La culpa es siempre ajena
Aunque los voceros del nuevo gobierno griego del primer ministro Antonis Samaras, líder del partido conservador Nueva Democracia, insisten en que tendrá que adoptar medidas de austeridad porque así lo exige la situación interna, tanto en su propio país como en el resto del mundo la mayoría cree que si no fuera por la presión externa actuaría de forma radicalmente distinta. Que políticos y funcionarios prefieran dar a entender que no son personalmente responsables de decisiones que muchos encuentran antipáticas es comprensible, pero sucede que en todas partes la mayoría parece más que dispuesta a compartir la misma actitud. En los días finales del 2001 y los primeros del 2002 en nuestro país, el grueso de la ciudadanía acusaba a la clase política en su conjunto de haber provocado la gran crisis que acompañó el desmoronamiento de la convertibilidad, de ahí la consigna “que se vayan todos”, pero pronto cambió de opinión para culpar al FMI del colapso brutal, dando por descontado así que de haber actuado los técnicos del organismo con mayor sensatez la economía nacional se hubiera recuperado con facilidad de la larga recesión que precedió al desastre. Del mismo modo, no sólo muchos griegos, sino también una proporción al parecer creciente de los españoles, italianos y franceses se ha convencido de que la razón por la que sus países respectivos están en apuros consiste en la terquedad irracional de la canciller alemana Angela Merkel, idea que está detrás del intento de sus gobernantes de formar un frente latino que, esperan, sirva para poner en su lugar a Alemania. Si bien la propensión ya universal a suponer que los problemas económicos propios se deben a la mezquindad o estupidez de otros ayuda a los políticos locales a reconciliarse con sus compatriotas y por lo tanto podría considerarse positiva, no cabe duda de que hace mucho más difícil un análisis objetivo de la realidad. Por lo demás, contribuye a fortalecer estructuras y tradiciones que obstaculizan el desarrollo. Tanto en Grecia como en muchos otros países, la crisis actual no se debe meramente a la arbitrariedad de los mercados o a la prédica perversa de “neoliberales” supuestamente interesados en hacer sufrir a la gente común sino también, en medida mucho mayor, a la expansión excesiva de burocracias politizadas parasitarias, a la resistencia de sindicatos a permitir reformas laborales y a la negativa de modificar regímenes previsionales para que reflejen los cambios demográficos de las décadas últimas, entre muchas otras cosas. Según los defensores del statu quo, se trata de conquistas progresistas irrenunciables, pero la postura que han asumido es netamente conservadora. En la Argentina, con muy escasas excepciones, los miembros de la clase política se sienten tan comprometidos con el esquema corporativo perfeccionado por el primer gobierno peronista que han hecho de su conservación una prioridad nacional, resistiéndose tenazmente a cualquier esfuerzo por desmantelarlo. En muchos países de Europa y hasta en Estados Unidos, sus homólogos parecen decididos a emularlo, negándose a emprender las reformas drásticas que serían precisas para que las economías desarrolladas recuperaran el vigor perdido. Obran así en nombre de los pobres y de los amenazados por la falta de competitividad del conjunto. Aunque no hay motivos para cuestionar su sinceridad, sus esfuerzos no impiden que las dificultades sigan acumulándose y que los eventuales cambios se produzcan de golpe, al resultar imposible mantener un arreglo que habían defendido aun cuando lo supieran insostenible. De haber reconocido a tiempo los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que las crisis son por lo común de origen interno y que si bien en un mundo cada vez más globalizado hay que tomar en cuenta lo que sucede en otras latitudes, países como Grecia, España y, desde luego, la Argentina, se hubieran ahorrado un sinfín de problemas muy graves, pero parecería que es tan fuerte la voluntad de “victimizarse”, culpando a otros por los fracasos propios, que sería vano pedirles aprender de los alemanes que, cuando el gobierno socialista del canciller Gerhard Schröder estaba en el poder, aplicaron un ajuste muy duro a fin de prepararse para el futuro que se aproximaba.
Aunque los voceros del nuevo gobierno griego del primer ministro Antonis Samaras, líder del partido conservador Nueva Democracia, insisten en que tendrá que adoptar medidas de austeridad porque así lo exige la situación interna, tanto en su propio país como en el resto del mundo la mayoría cree que si no fuera por la presión externa actuaría de forma radicalmente distinta. Que políticos y funcionarios prefieran dar a entender que no son personalmente responsables de decisiones que muchos encuentran antipáticas es comprensible, pero sucede que en todas partes la mayoría parece más que dispuesta a compartir la misma actitud. En los días finales del 2001 y los primeros del 2002 en nuestro país, el grueso de la ciudadanía acusaba a la clase política en su conjunto de haber provocado la gran crisis que acompañó el desmoronamiento de la convertibilidad, de ahí la consigna “que se vayan todos”, pero pronto cambió de opinión para culpar al FMI del colapso brutal, dando por descontado así que de haber actuado los técnicos del organismo con mayor sensatez la economía nacional se hubiera recuperado con facilidad de la larga recesión que precedió al desastre. Del mismo modo, no sólo muchos griegos, sino también una proporción al parecer creciente de los españoles, italianos y franceses se ha convencido de que la razón por la que sus países respectivos están en apuros consiste en la terquedad irracional de la canciller alemana Angela Merkel, idea que está detrás del intento de sus gobernantes de formar un frente latino que, esperan, sirva para poner en su lugar a Alemania. Si bien la propensión ya universal a suponer que los problemas económicos propios se deben a la mezquindad o estupidez de otros ayuda a los políticos locales a reconciliarse con sus compatriotas y por lo tanto podría considerarse positiva, no cabe duda de que hace mucho más difícil un análisis objetivo de la realidad. Por lo demás, contribuye a fortalecer estructuras y tradiciones que obstaculizan el desarrollo. Tanto en Grecia como en muchos otros países, la crisis actual no se debe meramente a la arbitrariedad de los mercados o a la prédica perversa de “neoliberales” supuestamente interesados en hacer sufrir a la gente común sino también, en medida mucho mayor, a la expansión excesiva de burocracias politizadas parasitarias, a la resistencia de sindicatos a permitir reformas laborales y a la negativa de modificar regímenes previsionales para que reflejen los cambios demográficos de las décadas últimas, entre muchas otras cosas. Según los defensores del statu quo, se trata de conquistas progresistas irrenunciables, pero la postura que han asumido es netamente conservadora. En la Argentina, con muy escasas excepciones, los miembros de la clase política se sienten tan comprometidos con el esquema corporativo perfeccionado por el primer gobierno peronista que han hecho de su conservación una prioridad nacional, resistiéndose tenazmente a cualquier esfuerzo por desmantelarlo. En muchos países de Europa y hasta en Estados Unidos, sus homólogos parecen decididos a emularlo, negándose a emprender las reformas drásticas que serían precisas para que las economías desarrolladas recuperaran el vigor perdido. Obran así en nombre de los pobres y de los amenazados por la falta de competitividad del conjunto. Aunque no hay motivos para cuestionar su sinceridad, sus esfuerzos no impiden que las dificultades sigan acumulándose y que los eventuales cambios se produzcan de golpe, al resultar imposible mantener un arreglo que habían defendido aun cuando lo supieran insostenible. De haber reconocido a tiempo los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que las crisis son por lo común de origen interno y que si bien en un mundo cada vez más globalizado hay que tomar en cuenta lo que sucede en otras latitudes, países como Grecia, España y, desde luego, la Argentina, se hubieran ahorrado un sinfín de problemas muy graves, pero parecería que es tan fuerte la voluntad de “victimizarse”, culpando a otros por los fracasos propios, que sería vano pedirles aprender de los alemanes que, cuando el gobierno socialista del canciller Gerhard Schröder estaba en el poder, aplicaron un ajuste muy duro a fin de prepararse para el futuro que se aproximaba.
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