El valor de los consensos

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aleardo f. laría aleardolaria@rionegro.com.ar

Consenso es una palabra que en la Argentina permanece inexplicablemente estigmatizada. En un reciente programa televisivo (“Argentina para armar”), en el que participaron cuatro de los más relevantes intelectuales del Club Político Argentino, se debatió sobre el alcance político de la expresión. En una de las intervenciones el término aparecía expuesto como antónimo de “debates”. Sin embargo, como bien se encargó de aclarar la periodista María Laura Santillán, el consenso, en ocasiones, no es lo opuesto sino el simple resultado de un debate. La palabra adquirió fama con motivo del denominado “Consenso de Washington”, una expresión que puso de moda en los años noventa el economista John Williamson. Se refería con este nombre a un listado de diez apartados con las políticas económicas que los organismos de créditos internacional (FMI y BM) consideraban como las más óptimas para impulsar el crecimiento en América Latina. Algunas de las propuestas eran acertadas pero otras, que pusieron demasiado énfasis en la liberalización de algunos mercados regulados, no tuvieron los resultados esperados y dieron lugar a la demonización de esas políticas tildadas desde entonces de “neoliberales”. La izquierda populista latinoamericana se basó en el fracaso o la aplicación desafortunada de algunas de esas políticas de desregulación de mercados para condenar el conjunto del programa. De este modo también cayeron bajo la etiqueta demonizadora políticas sensatas como las que reclamaban disciplina presupuestaria o el reordenamiento de las prioridades del gasto público. Se aconsejaba dirigir el gasto hacia áreas que favorecieran el crecimiento –investigación e infraestructura– o a la ayuda a los más pobres –educación y salud pública– evitando los subsidios indiscriminados. Precisamente por haber olvidado esas recomendaciones, la Argentina asiste actualmente a un proceso de inflación acelerada. Los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta, siguiendo la estela de los escritos de Jacques Rancière –autor de un ensayo titulado “El desacuerdo”– hicieron de la palabra consenso un anatema. La palabra consenso, en sus intervenciones, se oponía a “política” y todo aquel que lo buscaba era una suerte de recalcitrante neoliberal preocupado sólo por la gestión técnica. En realidad, la tesis de Rancière era más matizada. Consideraba que para que las partes discutieran en lugar de combatirse, hacía falta que previamente estuvieran instaladas como partes en una situación de igualdad. De no existir un reconocimiento de la desigualdad social previa, existía el riesgo de que antes de ser la virtud razonable de los que se ponen de acuerdo para discutir las diferencias, sirviera para enmascarar esa situación de desigualdad. No existe sociedad democrática que no demande algunos niveles básicos de ciertos consensos. El primer nivel de consenso gira alrededor de las condiciones contextuales para un debate, aspectos que fueron ampliamente desarrollados por Jürgen Habermas en “La razón comunicativa”. El diálogo sólo es posible si los interlocutores no están expuestos a coacciones internas o externas al diálogo mismo; si están debidamente informados; si no se mienten o si existe un acuerdo básico sobre el significado de los términos que utilizan. De modo que ese consenso es precondición necesaria para cualquier debate democrático. Un segundo nivel de consenso está referido a las reglas de juego, es decir los procedimientos estatuidos para tratar y procesar los desacuerdos en una democracia. Es el conjunto de normas escritas que regulan las formas de tratamiento de los conflictos y que generalmente están incorporados en un cuerpo normativo que llamamos Constitución. Señalaba Hans Kelsen que el principio de compromiso es una regla básica de la democracia y que estos compromisos, duraderos pero siempre renovables, se alcanzan por contraposición entre una tesis y su antítesis hasta alcanzar una síntesis que refleja el máximo común denominador alcanzado por una sociedad en un momento histórico determinado. El tercer nivel de consenso en una democracia madura se alcanza cuando se acuerda entre todos los partidos políticos lo que se denominan “políticas de Estado”, que quedan fuera de la lucha electoral. Son estrategias para alcanzar objetivos de largo plazo que demandan una cierta continuidad en el tiempo. Ejemplos claros son las políticas educativas y energéticas. La existencia de acuerdos entre fuerzas políticas que compiten electoralmente pero al mismo tiempo, y de modo no contradictorio, establecen políticas públicas que quedan fuera de la contienda electoral ha sido la base que ha permitido dar inicio a los procesos de modernización en España, Chile y recientemente en México. En el caso de la Argentina, la falta de una política de Estado en materia energética ha llevado a que un mismo partido político propiciara primero la privatización de YPF y luego, bajo otro liderazgo, favoreciera la participación de los “capitalistas amigos” y ante el fracaso de esa estrategia, dispusiera la confiscación lisa y llana de la empresa que antes había sido privatizada. El resultado de estas políticas pendulares está a la vista: hace años la Argentina exportaba gas y petróleo y en la actualidad las reservas del Banco Central aparecen comprometidas frente a la envergadura de las importaciones de gas y combustibles livianos necesarios para mantener el actual nivel de actividad de la economía. Para todos aquellos que visualizan la política bajo la lente de una singular confrontación bélica entre “amigos y enemigos”, la palabra consenso suena a herejía. No es posible alcanzar acuerdos con enemigos aviesos, del mismo modo que sería inimaginable que Dios pudiera llegar a un acuerdo con el demonio. En cambio, para las personas que profesan hábitos democráticos y aspiran a una sociedad donde la paz social pueda lograrse mediante transacciones constantes y razonables entre intereses que confrontan, la palabra consenso no puede generar alarma alguna. Es el resultado natural en una sociedad pluralista donde se toleran los disensos del mismo modo que se obtienen e incorporan al acervo común ciertos consensos básicos que resultan indispensables. Son como las enormes vigas maestras de los edificios que permanecen ocultas, pero que en este caso sostienen a ese complejo conglomerado humano que llamamos sociedad.