Carrera contra el reloj

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Ya es habitual que las autoridades de turno califiquen de «reformas» todos los ajustes que se ven constreñidos a ordenar con el propósito de reducir los costos excesivos de alguna que otra repartición estatal, de suerte que era de prever que el presidente Eduardo Duhalde exageraría la importancia de la poda del gasto político que acaba de anunciarse, aunque no lo era que la tomaría por una «segunda fundación de la República», nada menos. Según los cálculos oficiales, de concretarse las medidas que tiene en mente el gobierno, se ahorrarán aproximadamente mil millones de pesos anuales, habrá menos legisladores nacionales y provinciales, los concejales de poblaciones de menos de diez mil habitantes trabajarán ad honórem, como es normal en muchos países desarrollados y por lo tanto prósperos y, gracias a la eliminación de las tristemente célebres listas sábana, podría mejorarse la calidad de la clase política, todo lo cual sería muy positivo, pero tendría que transcurrir cierto tiempo antes de que tales beneficios incidieran en la evolución del país. Sin embargo, como Duhalde sin duda entiende muy bien, la crisis política y económica en la que se debate se ha hecho tan vertiginosa, que es muy poco probable que sea respetado el calendario que ha propuesto. Desgraciadamente para él, de continuar agravándose el estado de la economía, los cortes presupuestarios y por lo tanto políticos tendrían que ser decididamente mayores que los previstos, porque el país no dispondría de los recursos necesarios para financiar las estructuras entonces existentes. Asimismo, no se dan motivos para suponer que el público esté dispuesto a esperar con paciencia mientras los políticos negocien los detalles de los cambios planteados con la intención apenas disimulada de minimizar su impacto. Como los voceros oficiales han confesado, la reducción de gastos que se ha emprendido constituye la reacción de los jefes actuales de la «clase política» frente a las presiones ciudadanas -o sea, a los cacerolazos-, pero lo que la gente quiere son cambios inmediatos, no la posibilidad de que a partir de fines del 2002 la política cueste menos.

No es que las reformas que quiere Duhalde sean malas, es que, como suele ser el caso aquí, han llegado tarde y, lo que es peor, de concretarse empezarían a aplicarse cuando las circunstancias ya se habrán modificado tanto, que sería necesario proponer nuevas reformas mucho más profundas. En otras palabras, podría reeditarse el mismo proceso que se ha dado a raíz de los reiterados ajustes económicos que, lejos de suponer la reforma del Estado, sólo han servido para debilitarlo todavía más sin que haya mejorado su desempeño. Al fin y al cabo, los problemas supuestos por el Estado tal y como está constituido distan de limitarse a sus costos desmedidos: para que resultara capaz de cumplir con sus funciones básicas sería forzoso cambiarlo drásticamente, alejándolo de «la política» al privilegiar la competencia profesional de los funcionarios por encima de la lealtad partidaria o la relación personal con un legislador o puntero. Del mismo modo, la causa principal de la campaña contra los políticos que crece en intensidad desde hace más de un año tiene menos que ver con los costos -si bien en algunas provincias pobres las remuneraciones de los legisladores han sido tan escandalosamente elevadas que es legítimo achacarlas a la corrupción-, que con la ineptitud colectiva de una clase política que, a diferencia de sus equivalentes de otros países, ha resultado incapaz de gobernar. Por desgracia, no es posible concebir leyes o reglas que nos aseguraran que en el futuro los representantes democráticamente elegidos de los ciudadanos sean menos irresponsables que los actuales. Si lo son, será en parte porque la experiencia de los años últimos les habrá enseñado que dejarse guiar ya por las encuestas de opinión, ya por las «doctrinas» partidarias, puede tener consecuencias realmente catastróficas, ya porque los votantes se hayan convencido de que tienen derecho a exigirles a los políticos algo más que discursos demagógicos, que participar como oficialista o como opositor en el gobierno del país no es un premio ni una invitación a dedicarse al reparto del botín, sino un desafío sumamente duro.