Irigoyen compró una de las firmas-sello de la «ruta de la coima»

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Miguel Irigoyen: compró una sociedad que Ferrari reconoce como propia, y que preside Santamaría. Albany Trade es una de las tantas firmas que reconoce como propia el empresario del juego Carlos Isidoro «Cacho» Ferrari, y ha sido utilizada como pantalla para disimular el desvío de dinero de las apuestas a bolsillos de dos altos funcionarios rionegrinos. Esta fue una de las conclusiones de la investigación publicada por «Río Negro» el 14 de mayo, titulada «La ruta de la coima».

Ahora, este diario obtuvo información que revela que Albany Trade fue comprada en 1998 por el presidente de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen, y entregada para una especie de «administración compartida» entre representantes de Ferrari y del gobierno, en este caso: Andrés Alejandro Santamaría, el ex basquetbolista amigo del hijo del gobernador Pablo Verani.

No obstante, mientras la presente nota estaba en proceso, Ferrari hizo un anticipo de esta investigación en el diario «Noticias de la Costa», de Horacio Massaccesi, aunque fue más allá al hacer una grave revelación: puso en evidencia que a Albany «la compramos porque Miguel Irigoyen quiso darle una mano a Santamaría para que pudiera explotar su marca de ropa deportiva». Es decir, lisa y llanamente, admite:

-que en la adquisición participó el funcionario Irigoyen, titular de Lotería.

– que es una empresa «sello» (dicho por su propia boca).

Andrés Santamaría, el ex jugador de básquet amigo del hijo del gobernador: un personero en la ruta de la coima.

– que la compra fue hecha para favorecer al amigo del hijo del gobernador.

– que en esa firma había puesto a una empleada suya (lo que pone de manifiesto que se trataba de una sociedad compartida con el gobierno)

– y que, fracasado el objetivo de la ropa, la usó «para concretar uno de los tantos negocios que normalmente desarrollo».

Como informó este diario el 14 de mayo de este año, Andrés Santamaría, residente en la localidad santafesina de Cañada de Gómez, figura como presidente de Albany Trade, la firma que recibía el dinero equivalente al 15% de la ganancia de las tragamonedas de Varsa/Inter World -de propiedad de Ferrari, concesionaria además de varios casinos en la provincia-. Ese monto, que representaba más de 2.500.000 pesos en el 2000, descontados de la porción que le correspondía a Varsa en el negocio (es decir el 52% por ciento, ya que el Estado conservaba el 48%), era trasvasado en otro tiempo a la empresa «Sistema Integral de Prevención S.A.», supuestamente en pago de determinados servicios.

«Albany», «Sistema…», Mystinc Sun», «Newtronic», «All Games», no eran más que sellos constituidos por hombres de confianza de Ferrari y, en algún caso, también por hombres del gobierno rionegrino o por sus representantes.

El presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, y el gobernador rionegrino aparecen en el núcleo del escándalo luego de que se conocieran detalles del proceso de licitación de los casinos. Las más graves revelaciones surgieron de los dichos del propio Ferrari. Como se ha dicho, éste se jactó de haber pagado una coima de un millón de dólares para «arreglar» la adjudicación de los casinos, y también de colaborar para que Verani e Irigoyen puedan cobrar sin riesgos sobornos provenientes de otras operaciones en negocios en los que él no participa, sino que tienen que ver con Tecno Acción, la socia privada de la estatal Altec.

«Río Negro» acaba de determinar, a través de información que consta en expedientes judiciales, que el 13 de setiembre de 1998, Irigoyen le compró «Albany Trade S.A.» a un contador, Osvaldo Silvio Ackerman, cuyo «metier» es la constitución y compra-venta de sociedades. El valor de venta de «Albany» fue una ganga: 1.500 pesos.

El dato muestra, entonces, que tal empresa no es una proveedora de servicios para Ferrari sino la fachada que oculta el «retorno» de parte del dinero de la contratación de las tragamonedas a bolsillos de los dos funcionarios públicos.

¿Cómo surge tamaña revelación? De la forma más indirecta. Resulta que, antes de caer en posesión de Irigoyen, Albany Trade tampoco era una empresa «trigo limpio». Fue denunciada de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a las más variadas estafas. Da cuenta de ello la causa penal número 26.013/98 que se tramita en el Juzgado de Instrucción 22 de Buenos Aires, cuyo titular es el juez Ismael Muratorio, secretaría a cargo de César López Cabanillas. Está caratulada «Soluncred S.A. s/estafa». Se trata de un fraude por la venta y financiación de vehículos, y el expediente consta de 26 cuerpos. La Fiscalía actuante es la número 24 a cargo de Daniel Marín.

Durante la sustanciación de la causa, los investigadores fueron a los registros públicos referidos a Albany y encontraron que dos personas figuraban al frente de la compañía: Andrés Santamaría y Valeria Romina Acebal. El primero (CUIT 20-20387474-0) como presidente y la segunda (CUIL 27-24694798-3) como directora suplente. En el papel de accionistas figuraban María Claudia Bolla y María Isabel Olmos. Se trataba de una sociedad anónima constituida el 7 de julio de 1998 con un capital social de 12.000 pesos con el objeto de «comercializar productos alimenticios, carnes, bebidas y artículos textiles». Obviamente, nada de eso hacía, y en la dirección que se registró, México 1681 de Buenos Aires, «Río Negro» halló una casona donde vive una anciana que nunca había oído hablar de Albany.

Al querer desenmascarar la estafa que vincula a la empresa-sello de Ferrari y funcionarios con Soluncred, la Justicia dispuso la detención preventiva de las cabezas visibles de la firma, aunque luego se determinaría que nada tenían que ver con los delitos con vehículos allí investigados, pues se habían hecho cargo de Albany luego del proceso de reventa que operó Ackerman.

Mientras esto se aclaraba, Valeria Romina Acebal fue encarcelada en Ezeiza y permaneció allí unos 40 días. Al «presidente» Santamaría no lo pudieron aprehender porque se convirtió en prófugo de la Justicia. Como informó ya «Río Negro» durante esos meses en los que se pedía su captura desapareció de Cañada de Gómez, en Santa Fe, y más adelante adujo que había estado vendiendo seguros en la Capital Federal.

Santamaría, quien ha logrado prosperidad traducida en propiedades, lujosos vehículos, viajes y un modo de vida que no pasó inadvertido en su pueblo, afronta hoy una causa judicial en Río Negro luego de que este diario diera a conocer que hace cuatro años chocó cerca de Rosario al mando de un auto oficial de la provincia de Río Negro que sólo debían utilizar el gobernador Pablo Verani o su chofer.

La ausencia de responsabilidad de Santamaría y Acebal en la causa de la estafa de Soluncred fue manifestada por Ackerman cuando declaró ante la Justicia.

«Río Negro» encontró a Ackerman en sus oficinas porteñas de Riobamba casi avenida Corrientes.

Este contador, de unos 65 años, reconoció que fue el apoderado de Albany y que la vendió en unos «dos mil y pico de pesos» a personas que él dice no recordar. Asegura que «no le suena» el nombre de Irigoyen y sólo le constan los nombres de Olmos y Bolla como «directoras», pero no el de Santamaría. Tampoco recordó haber declarado por la causa Soluncred, aunque ante una nueva consulta mencionó que le fueron allanadas sus oficinas de donde se secuestró toda la documentación de Albany. De ese modo le puso límites a la indagación periodística acerca de esta firma y a la posibilidad de que él contara con certificaciones de la venta. «No me dejaron nada, sólo el acta numerada y foliada», dijo.

Se sabe de todos modos, que en la Justicia existe evidencia de la venta de Albany a Miguel Irigoyen por 1.500 pesos en una factura o recibo a su nombre que sugestivamente aparece «anulada» y reemplazada por otra a nombre de un Irigoyen cuyo nombre de pila no coincide con el del titular de la Lotería rionegrina.

Ackerman, especialista en compra-venta de sociedades, admitió haber realizado la operación en setiembre de 1998, cuando declaró el 23 de abril de 1999 ante el juez de Instrucción 22 de Buenos Aires, secretaría 148.

La maniobra, explicada por Ferrari

En su edición de ayer, el diario «Noticias de la Costa», de Horacio Massaccesi, publica una entrevista al empresario del juego Carlos «Cacho» Ferrari en la cual éste asombra por los detalles que brinda acerca de la maniobra que lo vincula en una empresa «sello» con el funcionario provincial que debería supervisar su condición de concesionario de cuatro casinos y unas cuantas salas de juego.

Es evidente que Ferrari supo que «Río Negro» investigaba un hecho escandaloso, y procura tomar la iniciativa para intentar una justificación que, de todos modos, resulta más escandalosa aún.

En la entrevista publicada por «Noticias de la Costa», el concesionario de los casinos se pregunta cómo «Río Negro» no ha publicado aún que una de las empresas que él reconoce como suya es un «sello» que, para colmo de males, fue comprado a un «reciclador» de sociedades por el presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, y puesta en manos de una conducción compartida entre representantes de Ferrari y del gobierno.

Ferrari es concesionario del Estado. Y, obviamente, no puede tener sociedades a medias con los funcionarios que deben controlar los intereses del Estado en relación con su contratación. Y precisamente esto es lo que el propio Ferrari explica, y con detalles.

«A confesión de parte, relevo de pruebas», dicen los abogados. Y esto significa que, cuando alguien explica cómo cometió una maniobra investigada, práctica- mente libera a la otra parte de la necesidad de aportar más pruebas.

Aquí se reproduce, en forma textual, lo que Ferrari dijo sobre el tema al diario de Viedma:

Carlos Ferrari: «…existe una causa penal instruida en la Capital Federal en la cual se investigó a la firma Albany Trade, porque antes de que sea comprada por nosotros, algunos inescrupulosos hicieron uso de ese nombre para consumar un sinnúmero de estafas en la venta de autos o algo por el estilo. Cuando nosotros la compramos -porque Miguel Irigoyen quiso darle una mano a Santamaría para que pudiera explotar su marca de ropa- no teníamos nada que ver con esa actividad ilícita. Sin embargo, Santamaría y una empleada mía, a la cual yo había colocado en esta empresa sello, terminaron brindando explicaciones ante el juez capitalino sobre temas que nada tienen que ver con nosotros.

«Periodista: ¿Y por qué no prueban el verdadero destino del dinero, entonces?

«Carlos Ferrari: El tema no es tan sencillo. Yo, como antes le dije, no sé muy bien qué es lo que quiere probar el juez. Si se está guiando por lo que los medios publican, entiendo que no va a poder probar absolutamente nada, por la sencilla razón de que se trata siempre de historias mentirosas. Recientemente, por ejemplo, publicaron que José Luis Suárez, presidente de Edificom, por segunda vez no se presentó a declarar. Yo lo hablé con José Luis y me dijo que él no había recibido ninguna citación, de modo que no es que no fue sino que no sabe si lo convocaron. Del mismo modo, no tengo muy en claro si realmente quieren saber cuál fue el destino del dinero que desde Varsa SA salía hacia Albany Trade SA. Si ese es el punto, la cuestión no tiene mayor complicación. Existe un contrato de cesión que realicé entre ambas sociedades, con el único objetivo de hacerme de liquidez. La casualidad de que se haya utilizado esta empresa en la que estaba como presidente Santamaría, y en cuya compra el Sr. Irigoyen le dio una mano, obedece exclusivamente a que en aquel momento, el destino originario de la sociedad nunca se cumplió -venta de indumentaria deportiva- por lo cual la utilicé, como a tantas otras de mis empresas, para concretar uno más de los tantos negocios que normalmente desarrollo».

«Muy normal»

Con lo dicho, Ferrari «blanquea» la compra y la aparición de Albany Trade diciendo que, en realidad, cada una de estas cosas es «muy normal»:

– Comprar una sociedad a medias con un funcionario,

– Poner como presidente al amigo del hijo del gobernador, sólo porque el presidente de Lotería quiso «darle una mano» al joven.

– Admitir que tiene una empresa «sello»,

– Reconocer que, pese al principio de «buena fe» que rige el derecho comercial, Albany Trade informó a las autoridades que vendería ropa cuando en realidad fue usada «para otros negocios», que ni siquiera detalla,

– Explicar que redactó un contrato ficticio entre dos firmas de su propio grupo «para hacerse de liquidez». Y esto requiere una explicación. Un contrato no «genera» dinero líquido así porque sí. En este caso, a lo que se refiere Ferrari es que «inventar» una transferencia de Varsa a Albany Trade le generaba «liquidez» porque el dinero que Varsa tiene que pagar mensualmente a Lotería por las tragamonedas es un porcentaje que se calcula del neto, una vez deducidos los gastos. Es decir, que transfiriendo fondos por un contrato falso, eludía pagar parte de lo que legalmente debe abonar a la provincia, además de que por esa suma evade impuestos, etc.

Claro que esto tampoco es cierto. En realidad, ese contrato ficticio no encubría una evasión sino la coima destinada a Miguel Irigoyen y a Pablo Verani, que el propio Ferrari se jactó de ayudarlos, cobrándoles los cheques por ventanilla y entregándoles el dinero.

Estos cheques, emitidos por Tecno Acción SA -la empresa de tecnología de Bariloche que es socia de la estatal Altec SE- fueron secuestrados por el juez Jorge Bustamante y por la fiscal Daniela Zágari en el Banco Galicia en Buenos Aires, retirados de esa entidad y actualmente figuran en el expediente judicial que tramita en Viedma.

Investigación:

Italo Pisani y Alicia Miller