Grupos guerrilleros se atribuyen crimen de Aigo

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JUNÍN Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organizaciones de resistencia armada que operan desde la clandestinidad en Chile, se atribuyeron la responsabilidad política por el asesinato del policía José Aigo y la militancia de los dos prófugos por el caso a través de un comunicado difundido por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).

Las organizaciones retratan a los dos evadidos, Juan Carlos alias “el Chino” y Alexis Cortez Torres como “dos hermanos combatientes de la resistencia popular”, y responsabiliza al gobierno de Cristina Fernández por la integridad de esas personas, sometidas a una “cacería humana”.

Si bien asumen la responsabilidad, lamentan el “contexto específico” en que se produjo el desenlace, al que consideran como “enfrentamiento en igualdad de condiciones”.

El comunicado, fechado el 21 de marzo, lleva por título “Sobre los hechos de Junín de los Andes, Argentina”. En su primer punto dice que en “la madrugada del día 9 de marzo (la fecha está equivocada, ya que el episodio ocurrió el 7), en medio de un control policial, tuvo lugar un confuso enfrentamiento en zona rural de Junín de los Andes, cerca de la frontera entre Argentina y Chile, cuyo resultado fue la muerte del sargento (..) y la detención de un ciudadano argentino (por Juan Marcos Fernández), así como la activación de un cerco y búsqueda por parte de todos los aparatos de seguridad del Estado argentino para nuestros hermanos y combatientes de la resistencia popular, “Juan Carlos” y Alexis Torres, quienes optaron por replegarse hacia la profundidad de la cordillera de los Andes y enfrentar esta verdadera cacería humana en medio del hambre, frío y durísimas condiciones de la naturaleza del terreno”.

En el segundo apartado, el MIR y el FPMR dicen: “Asumimos la responsabilidad política en la muerte del policía de origen mapuche, en un contexto específico que lamentamos. Entendemos que nuestros militantes defendieron su vida y libertad. Si el señor Aigo optó por ser policía y ubicarse al lado del mismo Estado e institución que ha reprimido históricamente a su propio pueblo mapuche, su familia debe asumir en medio de su dolor que ese destino era posible”.

El tercer ítem está dedicado a denunciar “la persecución y cacería humana, cobarde por su desproporcionada fuerza y medios militares, alentada por la venganza de los sectores más fascistas de la sociedad argentina, latifundistas y sus históricos yanaconas represores, cuyo principal objetivo ahora es aniquilar físicamente a estos dos revolucionarios, así como lo han hecho por más de 500 años de brutal represión, masacres y usurpaciones territoriales en contra de nuestros pueblos originarios y del pueblo pobre argentino y chileno”.

Las organizaciones, dicen, “hacemos directamente responsable de las consecuencias de esta operación de cerco y aniquilamiento al gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, el que ha dado la orden de este alevoso despliegue de fuerzas militares del Ejército y sus fuerzas especiales, Gendarmería Nacional y de la Policía con sus perros, más el apoyo aéreo de dos helicópteros con tecnología de última generación, al estilo del gobierno paramilitar colombiano. También -continúa- hacemos responsable al oligarca y fascista gobierno de Sebastián Piñera, que silenciosamente ha movido a la zona de cerco un pie de fuerza de cien hombres con el mismo objetivo criminal. Los ejecutores de estas órdenes -advierten- no serán olvidados”.

Al referirse a los prófugos, dice que “no son asesinos ni terroristas. Son revolucionarios, guevaristas, internacionalistas, libertarios, combatientes de la resistencia popular, comprometidos profundamente con las luchas sociales y de los pueblos originarios del continente. ‘Juan Carlos’ y su compañera de vida –hoy también perseguida y obligada a la clandestinidad– son trabajadores comunitarios y verdaderos luchadores en el corazón del Wallmapu. Alexis, un trabajador siempre ligado a las luchas del norte minero que lleva en la memoria las matanzas salitreras”.

También se refiere al tenor de los hechos ocurridos en Pilo Lil, sobre la Ruta 23, cuando la patrulla de la brigada rural interceptó para un control de rutina la camioneta en la que viajaban los ahora buscados, conducida por el hijo del intendente de San Martín de los Andes. Cuando Aigo se acercó a realizar el registro, fue baleado por “Juan Carlos”, según los dos testimonios que obran en la causa. Al respecto, el texto dice: “El enfrentamiento en el cual se vieron involucrados y en el que actuaron en legítima defensa personal y en igualdad de condiciones, no fue una acción deliberada ni predeterminada, ni tampoco parte de nuestros objetivos político militares como organizaciones revolucionarias”.

Tras trazar las diferencias entre los luchadores sociales revolucionarios y los “asesinos y terroristas” de los “estados policiales”, llaman a “quienes luchan por la liberación social y la revolución libertaria, organizaciones y comunidades mapuche, insurgentes, subversivas, ácratas, organizaciones sociales, estudiantiles y poblacionales, organizaciones de derechos humanos, a movilizarnos y a exigir respeto a sus vidas, de diversas formas y de manera urgente con estos hijos del pueblo y su ejemplar resistencia”.

Crimen del policía neuquino

El escrito del MIR y el FPMR reconoce a los prófugos como sus “hermanos”.

JUNÍN Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organizaciones de resistencia armada que operan desde la clandestinidad en Chile, se atribuyeron la responsabilidad política por el asesinato del policía José Aigo y la militancia de los dos prófugos por el caso a través de un comunicado difundido por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).

Las organizaciones retratan a los dos evadidos, Juan Carlos alias “el Chino” y Alexis Cortez Torres como “dos hermanos combatientes de la resistencia popular”, y responsabiliza al gobierno de Cristina Fernández por la integridad de esas personas, sometidas a una “cacería humana”.

Si bien asumen la responsabilidad, lamentan el “contexto específico” en que se produjo el desenlace, al que consideran como “enfrentamiento en igualdad de condiciones”.

El comunicado, fechado el 21 de marzo, lleva por título “Sobre los hechos de Junín de los Andes, Argentina”. En su primer punto dice que en “la madrugada del día 9 de marzo (la fecha está equivocada, ya que el episodio ocurrió el 7), en medio de un control policial, tuvo lugar un confuso enfrentamiento en zona rural de Junín de los Andes, cerca de la frontera entre Argentina y Chile, cuyo resultado fue la muerte del sargento (..) y la detención de un ciudadano argentino (por Juan Marcos Fernández), así como la activación de un cerco y búsqueda por parte de todos los aparatos de seguridad del Estado argentino para nuestros hermanos y combatientes de la resistencia popular, “Juan Carlos” y Alexis Torres, quienes optaron por replegarse hacia la profundidad de la cordillera de los Andes y enfrentar esta verdadera cacería humana en medio del hambre, frío y durísimas condiciones de la naturaleza del terreno”.

En el segundo apartado, el MIR y el FPMR dicen: “Asumimos la responsabilidad política en la muerte del policía de origen mapuche, en un contexto específico que lamentamos. Entendemos que nuestros militantes defendieron su vida y libertad. Si el señor Aigo optó por ser policía y ubicarse al lado del mismo Estado e institución que ha reprimido históricamente a su propio pueblo mapuche, su familia debe asumir en medio de su dolor que ese destino era posible”.

El tercer ítem está dedicado a denunciar “la persecución y cacería humana, cobarde por su desproporcionada fuerza y medios militares, alentada por la venganza de los sectores más fascistas de la sociedad argentina, latifundistas y sus históricos yanaconas represores, cuyo principal objetivo ahora es aniquilar físicamente a estos dos revolucionarios, así como lo han hecho por más de 500 años de brutal represión, masacres y usurpaciones territoriales en contra de nuestros pueblos originarios y del pueblo pobre argentino y chileno”.

Las organizaciones, dicen, “hacemos directamente responsable de las consecuencias de esta operación de cerco y aniquilamiento al gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, el que ha dado la orden de este alevoso despliegue de fuerzas militares del Ejército y sus fuerzas especiales, Gendarmería Nacional y de la Policía con sus perros, más el apoyo aéreo de dos helicópteros con tecnología de última generación, al estilo del gobierno paramilitar colombiano. También -continúa- hacemos responsable al oligarca y fascista gobierno de Sebastián Piñera, que silenciosamente ha movido a la zona de cerco un pie de fuerza de cien hombres con el mismo objetivo criminal. Los ejecutores de estas órdenes -advierten- no serán olvidados”.

Al referirse a los prófugos, dice que “no son asesinos ni terroristas. Son revolucionarios, guevaristas, internacionalistas, libertarios, combatientes de la resistencia popular, comprometidos profundamente con las luchas sociales y de los pueblos originarios del continente. ‘Juan Carlos’ y su compañera de vida –hoy también perseguida y obligada a la clandestinidad– son trabajadores comunitarios y verdaderos luchadores en el corazón del Wallmapu. Alexis, un trabajador siempre ligado a las luchas del norte minero que lleva en la memoria las matanzas salitreras”.

También se refiere al tenor de los hechos ocurridos en Pilo Lil, sobre la Ruta 23, cuando la patrulla de la brigada rural interceptó para un control de rutina la camioneta en la que viajaban los ahora buscados, conducida por el hijo del intendente de San Martín de los Andes. Cuando Aigo se acercó a realizar el registro, fue baleado por “Juan Carlos”, según los dos testimonios que obran en la causa. Al respecto, el texto dice: “El enfrentamiento en el cual se vieron involucrados y en el que actuaron en legítima defensa personal y en igualdad de condiciones, no fue una acción deliberada ni predeterminada, ni tampoco parte de nuestros objetivos político militares como organizaciones revolucionarias”.

Tras trazar las diferencias entre los luchadores sociales revolucionarios y los “asesinos y terroristas” de los “estados policiales”, llaman a “quienes luchan por la liberación social y la revolución libertaria, organizaciones y comunidades mapuche, insurgentes, subversivas, ácratas, organizaciones sociales, estudiantiles y poblacionales, organizaciones de derechos humanos, a movilizarnos y a exigir respeto a sus vidas, de diversas formas y de manera urgente con estos hijos del pueblo y su ejemplar resistencia”.