Municipales desplazados replicaron acusaciones
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los dos empleados municipales que fueron desplazados por la intendente María Martini de sus cargos en Inspección General pidieron en enérgicos términos la revocatoria de la resolución, a la que consideraron “ilegal y autocontradictoria”. El director de Inspección General, Jorge Layana, y el jefe de Habilitaciones Comerciales, David Betancourt fueron apartados de sus funciones por la intendente luego de una investigación que analizó al azar un centenar de expedientes, de los cuales en un 30% habría encontrado graves falencias. Según el escrito de defensa presentado ayer, ambos agentes argumentaron que no hay ninguna razón para suspenderlos y desplazarlos de sus cargos porque les resultaría imposible obstaculizar la investigación, “que ya está realizada y con los expedientes a resguardo”. Además, en el caso de Layana su apartamiento no tiene mayor efecto porque está de vacaciones hasta fin de año. Según la resolución de Martini, ambos empleados tendrían responsabilidad en el otorgamiento de habilitaciones comerciales a solicitantes que no presentaron toda la documentación exigida. En su descargo, Layana y Betancourt alegaron que la medida surge de una interpretación errónea de las normas administrativas, ya que es posible autorizar en forma provisoria una habilitación –aún si está pendiente la presentación de planos– cuando el local ya tuvo destino comercial previo. Consideraron la decisión de la intendente como “innecesaria, ilegal e improcedente, en tanto que buscaría producir un “impacto mediático” para legitimar el apartamiento. También la impugnaron por constituir una “sanción anticipada”. Según datos que relevó DeBariloche, los expedientes evaluados no son cien sino sesenta, y sólo diez de ellos corresponderían a habilitaciones presuntamente mal otorgadas.
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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los dos empleados municipales que fueron desplazados por la intendente María Martini de sus cargos en Inspección General pidieron en enérgicos términos la revocatoria de la resolución, a la que consideraron “ilegal y autocontradictoria”. El director de Inspección General, Jorge Layana, y el jefe de Habilitaciones Comerciales, David Betancourt fueron apartados de sus funciones por la intendente luego de una investigación que analizó al azar un centenar de expedientes, de los cuales en un 30% habría encontrado graves falencias. Según el escrito de defensa presentado ayer, ambos agentes argumentaron que no hay ninguna razón para suspenderlos y desplazarlos de sus cargos porque les resultaría imposible obstaculizar la investigación, “que ya está realizada y con los expedientes a resguardo”. Además, en el caso de Layana su apartamiento no tiene mayor efecto porque está de vacaciones hasta fin de año. Según la resolución de Martini, ambos empleados tendrían responsabilidad en el otorgamiento de habilitaciones comerciales a solicitantes que no presentaron toda la documentación exigida. En su descargo, Layana y Betancourt alegaron que la medida surge de una interpretación errónea de las normas administrativas, ya que es posible autorizar en forma provisoria una habilitación –aún si está pendiente la presentación de planos– cuando el local ya tuvo destino comercial previo. Consideraron la decisión de la intendente como “innecesaria, ilegal e improcedente, en tanto que buscaría producir un “impacto mediático” para legitimar el apartamiento. También la impugnaron por constituir una “sanción anticipada”. Según datos que relevó DeBariloche, los expedientes evaluados no son cien sino sesenta, y sólo diez de ellos corresponderían a habilitaciones presuntamente mal otorgadas.
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