“Reconocimiento al abogado Humberto A. Maxwel”

En marzo de 1995 inicié un juicio ordinario contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Río Negro, denunciando que había padecido un daño económico y también moral por la falta de recepción en tiempo y forma de mis haberes como retirada docente. Como afiliada a la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) inicié la causa con el patrocinio del abogado de la entidad, Humberto A. Maxwel. Gobernaba la provincia el radical Horacio Massaccesi. Los empleados públicos y los pasivos por primera vez en la historia institucional de Río Negro sufrieron un inconcebible retraso en el pago de sus haberes. Pasaron varios meses sin poder percibir sus remuneraciones. Es preciso recordar que los empleados públicos realizaron una violenta movilización de protesta con destrozos e incendios en instalaciones provinciales y automotores policiales. Al no recibir mis haberes en forma regular, el Banco de la Provincia de Río Negro me intimó a abonar las sumas que correspondían para el pago de la tarjeta de crédito que en forma normal se cancelaban mediante el sistema de débito automático. El 14 de febrero de 1995 se depositó el mes de diciembre de 1994 y ese mismo día me informaron en el Banco de Río Negro que la deuda por mora registrada había sido girada a la asesoría legal para su posterior juicio. En su escrito de demanda el doctor Maxwel reclamó como perjuicio material la suma de $ 1.492,05, más los intereses punitorios calculados en 4.000 pesos. En cuanto al daño moral lo estimó en 10.000 pesos. En la primera audiencia que participé junto a mi letrado, le manifesté el juez interviniente en la causa, Fermín Donate, que recurría al Poder Judicial por considerar que mi reclamo es “justo y porque estoy sedienta de justicia. Mi falta de pago al Banco no es mi culpa. Es el gobierno que no paga mi sueldo en tiempo y forma”. El juez me respondió con calma y firmeza: “Si busca justicia, vino al lugar indicado”. Recién el 13 de marzo de 1997, o sea dos años después, se conoció la sentencia del juez Donate. En la parte resolutiva se señala: 1º) hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y condenar a la Caja de Previsión Social a abonar a la actora la suma de 134 pesos en perjuicio de perjuicio material, más los intereses que correspondan; 2º) imponer las costas por su orden atento al resultado del pleito; 3º) regular los honorarios de los profesionales intervinientes: para el doctor Maxwel $ 2.304 y para la doctora Sandra C. Bombardieri $ 3.226. En lo referente al daño moral, el juez Donate “rechazó” el pago de la indemnización pretendida entendiendo que “la sola circunstancia de tener que demandar o haber sido demandado no implica de por sí la existencia del daño moral, por haberse perturbado supuestamente la tranquilidad económica y familiar del actor”. Desesperada fui a ver al doctor Maxwel, recordándole que por un justo reclamo de 1.492 pesos me reconocen solamente 134 pesos y tengo que abonar a los abogados intervinientes 5.530 pesos. Una locura total. El abogado de la Unter me calmó y me dijo que compartía mi dolor y desesperanza ante el fallo judicial. Pero en un gesto humano y de extrema solidaridad me dijo: “Sé que usted es una trabajadora docente. Visité el barrio de ‘los maestros’ donde usted reside. Ubicado en la periferia de la ciudad y en medio de un lodazal. Sé que usted no puede afrontar lo dictaminado por el juez. Como abogado del gremio a mí no me debe nada. En cuanto a los honorarios de la doctora Sandra C. Bombardieri, los cancelaré con unos bonos de mi peculio personal. En el Día del Abogado quiero recordar este triste episodio que cumplió 17 años. El juicio desnuda el triste accionar del Poder Judicial de Río Negro y del juez Donate. Pero al mismo tiempo enaltece la figura humana y el gesto de solidaridad de un abogado de larga trayectoria en Viedma, el doctor Humberto A. Maxwel. Mi eterno agradecimiento. Alejandra Carlota Cianis, DNI 10.381.116 Viedma

Alejandra Carlota Cianis, DNI 10.381.116 Viedma


En marzo de 1995 inicié un juicio ordinario contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Río Negro, denunciando que había padecido un daño económico y también moral por la falta de recepción en tiempo y forma de mis haberes como retirada docente. Como afiliada a la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) inicié la causa con el patrocinio del abogado de la entidad, Humberto A. Maxwel. Gobernaba la provincia el radical Horacio Massaccesi. Los empleados públicos y los pasivos por primera vez en la historia institucional de Río Negro sufrieron un inconcebible retraso en el pago de sus haberes. Pasaron varios meses sin poder percibir sus remuneraciones. Es preciso recordar que los empleados públicos realizaron una violenta movilización de protesta con destrozos e incendios en instalaciones provinciales y automotores policiales. Al no recibir mis haberes en forma regular, el Banco de la Provincia de Río Negro me intimó a abonar las sumas que correspondían para el pago de la tarjeta de crédito que en forma normal se cancelaban mediante el sistema de débito automático. El 14 de febrero de 1995 se depositó el mes de diciembre de 1994 y ese mismo día me informaron en el Banco de Río Negro que la deuda por mora registrada había sido girada a la asesoría legal para su posterior juicio. En su escrito de demanda el doctor Maxwel reclamó como perjuicio material la suma de $ 1.492,05, más los intereses punitorios calculados en 4.000 pesos. En cuanto al daño moral lo estimó en 10.000 pesos. En la primera audiencia que participé junto a mi letrado, le manifesté el juez interviniente en la causa, Fermín Donate, que recurría al Poder Judicial por considerar que mi reclamo es “justo y porque estoy sedienta de justicia. Mi falta de pago al Banco no es mi culpa. Es el gobierno que no paga mi sueldo en tiempo y forma”. El juez me respondió con calma y firmeza: “Si busca justicia, vino al lugar indicado”. Recién el 13 de marzo de 1997, o sea dos años después, se conoció la sentencia del juez Donate. En la parte resolutiva se señala: 1º) hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y condenar a la Caja de Previsión Social a abonar a la actora la suma de 134 pesos en perjuicio de perjuicio material, más los intereses que correspondan; 2º) imponer las costas por su orden atento al resultado del pleito; 3º) regular los honorarios de los profesionales intervinientes: para el doctor Maxwel $ 2.304 y para la doctora Sandra C. Bombardieri $ 3.226. En lo referente al daño moral, el juez Donate “rechazó” el pago de la indemnización pretendida entendiendo que “la sola circunstancia de tener que demandar o haber sido demandado no implica de por sí la existencia del daño moral, por haberse perturbado supuestamente la tranquilidad económica y familiar del actor”. Desesperada fui a ver al doctor Maxwel, recordándole que por un justo reclamo de 1.492 pesos me reconocen solamente 134 pesos y tengo que abonar a los abogados intervinientes 5.530 pesos. Una locura total. El abogado de la Unter me calmó y me dijo que compartía mi dolor y desesperanza ante el fallo judicial. Pero en un gesto humano y de extrema solidaridad me dijo: “Sé que usted es una trabajadora docente. Visité el barrio de ‘los maestros’ donde usted reside. Ubicado en la periferia de la ciudad y en medio de un lodazal. Sé que usted no puede afrontar lo dictaminado por el juez. Como abogado del gremio a mí no me debe nada. En cuanto a los honorarios de la doctora Sandra C. Bombardieri, los cancelaré con unos bonos de mi peculio personal. En el Día del Abogado quiero recordar este triste episodio que cumplió 17 años. El juicio desnuda el triste accionar del Poder Judicial de Río Negro y del juez Donate. Pero al mismo tiempo enaltece la figura humana y el gesto de solidaridad de un abogado de larga trayectoria en Viedma, el doctor Humberto A. Maxwel. Mi eterno agradecimiento. Alejandra Carlota Cianis, DNI 10.381.116 Viedma

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