Poderes más concentrados

Puesto que, por razones evidentes, nadie sabe muy bien lo que hacen los empleados de la SI, o ex-SIDE como casi todos la llaman, puede entenderse que a los estrategas gubernamentales les haya parecido más convincente atribuir la muerte del fiscal Alberto Nisman a una lucha entre facciones rivales de lo que sería continuar tratando de vincularla con los medios periodísticos “golpistas” o las “mafias” judiciales que tanto preocupan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según ellos, se trata de una consecuencia no deseada de la decisión de la presidenta de decapitar la SI, echando a dos jefes, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, que fueron nombrados por su marido Néstor Kirchner, para poner en su lugar al hasta entonces secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, un funcionario que carece de las dotes necesarias para lidiar contra espías experimentados. Aunque oficialistas como el gobernador entrerriano Sergio Urribarri siguen insistiendo en ubicar tanto la denuncia de “encubrimiento” a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994 que fue formulada por el fiscal como su sorpresiva muerte en el contexto de una conspiración opositora urdida a fin de derrocar al gobierno, Cristina parece haber llegado a la conclusión de que le convendría hacer pensar que todo se debió a la malignidad de ciertos espías, comenzando con el recién despedido Antonio “Jaime” Stiusso, razón por la que acaba de ordenar la disolución de la ex-SIDE y la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia. Como pudo preverse, la iniciativa ha motivado alarma entre los líderes de distintas agrupaciones opositoras que, si bien no confían en la neutralidad política de los servicios existentes, temen que Cristina aproveche la oportunidad que se ha creado para construir una SIDE propia, llenándola de militantes de La Cámpora y otros personajes dispuestos a obedecerle sin chistar. Por cierto, la voluntad de Cristina de que en adelante la procuradora general Alejandra Gils Carbó se encargue de las escuchas telefónicas no ha servido para tranquilizar a nadie, por ser cuestión de una militante más. Antes bien, parece una señal de que el gobierno se ha propuesto movilizar todos los muchos recursos políticos que aún posee para defenderse contra sus adversarios, de ahí las advertencias de que estamos en vísperas de una “guerra de carpetazos” en que los kirchneristas se esforzarían por ensuciar a sus adversarios acusándolos de enriquecerse ilícitamente y así por el estilo con la esperanza de amortiguar de tal modo las denuncias de corrupción en el gobierno procedentes de los medios y de dirigentes opositores. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en países más poderosos, nuestros servicios de inteligencia nunca se han destacado por su capacidad para conseguir información útil acerca de las actividades de eventuales enemigos externos, ya que siempre han estado plenamente ocupados hurgando en la vida privada de opositores al gobierno de turno en busca ya de escándalos que podrían resultarles provechosos, ya de indicios de que alberguen ideas supuestamente subversivas. Un gobierno que en buena lógica debería estar preparándose para irse, ya que aun cuando en las elecciones previstas para octubre triunfara el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el único precandidato oficialista que mide en las encuestas, habría más cambio que continuidad, no puede estar en condiciones de llevar a cabo una reforma integral de los servicios de inteligencia, una tarea que, de todos modos, tendría que compartir con los partidos opositores más importantes. Lo más probable, pues, es que los kirchneristas procuren depurar la ex-SIDE de agentes que no comparten sus propias preferencias ideológicas, repitiendo lo que ya han hecho en la Cancillería y el Ministerio de Economía. De ser así, la proyectada Agencia Federal de Inteligencia resultaría ser aún peor que la ex-SIDE o los organismos manejados por aquel especialista en espionaje, el jefe del Ejército César Milani, ya que estaría más politizada y por lo tanto más propensa a dedicarse a la persecución de opositores, como han previsto la diputada Margarita Stolbizer y otros dirigentes que entienden que lo último que quieren Cristina y sus allegados es que el país cuente con un servicio estatal de inteligencia realmente neutral.

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