“Nuestra sociedad repite la transgresión de la época militar”

entrevista: A Luis Rappoport, economista, docente y consultor

ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@telefonica.net

– En un artículo recientemente publicado en un diario de Buenos Aires, usted afirma que “en un país resulta imposible la convivencia virtuosa cuando en la sociedad se generaliza la corrupción, la avivada y el incumplimiento de la ley”. ¿Cuáles son, en su opinión, los hechos que evidencian en nuestro país un claro apartamiento de las normas? – En el artículo hay algunas referencias a conductas del Estado, del gobierno y de la sociedad. El acento está en las transgresiones del gobierno de las últimas semanas: una fábrica de billetes de curso legal cuyo dueño es inexistente y todo el historial de transgresiones alrededor del vaciamiento de YPF, que culminaron con procedimientos anticonstitucionales para apropiarse de acciones de Repsol. En el tema YPF, se menciona la inexistente rendición de cuentas sobre los recursos públicos provinciales de Santa Cruz, obtenidos tras la privatización de YPF, desobediencia a la Corte Suprema de Justicia y el beneficio arbitrario a un proveedor del Estado provincial para que tome –sin pagar un peso– el 25% de YPF. Pero, coherentes con la visión del jurista Carlos Nino, se mencionan las transgresiones privadas: evasión de impuestos, complacencia con las mentiras públicas en el caso Indec y, más generalmente, la naturalización, por parte de los ciudadanos, las empresas nacionales y las extranjeras de la anomia y la arbitrariedad del poder. – El viceministro de Economía, Axel Kicillof, en la larga intervención que tuvo en el Senado para defender la ley de expropiación de YPF, manifestó que la seguridad jurídica es un concepto irrelevante. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación? ¿Por qué ha vinculado la falta de seguridad jurídica con la época de la dictadura militar? – Ese funcionario cometió tres torpezas que lo auto infaman. En primer lugar, en el Congreso de la Nación, se tomó la libertad de descalificar a la seguridad jurídica; es como si se hubiese dirigido a la Feria del Libro para quemar libros. Me alarma que no haya recibido ninguna sanción de los parlamentarios y de la sociedad. En segundo lugar, utilizó cifras de crecimiento económico falsas, que él sabe que son falsas porque hasta no hace mucho tiempo informaba en su página web índices de precios alternativos a los –deliberadamente mentirosos– del Indec. Y él, y todo el mundo sabe que las cifras oficiales de crecimiento económico están sobreestimadas por la subestimación de la inflación. Y en tercer lugar, hizo un repaso de la economía argentina y no mencionó la inflación, que es –y eso también todo el mundo lo sabe– uno de los problemas más críticos que nuestra sociedad debe enfrentar. En el artículo me permití vincular la descalificación de la seguridad jurídica con los límites de inseguridad de la época militar para dramatizar hasta dónde el desprecio por la ley rompe la armonía social y pone en peligro la convivencia. Desde luego, el Estado militar fue un Estado asesino. Pero yo me pregunto: ¿cuál es el límite de este gobierno y cuál es el límite que toleramos como sociedad? Mienten en las cifras oficiales de precios, crecimiento y pobreza, desacatan a la Corte Suprema (y parece evidente que lo hacen para ocultar el robo de fondos públicos). Al referir a las amenazas que denuncia la ex esposa de uno de los involucrados en el caso Ciccone, me pregunto si no estamos nuevamente en un límite difuso en materia de respeto a la vida de las personas. En lo personal, creo que hay una escala que toda sociedad debe respetar: en primer lugar una moral de convivencia armónica que debe orientar la formulación de las leyes. En segundo lugar una política que se subordine a la ley. Y recién después la economía y la gestión de las cosas, subordinadas a la moral pública, la ley y la política (en ese orden). Nuestra sociedad está repitiendo la intolerancia y la transgresión de la época militar, afortunadamente, en otro formato, con otra virulencia. Pero el mecanismo es similar: subordinar los medios a los fines y atentar contra la convivencia social. Adicionalmente, como esos mecanismos someten a la sociedad a la arbitrariedad de los poderosos, tarde o temprano, aumentan la polarización social y la pobreza. – Usted señala que la sociedad argentina debe abandonar su propia complacencia y enfrentar la evidencia de que no hay progreso posible sin seguridad jurídica. ¿Podría desarrollar esta idea desde su perspectiva de experto en desarrollo económico? – Es un tema sobre el cual hay consensos totales en todas las escuelas económicas y en la experiencia histórica. Pero nada mejor que un ejemplo actual. Hecho lo hecho con YPF, sin respeto por procedimientos predeterminados, cualquier inversor petrolero “sabe” que en la Argentina no es de esperar el debido proceso. “Sabe” que está sometido a la arbitrariedad del poder. Nunca va a faltar algún pirata que esté dispuesto a invertir porque el botín es suficientemente grande. Pero el pirata se va a asegurar en el extremo y va a buscar depredar hasta el cansancio para compensar el riesgo de una nueva expropiación sin el debido respeto por la ley. Esos seguros y esa depredación del filibustero serán riquezas que el país deberá pagar por su propia anomia. En paralelo, la misma compañía privada –sin parche en el ojo ni un garfio en la mano– va a invertir en Brasil. Y allí, donde “sabe” que se respetan los pactos, trabajará tranquila con menos riesgos, menos reaseguros y menos rentabilidad. Esa riqueza quedará en Brasil y en su gente. – Usted hace referencia en su nota al libro de Carlos Nino “Un país al margen de la ley” que se publicó en 1992. ¿Considera que la sociedad argentina ha efectuado algún progreso en esta materia desde aquella fecha a la actualidad? – Creo que no, la Argentina se está empobreciendo porque recibe pésimos ejemplos de sus gobernantes. ¿Cómo le dice un padre a su hijo que mentir, robar, corromper está mal?, si su hijo mira la televisión, lee los diarios, para colmo, al ir de compras constata que los precios aumentan según la realidad y no según un falso discurso oficial. Estamos fabricando una nueva generación de transgresores. Pero quizás, además de la transgresión, la sociedad está volviendo atrás con la intolerancia. Por suerte no en los extremos de la época militar. Pero si usted escucha los discursos presidenciales y vicepresidenciales, se va a encontrar con una retórica sobre “enemigos” a los cuales hay que destruir para preservar un “modelo de crecimiento y equidad”. El famoso modelo está edulcorado con cifras falsas pero la retórica sobre “enemigos”, además de justificar cualquier desatino, enfrenta a los argentinos. Cuando en realidad, el único deber indelegable de un presidente y un vicepresidente es el de asegurar la unidad de los argentinos. – ¿En su opinión, qué pasos debería emprender la sociedad argentina para mejorar la calidad institucional e incorporar una cultura de respeto a la ley y a los contratos? – Resistir. Denunciar la intolerancia y la transgresión de la dirigencia. No dejarse intimidar con amenazas ni corromper con favores clientelares. Afirmar la libertad individual. Y sobre todo, en la convivencia cotidiana, entender que la amabilidad es la mejor de las categorías políticas: tratarnos bien entre los argentinos. Además de estas, que son cosas sencillas, en que todos podemos colaborar, la participación ciudadana organizada en partidos políticos, ong´s, sindicatos o cámaras empresarias, puede y debe insistir en la necesidad de construir un estado eficaz y profesionalizado y en una ciudadanía activa y que sepa afianzar sus derechos.