“Mafia de los abogados ‘carancho’ en Neuquén”

El abogado debe ser desinteresado y probo, llevar hasta muy lejos el respeto de sí mismo y guardar celosamente su independencia hacia los clientes, hacia los poderes públicos y, especialmente, hacia los magistrados. Debe actuar con irreprochable dignidad, no sólo en el ejercicio de su profesión sino también en su vida privada: llamado a apreciar y a veces a juzgar los actos de otros, ejerce un ministerio que no puede desempeñar con autoridad sino a condición de ser, él mismo, respetable. En suma, su conducta profesional o privada no debe jamás infringir las normas del honor y de la delicadeza que caracterizan la del hombre de bien. La probidad que se exige al abogado no importa tan sólo corrección desde el punto de vista pecuniario: requiere además lealtad personal, veracidad y buena fe. Así, por ejemplo, no debe aconsejar ningún acto fraudulento, formular afirmaciones o negaciones inexactas, efectuar en sus escritos citas tendenciosamente incompletas, aproximativas o contrarias a la verdad, retener indebidamente documentos ni demorar la devolución de expedientes. Y mucho menos ofrecer testigos falsos, a veces empleados del estudio. Los “caranchos”, también conocidos como “bolseros”, “cuervos”, “mayoristas”, “aves negras”, “punteros” o “rompehuesos”, estafan a las víctimas y empresas aseguradoras, captando los juicios de manera ilegítima y logrando cobrar grandes sumas de dinero de las que los damnificados no reciben prácticamente nada. Según se ha probado en distintos casos, los letrados que realizan estas maniobras ilegales no trabajan en forma individual sino que integran bandas de las que participan enfermeros, policías y pompas fúnebres, que son quienes la mayoría de las veces proporcionan el “dato” sobre el accidente. De este modo, una vez que se ha “identificado” una víctima de accidente de tránsito, los “caranchos” se acercan para ofrecer sus servicios o los mismos cómplices “tarjetean” o recomiendan al accidentado un abogado para que lo asista. Cuando la persona accede a firmar un poder de representación total (letrado apoderado), los abogados negocian o van a juicio pero, como siempre sucede, una vez que cobran, le dan un exiguo porcentaje a la víctima. Esto que suena como argumento, es algo que sucede en muchos hospitales e instituciones de salud de la provincia y existen variadas y numerosas denuncias sobre las prácticas violentas, extorsivas e ilegales que se aplican para obtener finalmente los casos. Además de ser una práctica moral y éticamente condenable, como lo es aprovecharse de la debilidad y el estado de indefensión de quienes han sufrido un accidente, es ante todo un flagelo que va en aumento. Los métodos de intimidación y boicot abarcan desde empleados de hospitales que se niegan o retrasan la entrega, por ejemplo, de una historia clínica, hasta punteros que persiguen a los letrados o a los clientes ofreciéndose a “comprarles” el caso o amenazándolos para que lo dejen directamente. Los clientes son contactados generalmente en los cementerios, en las pompas fúnebres, en las comisarías, habiendo todo un circuito instalado donde trabajan los “punteros” de los estudios jurídicos . El Colegio de Abogados sabe quiénes son los profesionales que se dedican a esta práctica extorsiva, por lo que debería instalar denuncias penales para culminar con esta práctica, aplicando las sanciones disciplinarias pertinentes. Fernando Frexas, DNI 7.764.559 Neuquén

Fernando Frexas, DNI 7.764.559 – Neuquén