Fin de un capítulo

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Nunca hubo la menor duda de que los ancianos expresidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, además de otros personajes acusados de responsabilidad por el apoderamiento sistemático de bebés nacidos en cautiverio en el transcurso de la “guerra sucia” de hace treinta años, serían condenados por el tribunal que los juzgaba a penas muy severas y que algunos pasarían el resto de sus días entre rejas. Así, pues, ciertas condenas que acaba de dictar la Justicia, como la de 50 años de cárcel para Videla, que ya ha cumplido 86, pueden considerarse simbólicas, destinadas a reflejar el repudio generalizado a prácticas que en el pasado reciente no motivaban la indignación mayoritaria. ¿Es que la Argentina se ha convertido en un país en el que la sociedad civil no toleraría aberraciones como las que eran rutinarias en la década de los setenta, un período en el que, no lo olvidemos, tanto los militares como los integrantes de las organizaciones terroristas que por un rato gozaban de la simpatía de sectores muy amplios estaban convencidos de que era legítimo secuestrar, robar, torturar y asesinar por motivos políticos? Sería de esperar que sí, que el país realmente se ha recuperado de lo que en una oportunidad el primer presidente de la democracia resucitada, Raúl Alfonsín, calificó de un “colapso moral” atribuible al fanatismo ideológico pero, por desgracia, existen motivos para cuestionar la sinceridad de algunos que se afirman comprometidos con los derechos humanos sin por eso preocuparse por las violaciones cometidas por quienes a su entender comparten, o compartían, sus propias preferencias políticas. Mientras no se haya consolidado el consenso de que todos los crímenes de dicho tipo son igualmente condenables y que el presunto idealismo o la voluntad de defender el país contra un mal mayor no constituyen atenuantes, nos enfrentaremos con el riesgo de que la tragedia protagonizada por los militares hace casi cuarenta años no sea la última. Puesto que Videla y sus cómplices ya se han visto condenados, ha culminado la serie de juicios a los represores. Habrá otros, pero no merecerán el mismo interés por ser cuestión de individuos que desempeñaron funciones menos significantes cuando la dictadura castrense monopolizaba el poder. Asimismo, por ser en la Argentina la edad mediana inferior a los 30 años, para la mayoría “el Proceso” militar ya es un acontecimiento histórico, algo que sucedió antes de que naciera, razón por la que a muchos les parecen cada vez más anacrónicos los esfuerzos de facciones políticas determinadas, en especial la kirchnerista, por interpretar la actualidad a través del prisma de los conflictos de un pasado cada vez más lejano. En este sentido por lo menos, la Argentina es un país llamativamente conservador: a treinta años de la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe de dimensiones apenas concebibles, los europeos ya la habían dejado atrás, optando por concentrarse en el presente y el futuro, no en revisar una y otra vez el pasado, acaso por entender que les sería peligroso permitirse recaer en actitudes propias de una etapa signada por el horror. Sea como fuere, obligar a quienes delinquieron al subordinar todo a esquemas ideológicos a rendir cuentas ante la Justicia por lo que hicieron más de una generación atrás ya no debería ocupar un lugar destacado en la lista de prioridades del país. Los desafíos principales son otros. Por lo demás, el supuesto compromiso del gobierno actual con los derechos humanos, un tema que según parece sólo abarca los abusos perpetrados por personas vinculadas con el régimen militar, no hace menos alarmante el deterioro de las instituciones básicas del país, entre ellas las relacionadas con la Justicia. Puede que, a partir de la experiencia traumática de la dictadura, la sociedad haya evolucionado tanto que no sea factible una recaída en las prácticas salvajes de aquellos tiempos, pero convendría que la clase política en su conjunto, en especial la parte representada por el oficialismo, obrara para asegurar que nunca más se dé una situación en la que sectores sustanciales de la sociedad lleguen a la conclusión de que, para encontrar una salida, es necesario recurrir a la violencia extrema y que, por ser tan buenos los fines, pueden justificarse todos los medios, por inenarrablemente brutales que ellos fueran.

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