El miedo a perder el poder
En algunas partes infelices del mundo que nos ha tocado, como los países musulmanes, China y, hasta cierto punto, Rusia, los poderosos aún defienden sus privilegios eliminando físicamente a sus críticos más vehementes y atemorizando a los tibios con los contundentes métodos tradicionales. En la Argentina de la era K, los beneficiados por el poder han entendido que no es necesario ir tan lejos. Aunque a veces un vocero oficial reaccionará con furia si alguien acusa a miembros del gobierno de cometer delitos que son llamativamente graves, los demás han aprendido que es mucho más eficaz mantener un silencio altanero, como si el presunto robo de vaya a saber cuántos miles de millones de dólares, o la demolición previa de aquellos organismos de control que deberían servir para impedirlo, fueran asuntos sin importancia alguna. A lo sumo, los amigos de Cristina aludirán al 54% de los votos que, se supone, obtuvo en las elecciones presidenciales de hace ya casi un año y medio; en su opinión por lo menos, aquel triunfo sigue funcionando como un detergente milagroso que es capaz de blanquear todo. Al fin y al cabo, si el pueblo avala la corrupción, condenarla sería antidemocrático. El arma preferida de los comprometidos con el “proyecto” de la señora es la indiferencia. No llegan a sus oídos las protestas callejeras o las denuncias; en cuanto a los intentos siempre vanos de miembros de la oposición de hacer valer las normas constitucionales, los toman por síntomas de impotencia. Mientras que los opositores más destacados procuran actuar como demócratas respetuosos de las reglas, aunque sólo fuera por razones tácticas, los cortesanos siguen dedicándose a sus negocios, negándose a prestar atención al griterío de quienes se afirman indignados por su conducta. Puede que aquella mayoría reconfortante de octubre del 2011 se esfumara hace tiempo, pero a juicio de los kirchneristas más fieles sólo se trataría de un detalle insignificante; pueden señalar que, según las reglas democráticas reivindicadas por sus adversarios, les asiste el derecho a continuar haciendo cuanto se les antoje hasta que la conformación del Congreso nacional se haya modificado radicalmente. La alternativa así supuesta no parece inquietarlos: en público al menos, hablan como si estuvieran convencidos de que los votantes, impresionados por la evidente “vocación de poder” de Cristina y los suyos, y por la falta de ella de quienes se ofrecen para reemplazarlos, terminarán brindándoles el apoyo que creen merecer en las elecciones legislativas próximas. Es posible que se hayan equivocado, que “el soberano” esté preparándose para castigarlos por haberlo despreciado de forma tan insolente, pero no quieren perder el tiempo pensando en dicha eventualidad: los kirchneristas más activos y sus amigos de la nueva “burguesía nacional” están demasiado ocupados aprovechando las oportunidades que aún les quedan como para dejarse perturbar por lo que podría suceder en el futuro. Algunos precavidos ya han comprado propiedades en lugares como Miami; acaso no les convendría mudarse personalmente al imperio, pero por lo menos se trata de una inversión relativamente segura. Las revelaciones recientes acerca de un sistema que presuntamente fue perfeccionado por Néstor Kirchner para sustraer cantidades astronómicas de dinero del Estado, o sea, de los bolsillos de los habitantes del país, para entonces transferirlas, pasando por intermediarios en países centroamericanos de costumbres financieras flexibles, a bancos en Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein, han motivado una variedad de reacciones. Una, la de una minoría pequeña, ha sido de incredulidad; un presidente tan progresista como Kirchner no pudo haber actuado así. Otra ha sido de comprensión, por decirlo así, de parte de quienes dan por descontado que el prócer santacruceño sí se apropió de una fortuna fabulosa de la manera heterodoxa que fue descrita por personajes como Leonardo Fariña en el programa televisivo de Jorge Lanata, pero que en la Argentina tales procedimientos son rutinarios porque, como Kirchner mismo explicó en una ocasión, para hacer política se necesita mucho dinero. Una tercera reacción ha sido la de quienes coinciden en que, si bien es terrible que tales cosas ocurran, sería mejor resignarse porque, caso contrario, el país sufriría una crisis política monumental en la que todos perderían. Sería un error subestimar la influencia de esta forma de pensar. Así y todo, los hay que temen que, a menos que se restaure un mínimo de respeto por la legalidad, la Argentina pronto degenerará en un feudo miserable dominado por demagogos corruptos, militantes más interesados en enriquecerse que en el bienestar común, ladrones, narcotraficantes y otros mafiosos flanqueados por contingentes de oportunistas serviles que aplauden las genialidades del capo de turno. Quienes piensan de este modo quisieran que la parte rescatable de la clase política nacional se pusiera a la altura de las circunstancias. ¿Se trata de una actitud limitada a una elite extranjerizante reducida que, a pesar de todo lo sucedido últimamente, sigue creyendo que el país podría darse un futuro un tanto mejor que el previsto por los populistas? ¿O es que la mayoría, consciente de lo que está en juego, estaría dispuesta a enfrentar los riesgos que supondría un esfuerzo decidido por obligar a todos, sin excepción, a acatar la ley? En América Latina, los autoritarios más astutos prefieren operar detrás de una fachada democrática. Permiten elecciones formalmente libres, aunque no vacilan en cambiar los resultados si las circunstancias los obligan a hacerlo y, desde luego, durante las campañas proselitistas aprovechan en su favor todos los recursos suministrados por el Estado, pero, como acaba de ocurrir en Venezuela, tarde o temprano llegará el momento en que tienen que optar por emplear la fuerza bruta. Si desde el poder han armado un sistema de saqueo parecido al atribuido al matrimonio Kirchner y sus muchos dependientes, tratando al país que regentean como si fuera una gran mina a cielo abierto, sencillamente no podrán replegarse a cuarteles de invierno sólo porque la mayoría quisiera probar suerte con un gobierno más honesto. Tienen forzosamente que aferrarse al poder por los medios que fueran ya que, de funcionar de forma adecuada las instituciones, comenzando con las judiciales, el destino que les aguardaría sería muy pero muy triste.
SEGÚN LO VEO
JAMES NEILSON
En algunas partes infelices del mundo que nos ha tocado, como los países musulmanes, China y, hasta cierto punto, Rusia, los poderosos aún defienden sus privilegios eliminando físicamente a sus críticos más vehementes y atemorizando a los tibios con los contundentes métodos tradicionales. En la Argentina de la era K, los beneficiados por el poder han entendido que no es necesario ir tan lejos. Aunque a veces un vocero oficial reaccionará con furia si alguien acusa a miembros del gobierno de cometer delitos que son llamativamente graves, los demás han aprendido que es mucho más eficaz mantener un silencio altanero, como si el presunto robo de vaya a saber cuántos miles de millones de dólares, o la demolición previa de aquellos organismos de control que deberían servir para impedirlo, fueran asuntos sin importancia alguna. A lo sumo, los amigos de Cristina aludirán al 54% de los votos que, se supone, obtuvo en las elecciones presidenciales de hace ya casi un año y medio; en su opinión por lo menos, aquel triunfo sigue funcionando como un detergente milagroso que es capaz de blanquear todo. Al fin y al cabo, si el pueblo avala la corrupción, condenarla sería antidemocrático. El arma preferida de los comprometidos con el “proyecto” de la señora es la indiferencia. No llegan a sus oídos las protestas callejeras o las denuncias; en cuanto a los intentos siempre vanos de miembros de la oposición de hacer valer las normas constitucionales, los toman por síntomas de impotencia. Mientras que los opositores más destacados procuran actuar como demócratas respetuosos de las reglas, aunque sólo fuera por razones tácticas, los cortesanos siguen dedicándose a sus negocios, negándose a prestar atención al griterío de quienes se afirman indignados por su conducta. Puede que aquella mayoría reconfortante de octubre del 2011 se esfumara hace tiempo, pero a juicio de los kirchneristas más fieles sólo se trataría de un detalle insignificante; pueden señalar que, según las reglas democráticas reivindicadas por sus adversarios, les asiste el derecho a continuar haciendo cuanto se les antoje hasta que la conformación del Congreso nacional se haya modificado radicalmente. La alternativa así supuesta no parece inquietarlos: en público al menos, hablan como si estuvieran convencidos de que los votantes, impresionados por la evidente “vocación de poder” de Cristina y los suyos, y por la falta de ella de quienes se ofrecen para reemplazarlos, terminarán brindándoles el apoyo que creen merecer en las elecciones legislativas próximas. Es posible que se hayan equivocado, que “el soberano” esté preparándose para castigarlos por haberlo despreciado de forma tan insolente, pero no quieren perder el tiempo pensando en dicha eventualidad: los kirchneristas más activos y sus amigos de la nueva “burguesía nacional” están demasiado ocupados aprovechando las oportunidades que aún les quedan como para dejarse perturbar por lo que podría suceder en el futuro. Algunos precavidos ya han comprado propiedades en lugares como Miami; acaso no les convendría mudarse personalmente al imperio, pero por lo menos se trata de una inversión relativamente segura. Las revelaciones recientes acerca de un sistema que presuntamente fue perfeccionado por Néstor Kirchner para sustraer cantidades astronómicas de dinero del Estado, o sea, de los bolsillos de los habitantes del país, para entonces transferirlas, pasando por intermediarios en países centroamericanos de costumbres financieras flexibles, a bancos en Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein, han motivado una variedad de reacciones. Una, la de una minoría pequeña, ha sido de incredulidad; un presidente tan progresista como Kirchner no pudo haber actuado así. Otra ha sido de comprensión, por decirlo así, de parte de quienes dan por descontado que el prócer santacruceño sí se apropió de una fortuna fabulosa de la manera heterodoxa que fue descrita por personajes como Leonardo Fariña en el programa televisivo de Jorge Lanata, pero que en la Argentina tales procedimientos son rutinarios porque, como Kirchner mismo explicó en una ocasión, para hacer política se necesita mucho dinero. Una tercera reacción ha sido la de quienes coinciden en que, si bien es terrible que tales cosas ocurran, sería mejor resignarse porque, caso contrario, el país sufriría una crisis política monumental en la que todos perderían. Sería un error subestimar la influencia de esta forma de pensar. Así y todo, los hay que temen que, a menos que se restaure un mínimo de respeto por la legalidad, la Argentina pronto degenerará en un feudo miserable dominado por demagogos corruptos, militantes más interesados en enriquecerse que en el bienestar común, ladrones, narcotraficantes y otros mafiosos flanqueados por contingentes de oportunistas serviles que aplauden las genialidades del capo de turno. Quienes piensan de este modo quisieran que la parte rescatable de la clase política nacional se pusiera a la altura de las circunstancias. ¿Se trata de una actitud limitada a una elite extranjerizante reducida que, a pesar de todo lo sucedido últimamente, sigue creyendo que el país podría darse un futuro un tanto mejor que el previsto por los populistas? ¿O es que la mayoría, consciente de lo que está en juego, estaría dispuesta a enfrentar los riesgos que supondría un esfuerzo decidido por obligar a todos, sin excepción, a acatar la ley? En América Latina, los autoritarios más astutos prefieren operar detrás de una fachada democrática. Permiten elecciones formalmente libres, aunque no vacilan en cambiar los resultados si las circunstancias los obligan a hacerlo y, desde luego, durante las campañas proselitistas aprovechan en su favor todos los recursos suministrados por el Estado, pero, como acaba de ocurrir en Venezuela, tarde o temprano llegará el momento en que tienen que optar por emplear la fuerza bruta. Si desde el poder han armado un sistema de saqueo parecido al atribuido al matrimonio Kirchner y sus muchos dependientes, tratando al país que regentean como si fuera una gran mina a cielo abierto, sencillamente no podrán replegarse a cuarteles de invierno sólo porque la mayoría quisiera probar suerte con un gobierno más honesto. Tienen forzosamente que aferrarse al poder por los medios que fueran ya que, de funcionar de forma adecuada las instituciones, comenzando con las judiciales, el destino que les aguardaría sería muy pero muy triste.
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