Las culpas son siempre ajenas

Redacción

Por Redacción

Es posible, pero no es muy probable, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, realmente crean que el aumento constante del costo de vida que tantos trastornos está provocando se debe a la rapacidad inhumana de los minoristas, pero se trata de una hipótesis rudimentaria que los economistas refutaron hace varios siglos. Si bien no cabe duda de que los comerciantes y otros empresarios quieren ganar mucho dinero, para alcanzar tal objetivo tienen que tomar en cuenta factores como el poder adquisitivo de los consumidores y la competencia de rivales dispuestos a reducir los precios a fin de vender más. Por lo demás, las cadenas de supermercados más exitosas son precisamente aquellas que consiguen seducir a los consumidores vendiéndoles bienes de cierta calidad a menor precio que sus competidoras. Pero, claro está, dicha realidad importa poco a políticos que están resueltos a atribuir las consecuencias desafortunadas de su propia inoperancia y de su adhesión a teorías disparatadas a las maniobras de “corporaciones” siniestras, razón por la cual el gobierno kirchnerista ha optado por agregar a los minoristas, en especial los dueños de los supermercados, a su lista ya muy larga de enemigos mortales. Según Yauhar, son “chorros”, personajes desalmados a quienes “se le va la mano con el lapicito”, opinión que con toda seguridad comparten aquellos militantes oficialistas jóvenes que están “mirando para cuidar” lo que está sucediendo en las góndolas. De tomarse en serio las afirmaciones de Yauhar, Moreno y otros voceros del gobierno de Cristina, los comerciantes argentinos están entre los más codiciosos del mundo civilizado, puesto que, de acuerdo con su forma de analizar la evolución de las distintas economías, en todos los demás países, con la excepción de Venezuela, sus equivalentes se habrán resignado a colaborar para impedir que la tasa anual de inflación sea superior al 4 ó 5%, mientras que aquí, con los precios de medio millar de bienes supuestamente congelados, se aproxima al 25%. Así las cosas, parecería que el gobierno kirchnerista ha perdido por completo aquella “batalla cultural” que sus ideólogos dicen estar librando a partir de mayo del 2003 con el propósito de cambiar la mentalidad nacional. A pesar de todos sus esfuerzos y el atractivo a su juicio irresistible del gran relato oficial, una proporción sustancial de la población está conformada por “chorros”, ya que hasta los almaceneros más humildes hacen subir los precios de los productos que comercializan a un ritmo parecido al fijado por los supermercadistas. Cuando virtualmente todos los precios aumentan a menos que las autoridades lo impidan congelándolos, como es el caso en nuestro país, el responsable único del fenómeno es el gobierno mismo por negarse a combatir la inflación por entender que serían excesivos los costos políticos de las medidas necesarias para restaurar la estabilidad. Por desgracia, frenar la inflación nunca es fácil, pero en el resto del mundo los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, son conscientes de que la alternativa suele ser decididamente peor, de ahí su voluntad de pagar los costos políticos que les supondría un “ajuste” previsiblemente doloroso. Aunque es comprensible que los kirchneristas sean reacios a correr los riesgos que plantearía un esfuerzo genuino por manejar la economía con mayor racionalidad, su negativa a hacerlo se debe no sólo a su temor a perder el apoyo de su clientela electoral sino también a la convicción aparente de que les ha sido dado crear un “modelo” novedoso que, a diferencia de todos los demás, no los obliga a tomar decisiones que sus simpatizantes considerarían antipáticas. Hasta un par de años atrás, parecía que el grueso del electorado confiaba en que “el modelo” voluntarista de Cristina seguiría funcionando por mucho tiempo más, pero se trataba de una ilusión. Lejos de garantizarle al país un futuro de prosperidad generalizada, ha servido para asegurar que, una vez más, le aguarde una crisis mayúscula que depauperará a millones de personas que ya apenas consiguen llegar a fin de mes y que, privadas de la posibilidad de ahorrar, no están en condiciones de prepararse para enfrentar lo que se les viene encima.


Es posible, pero no es muy probable, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, realmente crean que el aumento constante del costo de vida que tantos trastornos está provocando se debe a la rapacidad inhumana de los minoristas, pero se trata de una hipótesis rudimentaria que los economistas refutaron hace varios siglos. Si bien no cabe duda de que los comerciantes y otros empresarios quieren ganar mucho dinero, para alcanzar tal objetivo tienen que tomar en cuenta factores como el poder adquisitivo de los consumidores y la competencia de rivales dispuestos a reducir los precios a fin de vender más. Por lo demás, las cadenas de supermercados más exitosas son precisamente aquellas que consiguen seducir a los consumidores vendiéndoles bienes de cierta calidad a menor precio que sus competidoras. Pero, claro está, dicha realidad importa poco a políticos que están resueltos a atribuir las consecuencias desafortunadas de su propia inoperancia y de su adhesión a teorías disparatadas a las maniobras de “corporaciones” siniestras, razón por la cual el gobierno kirchnerista ha optado por agregar a los minoristas, en especial los dueños de los supermercados, a su lista ya muy larga de enemigos mortales. Según Yauhar, son “chorros”, personajes desalmados a quienes “se le va la mano con el lapicito”, opinión que con toda seguridad comparten aquellos militantes oficialistas jóvenes que están “mirando para cuidar” lo que está sucediendo en las góndolas. De tomarse en serio las afirmaciones de Yauhar, Moreno y otros voceros del gobierno de Cristina, los comerciantes argentinos están entre los más codiciosos del mundo civilizado, puesto que, de acuerdo con su forma de analizar la evolución de las distintas economías, en todos los demás países, con la excepción de Venezuela, sus equivalentes se habrán resignado a colaborar para impedir que la tasa anual de inflación sea superior al 4 ó 5%, mientras que aquí, con los precios de medio millar de bienes supuestamente congelados, se aproxima al 25%. Así las cosas, parecería que el gobierno kirchnerista ha perdido por completo aquella “batalla cultural” que sus ideólogos dicen estar librando a partir de mayo del 2003 con el propósito de cambiar la mentalidad nacional. A pesar de todos sus esfuerzos y el atractivo a su juicio irresistible del gran relato oficial, una proporción sustancial de la población está conformada por “chorros”, ya que hasta los almaceneros más humildes hacen subir los precios de los productos que comercializan a un ritmo parecido al fijado por los supermercadistas. Cuando virtualmente todos los precios aumentan a menos que las autoridades lo impidan congelándolos, como es el caso en nuestro país, el responsable único del fenómeno es el gobierno mismo por negarse a combatir la inflación por entender que serían excesivos los costos políticos de las medidas necesarias para restaurar la estabilidad. Por desgracia, frenar la inflación nunca es fácil, pero en el resto del mundo los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, son conscientes de que la alternativa suele ser decididamente peor, de ahí su voluntad de pagar los costos políticos que les supondría un “ajuste” previsiblemente doloroso. Aunque es comprensible que los kirchneristas sean reacios a correr los riesgos que plantearía un esfuerzo genuino por manejar la economía con mayor racionalidad, su negativa a hacerlo se debe no sólo a su temor a perder el apoyo de su clientela electoral sino también a la convicción aparente de que les ha sido dado crear un “modelo” novedoso que, a diferencia de todos los demás, no los obliga a tomar decisiones que sus simpatizantes considerarían antipáticas. Hasta un par de años atrás, parecía que el grueso del electorado confiaba en que “el modelo” voluntarista de Cristina seguiría funcionando por mucho tiempo más, pero se trataba de una ilusión. Lejos de garantizarle al país un futuro de prosperidad generalizada, ha servido para asegurar que, una vez más, le aguarde una crisis mayúscula que depauperará a millones de personas que ya apenas consiguen llegar a fin de mes y que, privadas de la posibilidad de ahorrar, no están en condiciones de prepararse para enfrentar lo que se les viene encima.

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