Milei tropieza con la coyuntura mientras avanza con la apertura

Buena parte de las dificultades para comprender la complejidad del momento político que atraviesa el país deviene de una novedad: recién después de las elecciones de medio término empiezan a converger hasta solaparse dos planos de la economía que son vitales para el proyecto de reelección de Javier Milei.

El primero es el que la sociedad percibe de manera más sensible, por su inmediatez en el corto plazo; es el plano de la estabilización inflacionaria. El segundo es el que la política y las organizaciones de la sociedad civil perciben como más influyente y perdurable; es el plano de las reformas estructurales. Ninguno de esos dos planos es autónomo. Uno depende del otro para sostenerse y legitimarse.

La discusión sobre la credibilidad de los índices del Indec se ubica en el primer plano. Todos los meses, el Gobierno debe exhibir el avance de la desinflación, si quiere mantener el apoyo del electorado. La renuncia de Marcos Lavagna, en disconformidad con la decisión de posponer la nueva metodología de medición de los precios, fue para la Casa Rosada un daño a la confianza de los consumidores en el Gobierno.

El daño ocurrió, pero fue más bien consecuencia de un manejo político ineficiente del propio Gobierno, que no supo manejar la comunicación de una renuncia previsible y con las explicaciones posteriores sólo agigantó las suspicacias.

Como detectó el economista Fausto Spotorno, al menos tres discusiones se mezclaron en la agenda pública: la referida a la decisión política de postergar el cambio de medición, la cuestión de la autonomía para decidir los procedimientos estadísticos y la discusión más técnica sobre la urgencia del cambio metodológico.

En esa mezcolanza, la comunicación del equipo económico quedó enmarañada, pese a que el relevamiento de estimaciones de mercado del Banco Central no hacía prever un salto considerable de la inflación, incluso con el índice nuevo que impulsaba Lavagna. El problema -quedó en evidencia- es la presión política que le puso al plan de estabilización el anuncio presidencial de que en agosto la inflación será una cifra que comenzará con cero.

En el plano de las reformas estructurales también el Gobierno tropezó con errores no forzados. Desde la controversia de Milei con Techint, el debate sobre los grados de apertura o protección recomendables para la economía viene creciendo. Pero el mayor impacto popular de ese debate está en la discusión sobre importaciones a través de plataformas de comercio digital como Shein, Temu, Amazon o Mercado Libre.

Aquí de nuevo el Gobierno quedó empantanado en explicaciones incompletas: no alcanza a demostrar un equilibrio entre la ventaja que ofrece a los votantes en cuanto consumidores y lo que les garantiza como protección de sus empleos. En términos del economista Eduardo Levy Yeyati, el problema no es la teoría, sino el camino. Afirmar que cada importación crea su exportación es una identidad contable del equilibrio, pero no nos dice nada sobre la transición.

Acaso por estos tropiezos comunicativos, el Gobierno reaccionó otra vez con su estilo agresivo contra la prensa. Informó la creación de una cuenta en redes sociales que funcionará como Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir” informaciones y señalar supuestas “operaciones mediáticas”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. “Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”. De nuevo la pulsión política populista de la Casa Rosada está obturando el razonamiento de su autoproclamada mentalidad liberal.

Transformaciones

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En cambio, opera a favor del Gobierno otra realidad que tiene proyecciones de largo plazo. La Cancillería cerró dos acuerdos con la administración Trump. Uno particular, referido a explotaciones mineras, y otro, más general y vasto, sobre aranceles comerciales e inversiones recíprocas. Si se quiere abordar aquel segundo plano de las transformaciones estructurales de la economía, conviene analizar el significado de estos acuerdos.

Tanto por su amplitud como por su nivel de detalle, el acuerdo comercial con Estados Unidos está destinado a incidir con potencia en el debate político nacional. Un intercambio de opiniones en redes sociales que ocurrió luego del anuncio del acuerdo sirve como muestra.

El politólogo Andrés Malamud impugnó la asimetría del acuerdo con una contabilidad elemental: en el acuerdo de comercio recíproco, Argentina y Estados Unidos dicen “deberán” de manera conjunta sólo tres veces; “Estados Unidos deberá” siete veces y “Argentina deberá” 113 veces.

El economista Jorge Ávila le preguntó: “¿Qué esperabas? Argentina es uno de los países más cerrados del mundo y Estados Unidos uno de los más abiertos. ¿Quién tiene más mercados que abrir o más regulaciones que levantar? La cantidad de compromisos que cada país debe cumplir no es una función inversa de su poder relativo, sino una función directa de su proteccionismo relativo”.

Algunos de estos argumentos se verán pronto en el Congreso, que debe aprobar no sólo el acuerdo con Estados Unidos, sino también el alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Y el tercer acuerdo, con la administración Trump sobre minería, incluye referencias a recursos estratégicos que involucran además la relación con China, en el marco de la nueva estrategia regional de seguridad hemisférica anunciada por la Casa Blanca.

Es decir: el debate de las reformas estructurales recién comienza. Sólo tendrá una primera escala en la discusión de la modernización laboral esta semana.