El petróleo es de Kicillof

RUBÉN ETCHEVERRY (*)

Luego del revuelo, las idas y vueltas de estos últimos días generados por la pretendida creación del “dólar petrolero”, finalmente entre las operadoras y el sindicato petrolero acordaron con las autoridades nacionales una tablita de precios del crudo al viejo estilo de Duhalde durante la crisis del 2001 o la tablita cambiaria de Martínez de Hoz. El verdadero dólar petrolero debiera tener como mínimo un valor equivalente al de la cotización del denominado dólar turista (dado que el denominado blue es marginal) si se pretende atraer inversiones y volver al autoabastecimiento petrolero perdido en esta última década (¡denominada paradójicamente meses atrás, previamente a la devaluación de nuestra moneda de curso legal y crisis cambiaria, como “década ganada”!). El precio de referencia internacional, crudo Brent, hoy cotiza a más de 110 u$s/bbl (dólares el barril), es decir casi un 50% por encima del valor fijado por la Nación en la tablita para este mes de febrero (72 u$s/bbl). Ésa es la medida del perjuicio para la provincia del Neuquén, derivado de la menor recaudación en concepto de regalías. Ni qué hablar del precio del gas natural, donde la Provincia cobra sus regalías sobre un precio promedio apenas superior a los 3 u$s/MMBTU mientras que por el gas importado de Bolivia se apaga aproximadamente 12 u$s/MMBTU y por el gas natural licuado regasificado en Escobar y/o Bahía Blanca unos 19 u$s/MMBTU, en tanto que el gasoil importado, utilizado como combustible alternativo por la falta de gas, le cuesta al Tesoro Nacional más de 22 u$s/MMBTU. Por más que el gobierno neuquino patalee, llega tarde en su reclamo. Ha perdido la oportunidad de ejercer sus derechos frente al atropello que significó la sanción del inconstitucional decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1277/12 bajo el título de “Soberanía Hidrocarburífera”, mediante el cual en realidad se “renacionalizaron” el gas y el petróleo pertenecientes a las provincias argentinas. Por el contrario, tal decreto fue aceptado tácitamente por el gobierno provincial, entre otros, mediante los decretos ilegítimos Nº 1162/2013 (que adhiere al también inconstitucional decreto PEN Nº 929/2013 de “Promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”) y 1208/2013 (que aprueba el acta acuerdo del 24 de julio de ese año celebrada entre el ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia del Neuquén e YPF SA, que fuera aprobado por la también inconstitucional ley provincial Nº 2876). No lo hizo en su momento, por el contrario lo aceptó y justificó esta norma que les birló a las provincias todas las facultades de manejar sus recursos. Inclusive el gobernador aplaudió a la presidenta de la Nación por esta medida en un acto en la refinería de YPF en Ensenada. Este decreto elimina las potestades otorgadas mediante la llamada “ley corta” (Nº 26197) y las puso en manos de un “triunvirato” (denominado pomposamente como Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) formado actualmente por Cameron, Costas y Kicillof. Solamente, a modo de ejemplo, citamos algunas disposiciones que establecen las amplísimas potestades que se le reconocen ilegítimamente de esa Comisión: art. 3º i), controlar el cumplimiento de la normativa vigente o en su extremo el artículo 31º donde se establece que esta Comisión aplica las sanciones, multas, apercibimiento, inclusive la “nulidad o caducidad de las concesiones o permisos”; art. 32, que atribuye a la Comisión (el art. 28 también efectúa similar remisión) la competencia exclusiva para la aplicación de las disposiciones previstas en la ley Nº 20680 (de Abastecimiento) respecto de las actividades hidrocarburíferas reguladas por el decreto Nº 1277/2012 (el artículo 2 de la citada ley, en los incs. a y b, autoriza la determinación de precios máximos y mínimos, respectivamente). De nada sirven actualmente las declamaciones si no se actuó en forma oportuna, seria, firme, concreta y sistemática hasta lograr la derogación o declaración de inconstitucionalidad de ese ilegítimo decreto Nº 1277/2012. Como aseveraba el tan citado y recordado general Perón: “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”. Es por ello que Capitanich y Kicillof convocaron a los representantes de las operadoras petroleras en lugar de a los gobernadores miembros de la Ofephi. Ha quedado muy claro quién tiene la manija. Los hidrocarburos bajo nuestro subsuelo no los administran las autoridades de Neuquén. Como Moreno se fue y Cameron juega al golf, podríamos afirmar que el petróleo neuquino es de Kicillof. (*) Expresidente de Gas y Petróleo del Neuquén SA