Aquí y allá

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Arnaldo Paganetti arnaldopaganetti@rionegro.com.ar

Marcos Aurelio García, uno de los intelectuales del PT que asesoran a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, puso paños fríos a las calenturientas mentes argentinas enceguecidas en hacer pronósticos sobre la sucesión de Cristina Fernández. Es que a un año y medio de ese desenlace, por un lado la situación procesal del vicepresidente Amado Boudou –quien mañana se sentará en medio del bullicio mediático ante el juez Ariel Lijo, que lo investiga por las irregularidades en la adquisición de la imprenta Ciccone– tiene la potencialidad de provocar un baile de San Vito institucional. Pero, por el otro, con la sapiente recomendación del papa Francisco de poner a resguardo, con orden y paz, la transición política sin por eso hacer la vista gorda frente a los abusos del poder, el gobierno sigue aplicado y cumple los deberes reclamados por países y organismos internacionales mientras maneja la agenda doméstica, siempre dominada por las dificultades del bolsillo y las irritaciones diarias. Así, al acuerdo para pagarle al Club de París, que siguió al arreglo con la española Repsol tras la expropiación de YPF, hoy abocada a convertir Vaca Muerta en la punta de lanza de una plena exportación petrolera, siguió el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la puesta en marcha del nuevo índice de precios al consumidor, que dejó atrás las distorsiones del Indec de Guillermo Moreno y marcó una senda de credibilidad. Con Boudou en el banquillo de los acusados, el empeño oficial por reconciliarse con el mundo apuntará esta semana a lograr que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga en el caso de los fondos buitre. Para calmar las aguas, el alto tribunal norteamericano debería pedir la opinión del gobierno de Barack Obama y dejar flotar el pleito hasta mediados o fines del 2015. Para ello viajará a Washington una delegación parlamentaria integrada no sólo por kirchneristas sino también por dirigentes del Frente Renovador, del PRO de Mauricio Macri (que indudablemente a esta altura ha apostado a no colaborar con ningún tembladeral como los vividos en diciembre y enero), del peronismo disidente y de UNEN, representada a su manera por Martín Lousteau. “Exhibiremos voluntad de normalizar relaciones sin renunciar a nuestra soberanía económica”, se entusiasmó el senador neuquino Marcelo Fuentes, empeñado en la quimérica tarea de sumar hasta último minuto a la comitiva encabezada por el vicepresidente provisional de la cámara alta, Gerardo Zamora (radical K), a uno de los más críticos de la UCR orgánica, el jujeño Gerardo Morales. Fuentes, miembro del Consejo de la Magistratura y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, no adelanta opinión sobre las derivaciones del caso Boudou ante la Justicia. Sin embargo, no se priva de descalificar los “linchamientos a través de la prensa” ni de quejarse por el “trato no igualitario”. Menciona que los diarios que cuestionan al gobierno no reparan en la situación de Macri, por las escuchas ilegales, ni dan relieve a los procedimientos realizados en propiedades del titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, donde se habría comprobado la existencia de mano de obra esclava. Hombre de carácter apasionado, Fuentes confirma que el gobierno se resiste a que el caso Boudou se transforme en la madre de todas las batallas de la oposición. Por el contrario, agita a ultranza las batallas entabladas por la “renta concentrada de la tierra” (a través de la resolución 125) y la recuperación de las AFJP, cuya ingeniería estuvo a cargo de Boudou. Para los legisladores del Frente para la Victoria, que a tono con los designios de la Rosada cerrarán las compuertas para evitar que prospere cualquier pedido de juicio político al vicepresidente, la causa contra Boudou ha sido armada. La estrategia del exministro será seguir negando todas las imputaciones y, sin dejar de torear a Lijo, buscará apartarlo de la causa por haber hecho declarar a miembros de la familia Ciccone como testigos, imputados y querellantes. Lijo, con el respaldo judicial (Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, les demanda a los magistrados que actúen), aceleró todas las indagatorias (las de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou; el supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele; el exjefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner; el aparente intermediario Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, fundador de la empresa traspasada al Estado) y negó que se televise en vivo la audiencia de mañana. Boudou promete tensar la cuerda. Ya deslizó que Lijo tiene intenciones de perjudicarlo en un expediente mal hecho y basado en afirmaciones falsas. Se desprende que en resguardo de su investidura y del modelo cuya continuidad aspira a que se mantenga después del 2016 (aunque se desconoce bajo qué mando presidencial) Cristina lo habilitó a pintarse para una guerra que no tiene visos de aplacarse. Ella, Cristina, gestiona. La semana que pasó dispuso una nueva moratoria para que miles de personas accedan a una jubilación y anunció facilidades para cancelar deudas que no superen los 100 millones de pesos a productoras de contenidos y medios de comunicación.