Lo que quiere la gente
Les guste o no, a los dirigentes les corresponde la obligación moral de diferenciar entre lo deseable y lo factible.
Entre las muchas características que distinguen a las democracias desarrolladas de las demás está la actitud de «la gente» hacia la política económica de turno. Mientras que en las primeras la mayoría suele aprobar o, cuando menos, tolerar medidas que objetivamente no la favorecen por confiar en que el gobierno se siente comprometido con el bienestar común a largo plazo y por entender que pretender ahorrarse la necesidad de respetar ciertos principios básicos tendría secuelas devastadoras, en países como el nuestro es habitual que, andando el tiempo, casi todos se afirmen radicalmente contrarios al «rumbo» que se haya emprendido. No sorprende, pues, que según algunas encuestas de opinión recientes el grueso de la población se oponga a la gestión de Jorge Remes Lenicov por considerarla demasiado ligada a las recetas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. En cambio, lo que no es tan claro es la clase de política económica que preferiría la mayoría si tomara en cuenta todas las dificultades concretas. Cuando es cuestión de decir lo que no le complace, habla con claridad, pero de tratarse de propuestas realistas positivas, se niega a comprometerse. De estar la mayoría en favor de una estrategia más colectivista, digamos, respaldaría a partidos comprometidos con dicha variante, pero no existen motivos para creer que lo haría.
Hasta hace muy poco, la discrepancia entre la voluntad popular y lo que efectivamente hacen los gobiernos no preocupaba en absoluto a los políticos. En el llano o, en el caso de los afiliados al partido oficialista de turno, en la cuasi oposición, repetirían lo que conforme a los sondeos eran las opiniones más difundidas, dejando al equipo económico la tarea ingrata de intentar instrumentar medidas que al parecer serían fuertemente resistidas, pero que aun así recibirían en el Parlamento el apoyo tibio de todos salvo los críticos más vehementes del «modelo». Puede que desde el punto de vista de los políticos mismos, la ambigüedad así supuesta haya resultado ser muy provechosa, pero para el país las consecuencias del oposicionismo «principista» han sido nefastas. Les guste o no, a los «dirigentes» les corresponde desempeñar un papel pedagógico, lo cual les supondría la obligación moral de diferenciar entre lo meramente deseable y lo factible, porque es su deber explicar las razones por las que no se pueden hacer ciertas cosas o, si se trata de opositores auténticos, reconocer que las medidas que ellos mismos exigen tendrían costos significantes. Obvio es decir que pocos políticos se han sentido constreñidos a actuar de esta manera. Los más se han limitado a procurar hacer pensar que a su juicio la crisis es el producto exclusivo de la estupidez, cuando no de la conducta criminal, de una minoría de malhechores que con astucia asombrosa se las habían ingeniado para infiltrarse en todos los gobiernos argentinos, fueran civiles o militares, a partir de una fecha ya muy lejana. Conforme a esta hipótesis, Remes será sólo el infiltrado «neoliberal» más reciente.
No cabe duda de que la tensión permanente entre lo reclamado por amplios sectores y lo que cualquier gobierno estará en condiciones de hacer ha contribuido enormemente al hundimiento de la economía nacional al crear un clima adverso a la administración sensata de los recursos disponibles. Al sentirse intimidados por la oposición casi siempre mayoritaria a los «técnicos» del Ministerio de Economía, por la presión constante de políticos resueltos a aprovechar esta circunstancia para brindar la impresión de estar más consustanciados con el sentir popular de lo que podría estar cualquier rival y por el deseo de comprar el apoyo de legisladores o gobernadores provinciales, todos los gobiernos de los años últimos han permitido que «lo político» terminara imponiéndose a «lo económico», con los resultados que eran previsibles. Asimismo, ya es tradicional que una cantidad importante de legisladores y funcionarios milite en «el ala política» oficialista, agrupación informal que se dedica a frustrar las iniciativas de «su» gobierno so pretexto de estar defendiendo los intereses de la ciudadanía pero que en verdad se ha limitado a asegurar que, a juzgar por los resultados, la Argentina ha sido desde hace mucho tiempo el país peor administrado del mundo civilizado.
Entre las muchas características que distinguen a las democracias desarrolladas de las demás está la actitud de "la gente" hacia la política económica de turno. Mientras que en las primeras la mayoría suele aprobar o, cuando menos, tolerar medidas que objetivamente no la favorecen por confiar en que el gobierno se siente comprometido con el bienestar común a largo plazo y por entender que pretender ahorrarse la necesidad de respetar ciertos principios básicos tendría secuelas devastadoras, en países como el nuestro es habitual que, andando el tiempo, casi todos se afirmen radicalmente contrarios al "rumbo" que se haya emprendido. No sorprende, pues, que según algunas encuestas de opinión recientes el grueso de la población se oponga a la gestión de Jorge Remes Lenicov por considerarla demasiado ligada a las recetas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. En cambio, lo que no es tan claro es la clase de política económica que preferiría la mayoría si tomara en cuenta todas las dificultades concretas. Cuando es cuestión de decir lo que no le complace, habla con claridad, pero de tratarse de propuestas realistas positivas, se niega a comprometerse. De estar la mayoría en favor de una estrategia más colectivista, digamos, respaldaría a partidos comprometidos con dicha variante, pero no existen motivos para creer que lo haría.
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