Narcotest a funcionarios y sueldos judiciales, los temas de la entrevista a una candidata a camarista civil de Neuquén

El análisis toxicológico a funcionarios de los tres poderes del Estado fue uno de los ejes centrales en la entrevista a Laura Marcela Serrano, ganadora del concurso para ocupar una vacante en la Cámara Civil de Neuquén. Durante casi una hora los legisladores de la comisión de Asuntos Constitucionales le preguntaron también por la reforma procesal civil, la imagen del Poder Judicial y el cobro de la antigüedad desde la matriculación, entre otros temas.

Serrano tiene 50 años y es vocal del Tribunal de Cuentas. Dijo, sincera, que si accede al cargo será para ella “una mejora en mi situación profesional, porque hoy tengo yo rango de juez de primera instancia y pasaría a uno superior”.

El pago de la antigüedad

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El salario es un tema sensible en el Poder Judicial. El diputado Darío Martínez (UxP) le preguntó por la ley Kohon: en concreto, le pidió que opinara sobre “el esfuerzo que hace la sociedad” para pagar sus impuestos, con los cuales se sostienen -entre otros gastos- la antigüedad de los integrantes del Poder Judicial desde su matriculación y no desde la fecha que ingresan al cargo.

Serrano le contestó: “la sociedad hace su aporte y quien está encargado de administrarlo es el Poder Ejecutivo, y quien lo somete a consideración va a ser la Legislatura”.

“La decisión será siempre la de quienes resuelvan eso”, le devolvió la pelota. “Como cuando se establecen diversos rubros o se crean rubros adicionales en el marco de un contexto de un convenio colectivo”.

Otros ejemplos

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Puso como ejemplo: “a partir de ahí uno puede juzgar la razonabilidad o no de, por ejemplo, abonar indemnización cuando se jubila un empleado público, que en general no se ha entendido que es propia de la estabilidad del empleo porque tiene ese beneficio, pero los convenios colectivos así lo reconocen”. 

Narcotest: no en desacuerdo

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Sobre el narcotest le preguntó Claudio Domínguez (MPN). La candidata ya había expresado ciertos reparos hacia la ley durante la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura.

Aclaró varias veces que no podía hablar en abstracto, sin un caso concreto. Arrinconada a definirse por sí o por no, respondió: “estoy de acuerdo o no estoy personalmente en desacuerdo que se realicen exámenes toxicológicos”.

Criticó algunos aspectos técnicos de la reglamentación de la ley. Señaló que “no queda muy claro quién y cómo se va a seleccionar” y habló de “dispersión normativa” porque es una ley general pero la reglamentación aplica solo al Ejecutivo. El Legislativo y el Judicial, así como los municipios, están invitados a adherir y elaborar sus propios protocolos.

“Un decreto reglamentario es complementario a una ley de alcance general para todos los poderes cuando la ley propia es para todos los poderes. Por eso cuando se trata de una ley de esta naturaleza, lo que se propende por lo menos desde el derecho administrativo y constitucional, dado que es un ejercicio de poder reglamentario y una norma de alcance general y no único para el Ejecutivo, es que se trabaje entre los poderes la reglamentación”.

Los casos positivos

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También remarcó que según la reglamentación, para el caso de un test positivo de cocaína “se tiene que procurar directamente una propuesta de desvinculación excepto que se establezcan ciertos mecanismos especiales para el ejercicio de la responsabilidad, básicamente juri y juicios políticos, lo que corresponda. Entonces ahí sí parece abarcar al resto de los poderes«. Lo contrapuso con que «desde lo abstracto, incluso desde lo académico, lo que se recomienda generalmente para evitar esta dispersión normativa que esa reglamentación contenga todo ya”. 

“La gran duda que genera este tipo de exámenes -dijo en otro tramo- tiene que ver con el derecho a la esfera privada, la autonomía individual, incluso con la dignidad humana, dado los resultados y la posible publicidad que se puedan dar de esos resultados”. Recordó que el test es “carente de consentimiento”.

“Yo no me opongo -dijo luego- estoy contando lo que manifiesta la mayoría que critica el examen”.

“Dependerá del caso concreto y de lo que en ese contexto suceda, pero en abstracto yo no lo considero inconstitucional”, cerró.