El poder de la calle
Parte de la clase media porteña se las ha ingeniado para convencerse de que el único motivo por el que sus miembros no pueden retirar su dinero de los bancos es la actitud de una Corte corrupta.
Desde hace años la Corte Suprema está bajo ataque por la amistad personal no oculta de ciertos integrantes, sobre todo aquellos de trayectoria jurídica muy poco impresionante, con el ex presidente Carlos Menem, pero ni tales deficiencias ni la propensión bien conocida a producir fallos discutibles sobre asuntos de importancia política han contribuido tanto a convertirla en el blanco de manifestaciones callejeras como su voluntad de avalar el «corralito financiero». Según parece, una parte de la clase media porteña se las ha ingeniado para convencerse de que el único motivo por el que sus miembros no pueden retirar su dinero de los bancos consiste en la actitud de una Corte «corrupta». De más está decir que si el asunto fuera tan sencillo, la crisis económica podría esfumarse en un par de horas al fallar una Corte Suprema honesta de mentalidad más bondadosa en favor de la gente, reivindicando todas las muchas leyes que se han aprobado a fin de garantizarle no sólo el acceso a sus salarios y ahorros, sino también un sinnúmero de otros derechos hipotéticos que nunca han podido materializarse.
La indignación que sienten los perjudicados por el «corralito» bancario es legítima. Se saben las víctimas de una estafa realmente monstruosa y temen por el futuro. Sin embargo, los culpables de cometer dicha estafa no son los ministros de la Corte Suprema que, a diferencia de algunos abogados y jueces mediáticos, entienden muy bien que levantarlo ahora sólo serviría para arruinar definitivamente a la mayoría abrumadora de los ahorristas. Asimismo, aunque el gobierno radical que ordenó la medida fue formalmente responsable de llevar la economía a un estado terminal, prohibir el acceso a los depósitos no fue uno de los muchos errores graves que perpetró, porque a fines de noviembre del año pasado no hubo otra manera de frenar una corrida bancaria que, de haber continuado un día más, hubiera provocado estragos aun mayores que los ya ocasionados por su manejo inseguro de las cuentas nacionales.
Como es habitual en las semanas que siguen a un desastre, muchos individuos se han lanzado a la caza de los presuntos culpables, pero en virtualmente todos los casos no tienen el más mínimo interés por saber las causas reales de la implosión que se ha producido, porque lo único que aspiran a hacer es aprovechar las oportunidades irrepetibles para obtener más poder o para lucrar que están surgiendo a cada momento. Parecería que para algunos porteños, la Corte Suprema figura en un lugar destacado de la nómina de los responsables de sus penurias, lo cual es absurdo porque su aporte a la debacle ha sido ínfimo, pero este detalle no ha sido óbice para que los resueltos a voltearla la traten como si por razones siniestras quisiera privar a millones de personas de su dinero y ahondar una crisis que parece destinada a agravarse mucho más antes de que el país toque fondo.
Que muchos ciudadanos habitualmente pasivos hayan querido atribuir lo sucedido al accionar malévolo de un puñado de personajes con nombre y apellido puede comprenderse, pero el deseo natural de que haya «justicia» los ha transformado en presas fáciles de quienes están más que dispuestos a sacar provecho de su ira en beneficio propio, tal y como ya ha ocurrido. Por cierto, no es demasiado probable que las muchedumbres porteñas que pidieron sucesivamente las cabezas de Cavallo, De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá se hubieran propuesto abrir las puertas de la Casa Rosada a Eduardo Duhalde ni que hayan imaginado que su salvación procedería de una guerra santa contra las finanzas emprendida por una alianza del «polo productivo» bonaerense con un «polo político» conformado por el peronismo y el radicalismo de la misma provincia. Tampoco es de suponer que todos aquellos que participan en los cacerolazos contra la Corte Suprema compartan los mismos objetivos que las agrupaciones que los organizan, ni que se sentirían conformes si de conseguir su objetivo, asestando otro golpe a las instituciones republicanas, descubrieran que en adelante el poder no estaría en los cuerpos representativos sino en la calle y que en última instancia su dueño no sería «el pueblo», sino aquellos activistas políticos y sus coyunturales amigos sindicalistas que suelen prosperar en tiempos de violencia.
Desde hace años la Corte Suprema está bajo ataque por la amistad personal no oculta de ciertos integrantes, sobre todo aquellos de trayectoria jurídica muy poco impresionante, con el ex presidente Carlos Menem, pero ni tales deficiencias ni la propensión bien conocida a producir fallos discutibles sobre asuntos de importancia política han contribuido tanto a convertirla en el blanco de manifestaciones callejeras como su voluntad de avalar el "corralito financiero". Según parece, una parte de la clase media porteña se las ha ingeniado para convencerse de que el único motivo por el que sus miembros no pueden retirar su dinero de los bancos consiste en la actitud de una Corte "corrupta". De más está decir que si el asunto fuera tan sencillo, la crisis económica podría esfumarse en un par de horas al fallar una Corte Suprema honesta de mentalidad más bondadosa en favor de la gente, reivindicando todas las muchas leyes que se han aprobado a fin de garantizarle no sólo el acceso a sus salarios y ahorros, sino también un sinnúmero de otros derechos hipotéticos que nunca han podido materializarse.
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