracias, tendremos que acostumbrarnos a ser gobernados por mediocridades, destino que, como ha mostrado la experiencia de muchos países, en primer lugar Estados Unidos, no tiene por qué ser trágico.

El fracaso de De la Rúa se debió menos a sus propias deficiencias que a la irresponsabilidad de casi todos los demás integrantes de la clase política, empezando con los radicales vinculados con el ex presidente Raúl Alfonsín y los frepasistas, pero también incluyendo a los peronistas que últimamente parecen haber decidido mostrar a la ciudadanía que son todavía peores que sus rivales tradicionales. Según los opositores aliancistas, es decir, aquellos políticos que aceptaron encantados repartir el botín electoral de 1999 para entonces protestar contra el «rumbo» que emprendería el gobierno, De la Rúa los traicionó aferrándose a un modelo derechista y neoliberal. Tales acusaciones sonarían más convincentes si estos «disidentes» se hubieran dado el trabajo de plantear algunas alternativas concretas, pero no lo hicieron porque lo que les disgustaba no era tanto el «rumbo neoliberal» cuanto el hecho de que dadas las circunstancias cualquier política económica tendría que ser excepcionalmente dura. Por su parte, los gobernadores peronistas agravaban la crisis al insistir en su «derecho» a continuar gastando sumas muy superiores a las posibilitadas por los recursos, justificando dicha tesitura con la tesis infantil de que era deber de De la Rúa encontrar los fondos que necesitaban.

¿Hubiera tenido éxito De la Rúa de haber sido un presidente «fuerte», de ideas distribucionistas, que estuviera resuelto a luchar con vigor y tenacidad contra la corrupción? En vista de que la clase política nacional está dominada por individuos que se oponen por principio a las medidas antipáticas aun cuando el estado del país las hace imprescindibles, hay que dudarlo. Un De la Rúa más agresivo habría enfurecido a los peronistas que hubieran intentado voltearlo antes de que demasiados compañeros resultaran detenidos y roto la Alianza antes de la salida de Carlos «Chacho» Alvarez, porque habría tenido que aplicar medidas económicas muy severas, fueran éstas «derechistas», «izquierdistas» o «centristas», lo cual le aseguraría un final no tan distinto a aquel que se concretó.

Duhalde cuenta con una ventaja que le fue negada a De la Rúa porque el país ya sabe que la crisis es gravísima y los políticos tienen miedo, pero aun así no hay ninguna garantía de que consiga superar los problemas inmensos planteados, tanto por la realidad económica y social por un lado y por la irresponsabilidad congénita de la clase política por el otro.